Los técnicos sanitarios denuncian que llevan 15 años cotizando en una categoría inferior

Los técnicos superiores sanitarios llevan 15 años denunciando una «injusticia» y «tomadura de pelo» tanto del Gobierno central como de los gobiernos autonómicos al aplicarles en la administración pública una categoría profesional inferior a la que les pertenece.

De esta forma, de acuerdo a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en su artículo 76, los técnicos superiores sanitarios en posesión del título de Técnico Superior debería estar incluidos en la clasificación profesional B, sin embargo, cotizan en el grupo C1, cuya titulación exigida es únicamente la de Bachillerato. «Esta injusta clasificación lleva consigo que tanto el sueldo como las pensiones, las bajas y el desempleo se produzcan a la baja, con una diferencia salarial mensual que superaría en muchos casos los 200 euros», denuncia a THE OBJECTIVE Sandra Escolar, técnico superior sanitario del Sacyl (Sanidad de Castilla y León) desde hace 24 años, que lamenta ser tratados como «sanitarios de segunda o tercera».

40.000 técnicos superiores sin la categoría correcta

Para entender la situación hay que remontarse a 2007, cuando se creó el grupo B por el EBEP incluyendo en él a todos los técnicos en posesión de un título superior. Con el objetivo de facilitar el tránsito al régimen jurídico previsto por la nueva regulación, se creó por entonces una disposición transitoria «limitada, de duración finita y temporal» que, según apunta a THE OBJECTIVE Juan Carlos Rodríguez, presidente de  la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio, «ya está superada» con la culminación del Plan Bolonia en el año 2010. Sin embargo, el problema sigue enquistado desde entonces privando a unos 40.000 técnicos superiores de toda España de disfrutar de un derecho que le corresponde por normativa.

Por su parte, desde el Gobierno, en una pregunta parlamentaria, argumentaron que si bien «no es necesario modificar» el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público para permitir el desarrollo del grupo B, dado que el Real Decreto Legislativo 5/2015 «permite a las Comunidades Autónomas o al Estado desplegar los efectos de ese nuevo grupo B», si es necesario el desarrollo de Leyes de Función Pública Autonómicas.

En este sentido, desde el Sindicato Nacional de Tecnos, Joaquín Cano, secretario general, alega que dado que hay una Ley Básica de rango nacional, como reconoce el Tribunal Supremo, no es necesario el desarrollo de Leyes de Función Pública Autonómicas, «por aplicación del principio de rango jerárquico de norma». Así, ante esta caótica situación en la que ni autonomías ni Gobierno central asumen competencias, la única vía factible para que se les aplique un derecho reglado es la jurídica.

La vía jurídica, la única salida

«No nos queda más remedio que ir a los tribunales», sentencia Cano, que apunta que el pasado mes de abril, desde la Federación Andaluza de Técnicos Sanitarios interpusieron una demanda colectiva ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Se trata del trámite final de una demanda interpuesta en 2019 ante este alto Tribunal que queda así vista para sentencia.

De esta forma, el secretario genaral de Tecnos señala a THE OBJECTIVE que la reclamación de la reclasificiación en el Grupo B de los Técnicos Superiores tiene varias sentencias favorables y ya hay jurisprudencia en consonancia con la demanda interpuesta por TECNOS en 2019, del propio TSJA (sentencia 11541/2017) y del Tribunal Supremo (sentencia 1332/2021), en las que se señala, insiste, «que no es necesaria una Ley de Función Pública de carácter autonómico puesto que ya existe una ley de mayor rango que reconoce esa reclasificación», como es el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) publicado por Real Decreto de Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Formación universitaria

Por otro lado, los representantes de los técnicos superiores piden que se unifiquen las cuatro titulaciones actuales de formación profesional de grado superior (Laboratorio Clínico y Biomédico, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y Radioterapia y Dosimetría) en dos titulaciones académicas de grado universitario de 240 ECTS cada una (Imagen Médica-Radioterapia y Laboratorio Biomédico).

Esto es así en el resto de la Unión Europea, cuenta a THE OBJECTIVE Juan Carlos Rodríguez, presidente de  la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio, que denuncia que un técnico superior en España no puede hacer movilidad transnacional por esta causa «provocando una devaluación profesional con respecto a los homólogos europeos e impidiendo el reconocimiento automático de sus cualificaciones».

Además, Rodríguez destaca la forma «alegal» en la que se encuentran trabajando mucho técnicos superiores que realizan funciones en investigación, cuando «la investigación solo está determinada para titulados universitarios». «Sin embargo en todos los institutos del cáncer, en biomedicina o en las mismas facultades de medicina hay un montón de tecnos trabajando en investigación», asegura, y denuncia la «falta» o incluso «ausencia» de prácticas en muchos institutos de tecnos. «La FP está muy bien para determinada áreas, pero para nuestra rama no vale. Hay institutos privados que matriculan a 600 alumnos, no hay prácticas para todos y les están dando la titulación sin que lleguen a realizarlas», asegura.

«El 70% de los diagnósticos se basan en pruebas analíticas o radiológicas. Si no hay buenos profesionales preparados para que esto se haga estamos haciendo que la sanidad española no sea tan buena. Tendremos los equipos de tecnología más punteros, pero necesitamos profesionales bien preparados. Y eso es una buena formación», concluye el presidente de Aetel, que asegura que «si el problema» no se soluciona, «en breve plazo» convocarán una huelga a nivel nacional.