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La ganadería extensiva pide al Gobierno una ley que prohíba las macrogranjas

Un millar de organizaciones solicitan por carta una evaluación estratégica del sector y un etiquetado que identifique el origen de los productos

La ganadería extensiva pide al Gobierno una ley que prohíba las macrogranjas

Vacas en la granja de Las Nieves, en Logroño.|Alberto Ruiz (Europa Press)

La ganadería sigue en pie de guerra contra las macrogranjas. Casi un millar de organizaciones se han adherido a la carta que la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial enviará al Gobierno para solicitar que prohíba la creación de nuevas explotaciones intensivas y paralice los expedientes iniciados. La idea es que el Ejecutivo apruebe una ley que ponga cerco a este tipo de instalaciones, que ahora dependen de las comunidades. También pide una evaluación estratégica del sector y un etiquetado que permita identificar el origen de los productos.

España roza el millón de explotaciones ganaderas, pero es imposible conocer cuántas de ellas son macrogranjas. Ni siquiera existe una definición técnica ni legal al respecto. Tampoco es posible saber qué porcentaje de la ganadería responde al modelo intensivo, aquella que cría animales con alta densidad buscando la mayor rentabilidad posible. «El truco que tienen es desmembrar las explotaciones porque a partir del kilómetro de distancia ya se puede instalar otra granja», lamenta Inmaculada Lozano, portavoz de Stop Ganadería Industrial.

«Un modelo parásito»

La organización, formada por más de 50 plataformas, plantea al Ejecutivo que establezca «de inmediato» una moratoria a la ganadería industrial de al menos cinco años. También demanda que no se otorguen licencias para construir nuevas explotaciones ni para ampliar las ya existentes, algo que ahora está en manos de las regiones. «No solo hacemos hincapié en la amplitud, sino en el modelo de producción. Un modelo parásito que no se sustenta por sí mismo», insiste Lozano. 

Por el momento, el Gobierno solo limita el número de animales en las granjas de porcino, hasta un máximo de 750 madres reproductoras y 5.500 animales de cebo (6.250 cabezas, aunque las comunidades tienen potestad para aumentar el límite otro 20%, hasta los 7.200 animales). El Ministerio de Agricultura va a regular también el tamaño de las granjas de vacuno. El texto, en fase de consulta pública, limita la capacidad de la explotación a 850 cabezas.

Explotación ganadera de vacas en Menasalbas, Toledo. | Foto: Isabel Infantes (Europa Press)

Una línea similar a la que han puesto en marcha varias regiones, entre ellas Navarra, Aragón y Cataluña, la región con más instalaciones intensivas. «La moratoria en Castilla-La Mancha es una tomadura de pelo. Solo vale para ganado porcino y se aplica a nuevos proyectos. Además, si consideran que el proyecto apuesta por tecnología innovadora, pueden aprobarlo», relata Lozano. Por eso es tan importante para ellos que se apruebe una ley para todo el territorio nacional.

«En los últimos años somos testigos del avance desmesurado y descontrolado de la ganadería industrial, que está contribuyendo a serios impactos ambientales, económicos, demográficos y de salud pública en la España rural. Estamos a tiempo de evitar consecuencias aún más dramáticas e irreversibles, pero para ello hacen falta urgentemente acciones valientes y contundentes», destaca la carta, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Stop Ganadería Industrial considera que las grandes explotaciones contaminan el aire, infestan el agua, contribuyen a la despoblación y repercuten en el bienestar animal. Una posición que ya defendió el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la entrevista que inició la polémica en el sector. La misiva insiste en que que la ganadería industrial es el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero, superando el límite legal de emisiones de amoniaco. 

Expediente de la Comisión Europea

La organización sostiene que el modelo intensivo es responsable de la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas, «que en solo cuatro años ha aumentado un 51,5%». El texto recuerda que la Comisión Europea abrió en 2018 un expediente a España por excesivo niveles de nitratos y que nuestro país debe sentarse ante el Tribunal de Justicia de la UE por la deficiente aplicación de la Directiva de nitratos. 

«Se están contaminando los acuíferos y cada vez son más los pueblos que se quedan sin agua potable», advierte Lozano. Además, explica que la ganadería industria, por su alta mecanización, no fija población en el medio rural. En su opinión, no es lo único que contribuye a la despoblación, que genera «graves efectos donde se instalan estas instalaciones, como malos olores y aumentos de insectos».

La carta ha sido redactada por la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial. La intención era cerrar el periodo de adhesiones este lunes, pero algunas entidades han pedido más tiempo, por lo que el plazo se pospone hasta el miércoles a mediodía. Un día después la enviarán al Ejecutivo. Por el momento se han sumado más de 5.000 personas y 800 organizaciones relacionadas con la ganadería y la ordenación del territorio.

Terneros en la explotación de Menasalbas. | Foto: Isabel Infantes (Europa Press)

La organización también solicita en la misiva la reducción gradual de la cabaña ganadera en producción intensiva hasta rebajar en 2030 la mitad de los que supone en la actual y «la caracterización técnica y la diferenciación a nivel normativo y comercial de la ganadería extensiva». Su propósito es que haya un etiquetado homogéneo que permita a los consumidores identificar la procedencia de la carne

«Dicen que gracias a la ganadería intensiva la gente puede comer carne barata, lo cual no es cierto. El consumo no ha aumentado en los últimos años, pero sí se ha multiplicado la producción. El 53% de la carne se exporta», especifica Lozano. Y concluye: «No queremos convertirnos en el estercolero del mundo».

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