¿Por qué Mañueco aspira a una legislatura de cuatro años y Ayuso solo tuvo dos?

Alfonso Fernández Mañueco ha apretado el botón nuclear del adelanto electoral, fijando la cita para el próximo 13 de febrero, con la vista en una nueva legislatura que empezará a mediados de marzo y que durará cuatro años, un horizonte temporal que no tuvo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid el pasado 4-M ya que los madrileños volverán a las urnas en mayo de 2023.

La diferencia estriba en que Castilla y León modificó su Estatuto de autonomía en 2007 y colocó a esta región al mismo nivel que las llamadas comunidades históricas, donde los presidentes de turno pueden elegir en qué momento convocar elecciones. El artículo 21.5 dice que las Cortes castellano-leonesas se elegirán por cuatro años y no se prevé ninguna excepción.

Mientras, el Estatuto madrileño dice lo siguiente: «El presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de la Asamblea con anticipo al término natural de la legislatura. La disolución se formalizará por Decreto, en el que convocarán a su vez elecciones, conteniéndose en el mismo, los requisitos que exija la legislación electoral aplicable». 

Y es en el artículo 21.3 donde se precisa que la nueva Asamblea madrileña que resulte de una convocatoria electoral «tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura originaria». Es decir, Ayuso sabía el 4-M que tendría una legislatura corta, de apenas dos años, ya que concluirá en mayo de 2023.

En el caso de Castilla y León hay una controversia legal que este lunes fue objeto de debate en las redes ya que es la primera vez en el período democrático que esta región se sale de la legislatura ordinaria para ‘ir por libre’. La ley que regula la facultad de disolver, que es previa al Estatuto de 2007, sigue vigente, si bien diversos juristas estiman que la eliminación de toda excepción en el Estatuto castellano-leonés hace casi 15 años buscó precisamente que esta región tuviese ciclo electoral propio. Por lo tanto, la ley de 1996, en la que se remitía al anterior Estatuto, debe entenderse tácitamente derogada por los cambios introducidos en 2007.

En el calendario de Mañueco había dos fechas en rojo. En primer lugar, la votación de las cuentas regionales de este jueves. Un escenario que podía acabar en derrota para un Gobierno, el de PP y Cs, que desde hace nueve meses estaba en minoría parlamentaria por la fuga de una procuradora naranja al grupo de los no adscritos. La segunda fecha era el 10 de marzo, cuando se cumplía un año de la fracasada moción de censura del PSOE, por lo que los socialistas de Luis Tudanca podían desde ese día volver a intentar hacerse con el Ejecutivo castellano-leonés. En este caso, solo hasta el final de la legislatura en 2023.

En Génova se veía con muy buenos ojos el adelanto electoral porque confían en que las encuestas se cumplan y el PP de CyL logre mayoría absoluta ante el previsible descalabro de Ciudadanos y un Vox que sube en los sondeos pero que no tiene un candidato para enfrentarse a Mañueco. Además, tanto Pablo Casado como su lugarteniente, Teodoro García-Egea, prefieren ahora que las andaluzas sean en junio u octubre del próximo año, tal y como pronosticó Juan Manuel Moreno Bonilla, ya que creen que los resultados de Andalucía podrían ser otro golpe duro para el devenir político de Pedro Sánchez.

Con todo, la operación electoral de Mañueco no está exenta de riesgos ya que nunca ha habido un adelanto electoral en la historia de esta comunidad autónoma y al separarse de las municipales, el tirón de los alcaldes no será el mismo y puede haber un bajón en la participación. Además, la España Vaciada concurrirá por primera vez a unos comicios -CyL es un teórico granero de votos- y podría restar escaños al bipartidismo. Este mismo lunes se presentó en sociedad Soria ¡YA! con el anuncio de concurrir tanto a las autonómicas como a las futuras elecciones generales.