El CGPJ pide a Justicia reconsiderar su 'no' a la financiación para renovar 62 juzgados

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reclamado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que «reconsidere su decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo para sesenta y dos órganos judiciales de toda España» y ha avisado de que esa decisión «obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales».

La Comisión Permanente, que se ha reunido este miércoles con carácter extraordinario, ha expresado «su preocupación» por «la situación generada como consecuencia de la resolución» del Ministerio de Justicia que denegó «la autorización económica de múltiples medidas de apoyo y refuerzo» solicitada, según ha señalado este miércoles en un comunicado.

El CGPJ asegura que la resolución fue dictada y notificada a este «la víspera de la fecha en que estas medidas debían ser aprobadas o prorrogadas, el 30 de junio».

Y añade que «esta circunstancia» les «ha impedido proponer la reconsideración de estas medidas o alternativas, dentro del margen de sus competencias», para «paliar los perjuicios que provocará esta decisión».

El órgano de gobierno de los jueces explica que esta negativa «obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que se consideran necesarias e imprescindibles para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores».

Las asociaciones judiciales se suman a la petición

Varias asociaciones judiciales de España se han sumado a la petición del CGPJ para que el Ministerio de Justicia «mantenga las medidas de refuerzo» para «garantizar la más eficaz protección de los derechos de los ciudadanos».

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Victoria y Foro Judicial Independiente han manifestado en un comunicado conjunto que «ninguna razón puede haber hoy para la supresión de estas medidas que las puramente económicas».

Estas asociaciones han explicado que «el Ministerio de Justicia ha resuelto no renovar a partir del 30 de junio de 2026 las comisiones de servicio que se habían adoptado en los últimos años como medidas de refuerzo en determinados órganos judiciales, en especial aquellos a los que se había atribuido la competencia sobre condiciones generales en contratos con garantías inmobiliarias suscritos por personas físicas».

Las asociaciones han incidido en que «la decisión se ha adoptado sin aviso previo, después de que en muchos partidos esas comisiones se hubiesen renovado periódicamente durante años, y precisamente en un momento en que ese tipo de órganos sufren un nivel de pendencia sencillamente insoportable, de los más altos desde que se implantó la especialización».

«Implantación de los tribunales de instancia»

Además, han asegurado que esta negativa «da lugar a la imagen contrapuesta a la visión idealizada que desde el Gobierno se ha querido dar de la implantación de los tribunales de instancia» y han advertido de «consecuencias nefastas desde todos los puntos de vista».

Así, han resaltado que «los principales perjudicados de esta decisión serán todos los ciudadanos y ciudadanas que hayan impetrado una tutela judicial de carácter civil», como por ejemplo el ciudadano que «ha instado un procedimiento judicial por la existencia de cláusulas abusivas en su hipoteca», o «una persona que haya solicitado otro tipo de tutela». «El tiempo de respuesta se verá afectado muy considerablemente», han denunciado.

Para estas asociaciones, la falta de refuerzos conlleva «la desaparición de la especialización», lo que «perjudicará enormemente a personas con una especial necesidad de obtener una respuesta judicial lo más rápida posible», como «desahucios, víctimas de imprudencias médicas, grandes lesionados por accidentes, etc».

También han lamentado que para los jueces a los que se había concedido la comisión «se elimina una medida que resultaba muy beneficiosa desde el punto de vista de la conciliación familiar, ya que facilitaba poder trabajar en una capital de provincia».

La creación de nuevas plazas judiciales

Además, han advertido de que para el resto de jueces titulares del orden civil «se avecina un panorama de súbito aumento de la carga de trabajo», «con el consiguiente riesgo para su salud laboral». Las asociaciones han señalado que la creación de nuevas plazas judiciales anunciadas por el Ministerio «no podrá servir para paliar esta situación, ya que no serán apreciables hasta pasados muchos meses o algunos años».

Para estas asociaciones, las medidas introducidas por la Ley de Eficiencia «no han tenido un efecto claro, casi año y medio después de su entrada en vigor, a los efectos de entender que servirán para evitar esta problemática».

Asimismo, han apelado a los jueces para que «a nivel individual o mediante acuerdos de juntas de jueces adopten medidas de autorregulación y limitación de señalamientos» para que este tipo de medidas «no perjudiquen su salud laboral».

Por otro lado, han pedido a la ciudadanía «confianza en todos los miembros de la judicatura y en el personal que presta servicios en la administración de justicia».

«La lentitud de la justicia en España tiene como principal causa, desde tiempo inmemorial, la infradotación de medios personales y materiales, y la falta de políticas decididas por parte de las distintas administraciones en implementar soluciones efectivas de carácter estructural», han manifestado.

Justicia está pendiente de un nuevo convenio

Fuentes del Ministerio de Justicia han señalado que el departamento «tiene suscrito un convenio con el CGPJ» por 7,2 millones de euros y que «está pendiente desde marzo la firma por parte» del órgano de gobierno de los jueces de uno nuevo por valor de ocho millones.

En este sentido, han recordado que, en lo que va de año, el Ministerio «ha autorizado 232 medidas de refuerzo por valor de casi 7,9 millones de euros», es decir, «por encima de lo que contempla el convenio actual», y que se han denegado 64. Y han aducido que el volumen de denegación se debe a que el CGPJ «ha excedido sobradamente» el límite presupuestario del convenio en sus solicitudes, las cuales ascienden a los casi 12 millones de euros.

Ante ello, las fuentes han explicado que «buena parte» de las medidas de refuerzo tienen que ver con asuntos de litigación masiva, como cláusulas suelo o reclamaciones de transporte aéreo, asuntos para los cuales «se han aprobado medidas» en el primer semestre del 2026 por importe de 1,13 millones de euros y en el segundo por importe de 280.804 euros.

Así las cosas, desde Justicia señalan que la Ley de Eficiencia «establece mecanismos» que deberían «ser fomentados, como el pleito testigo, la extensión de efectos y el concepto de abuso de derecho», y lamentan que el CGPJ «no recuerde la existencia de estas herramientas legales, aprobadas precisamente para agilizar este tipo de procedimientos sin coste para la Hacienda Pública».