El Gobierno enviará inspectores para cumplir la sentencia del castellano sin entrar en las aulas

El Gobierno actuará desde la Alta Inspección de Educación para que se cumpla la sentencia que obliga a la Generalitat a establecer un 25% de clases en castellano en Cataluña. Así lo ha anunciado este martes en la rueda posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

«Las sentencias están para cumplirlas, los pronunciamientos de los tribunales han de acatarse y lo que haremos desde el Gobierno será actuar con la Alta Inspección para que dentro de nuestras competencias se cumpla con esta jurisprudencia y con la indicación de los tribunales», ha señalado.

Según fuentes del Ministerio de Educación y FP consultadas por Europa Press, la Alta Inspección actuará una vez pasados los 15 días que tiene de margen la Generalitat para aplicar la sentencia y lo hará dentro de sus competencias y de acuerdo con la jurisprudencia de los tribunales, para cumplir la solicitud de verificación del cumplimiento de la sentencia dictada por el TSJC.

En todo caso, las mismas fuentes también han precisado que los inspectores no entrarán en los centros educativos catalanes -más de 5.400- para vigilar que se cumpla la sentencia, sino que el procedimiento será otro. Ese procedimiento se comunicará primero al TSJC que es el que ha solicitado la Alta Inspección.

Este mismo lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó a la Conselleria de Educación catalana la ejecución en un máximo de 15 días de la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano. Desde la Generalitat se ha estado asegurando en los últimos meses que no acatarían la sentencia, y este lunes, el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, anunció que el Ejecutivo catalán presentará recurso de reposición a la interlocutoria del TSJC.

En cualquier caso, Rodríguez ha destacado que el Gobierno considera las lenguas cooficiales una «riqueza cultural» de España y no una «fuente de enfrentamiento» ni un «arma arrojadiza entre unos y otros».

Además, ha recordado que este planteamiento es el que se recoge en la nueva Ley educativa (LOMLOE), al establecer que aquellos alumnos que cursan sus estudios en comunidades con lenguas cooficiales tienen que acabar esa formación con competencias en ambas lenguas. «En eso es en lo que debemos trabajar todas las administraciones«, ha instado.

Mensaje de tranquilidad a padres y alumnos

Por último, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para trabajar en la difusión de un «mensaje de tranquilidad» a padres y alumnos de que el curso ha de concluir con «absoluta normalidad». «Celebrando que somos un país rico en nuestras lenguas, y que eso tiene que ser motivo de celebración y no de confrontación», ha concluido.