La Justicia vasca frena el acuerdo del Gobierno y PNV para la venta del cuartel de Loyola
Ordena al Ayuntamiento de San Sebastián a incluir estos inmuebles en el catálogo municipal de edificios protegidos
Salto paracaidista en el acuartelamiento de Loyola. | Ejército de Tierra.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado parcialmente la razón a Vox y ha ordenado al Ayuntamiento de San Sebastián a proteger los Cuarteles de Loyola, frenando así el plan del Consistorio para hacerse con los terrenos, demoler los edificios militares y construir viviendas.
La Justicia vasca da así un duro golpe al acuerdo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó con el PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que incluía la venta del cuartel de Loyola al Ayuntamiento de San Sebastián.
Una sentencia del TSJPV otorga protección al conjunto de edificio de los Cuarteles de Loyola y obliga al Ayuntamiento de San Sebastián a incluir estos inmuebles en el catálogo municipal de edificios protegidos de la capital donostiarra. El Ayuntamiento, que después de años de negociaciones estaba a punto de cerrar la adquisición de las 20 hectáreas en las que se asienta el cuartel militar, proyectaba llevar a cabo un desarrollo urbano de entre 1.600 y 2.000 viviendas.
El TSJPV, con fecha de 6 de julio, estima parcialmente un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Vox en junio de 2021 contra el acuerdo del 25 de marzo de 2021 del Ayuntamiento de San Sebastián por el que se aprobó definitivamente la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Construido en San Sebastián (PEPPUC), que dejaba a los edificios militares fuera de este plan especial de protección urbanística, según recoge Europa Press.
De esta forma, el auto del TSJPV, contra el que cabe la interposición de recurso, reconoce que los edificios militares deben ser recogidos como patrimonio de la ciudad.
Entre otros aspectos, el fallo del TSJPV se basa en que el Gobierno Vasco incluyó a los Cuarteles de Loyola en el Inventario Provisional de Patrimonio Histórico Arquitectónico y en que están propuestos para ser declarados ‘Monumentos de Euskadi’, o, según la terminología «más precisa» adoptada en la Ley 6/2019, «Bien Cultural de Protección Especial».
Asimismo, toma en consideración que la Diputación de Gipuzkoa «defiende el valor cultura de los cuarteles de Loyola y apuesta firmemente por su cosnervación, como puede verse en el ‘Documento Técnico de Análisis del PEPPUC» elaborado por dos arquitectos y un historiador.
En su argumentación, el tribunal añade que otro aspecto que lleva a considerar que debe existir protección es el estudio comparativo entre cuarteles, en el que se concluye que «los que quedan en pie tienen protección y están catalogados a excepción del de Astorga (León), que sigue destinado a acuartelamiento». Aunque admite que éste «no es de por sí una dato concluyente pues resulta evidente que no son cuarteles idénticos», mantiene que es «una comparativa ilustrativa» que sirve para «reforzar la conclusión probatoria que se sostiene».
En su fallo, el TSJPV llega a la conclusión de que los cuarteles «cumplen los criterios sentados en el PEPPUC para ser protegidos» y señala que la protección de los Cuarteles de Loyola se llevará a cabo «en la forma expuesta en el documento técnico de análisis del PEPPUC de la Diputación, con los elementos incluidos y excluidos en el mismo». En en ese sentido, establece otorgar una protección de grado IV y no la protección máxima que pedía Vox.
El Ayuntamiento recurrirá ante el Supremo la sentencia
El Ayuntamiento de San Sebastián recurrirá de casación ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del TSJPV. En rueda de prensa, de urgencia, el alcalde donostiarra, Eneko Goia, acompañado de la edil delegada de Urbanismo Sostenible, Nekane Arzallus, ha señalado que el fallo del TSJPV está siendo ya analizado por los servicios jurídicos municipales.
Además, ha trasladado un mensaje de «firmeza» en el objetivo de conseguir que los terrenos de los Cuarteles de Loyuola sean «de la ciudad». «Vamos a trabajar hasta el final» en ello, ha afirmado, para incidir que «el uso principal de esa parcela merece no ser el de un cuartel como algunos pretenden», en alusión a Vox, que ha recordado «no tiene representación» en Ayuntamiento.
«Defenderemos con uñas y dientes los intereses de esta ciudad», ha aseverado. Goia ha indicado que tras conocer la sentencia habló con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha señalado comparte el objetivo de «seguir luchando con todas las fuerzas» para que la operación prevista en los terrenos de los citados cuarteles, donde se planteaba la construcción de 1.700 viviendas llegue a buen puerto.
En este sentido, ha señalado que el fallo del TSJPV supone «un palo en la rueda pero es nuestro objetivo superarlo» y ambas instituciones harán «una lectura conjunta» próximamente, tras un «año y medio de trabajo intenso» en torno al citado proyecto urbanístico, del que estaban «muy cerca», tras el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno central y el PNV.
