Baleares crea los 'agentes covid' para multar a quien no lleve mascarilla en el transporte
Francina Armengol usa un decreto ley con medidas contra la temporalidad del empleo para convertir a funcionarios interinos en «agentes de la autoridad»
La presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, en una imagen de archivo.
El Gobierno de las Islas Baleares que preside la socialista Francina Armengol implantará la figura del «agente covid» para ayudar a la policía local a poner multas a quienes incumplan la normativa sanitaria aún vigente. Esto es, por ejemplo, a quienes no lleven la mascarilla en el transporte público, en las farmacias o en los centros de salud. Lo ha hecho de manera velada, a través de un decreto ley publicado en pleno mes de agosto y que comenzará a aplicarse a partir de septiembre.
Los «agentes covid» -bautizados así por la administración balear- serán funcionarios interinos escogidos a dedo por los ayuntamientos de la región, sin necesidad de haberse sacado una oposición ni de tener una capacitación específica. Quedarán, eso sí, subordinados al personal de los respectivos cuerpos de la policía local. No llevarán armas y su uniforme tendrá que distinguirse claramente del de las autoridades, sin ningún distintivo ni logotipo más allá de una leyenda que rece «agente covid».
Entre sus funciones figuran el «denunciar el incumplimiento de las ordenanzas, los bandos y otras disposiciones y actas municipales dentro de su ámbito de competencia», pero también «formular denuncias en el ejercicio de sus funciones, en su condición de agentes de la autoridad», así como «cualquier otra que les atribuya la legislación vigente».
La medida se encuentra inserta en la página 83 del decreto-ley 6/2022, de 13 de junio, que consta de un total de 107 páginas, y que versa sobre las «medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público» en las Islas Baleares. Con este pretexto, la administración balear colocará a funcionarios interinos de clasificación C1 como agentes covid hasta el próximo 31 de diciembre.
Cabe recordar que las autoridades siguen multando a aquellos ciudadanos que no usan mascarilla en el transporte público, pese a que Ciudadanos ya intentó que se eliminara esta obligatoriedad en el Debate Sobre el Estado de la Nación celebrado el pasado mes de julio. Las sanciones, que oscilan entre los 100 y los 300 euros, convierten España en una anomalía dentro de Europa, pues la mayoría de países del continente ya han desescalado en la prescripción de su uso en el transporte público. Así ha sucedido a lo largo de 2022 en Bélgica, Francia, Reino Unido, Grecia, Países Bajos o Suecia.
Precedentes del «agente covid»
La figura del «agente covid» nació en julio de 2021 en Baleares, y desde el primer momento estuvo rodeada de polémica. El Gobierno de Pedro Sánchez comunicó en noviembre al Ejecutivo autonómico que la norma era inconstitucional, motivo por el que ambas administraciones activaron una comisión bilateral que rectificara las deficiencias y evitara un recurso ante el TC. Francina Armengol quitó hierro al asunto arguyendo que es «habitual» que la Abogacía del Estado examine leyes y decretos.
Se evitó el recurso, pero no el revuelo. La medida no gustó a la oposición ni a los sindicatos. Tampoco a los agentes policiales. Sergio Torrandell, jefe de la Policía Local de Llucmajor y ex director general de Interior del Gobierno balear (2011-15), criticó una iniciativa que supuso, en su opinión, un «menosprecio a los policías locales, insulto a la profesionalidad y formación policial e inseguridad jurídica a los ciudadanos»: «Se hace al margen de la ley vigente y se le da competencias atribuidas a las policías locales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a gente que no pertenece a ellos».
CCOO y UGT, por otro lado, la criticaron por «precaria», y pidieron dotar a la policía local de una mayor estabilidad con convocatorias para proveer plazas. Partido Popular y Vox votaron en contra de una medida que entonces pasó por el Parlament. Pese a todo, Francina Armengol ha recuperado a sus «agentes covid». Sólo que en esta ocasión ha procurado esquivar la polémica aprobando la figura en verano y a través de un decreto ley sobre medidas para combatir la temporalidad del empleo.
Una medida «totalitaria»
«La figura polémica de los agentes covid era una chapuza, un parche y una demostración del fracaso de Armengol en la gestión de la Policía Local», explica Marga Prohens, presidenta del PP balear, a THE OBJECTIVE. Prohens critica que «entre las jubilaciones y las bajas hay una gran falta de policías locales en todos los municipios», y por eso los agentes covid son «un intento de paliar temporalmente este déficit con la excusa de la pandemia»: «Un parche sobre otro parche, una chapuza sobre otra chapuza».
El abogado Aitor Guisasola destaca «lo enrevesado» de la norma, por cuanto «en un decreto de 107 páginas hay que remitirse a la 83, en una disposición adicional decimotercera que, a la vez, modifica una disposición transitoria cuarta de otro decreto». Alerta, además, de que «de momento se ha aprobado sólo para Baleares, pero no es difícil entender que se hace la prueba en un lugar y a continuación se extiende a todo el territorio nacional. Así ha ocurrido desde 2020». «A partir de septiembre los agentes covid podrán sancionar a los ciudadanos díscolos que no obedezcan al Gobierno», vaticina.
Guillermo Rocafort, abogado y economista, considera que estamos ante una medida «totalitaria» impuesta desde el poder porque éste «se ha dado cuenta de que nos impongan lo que nos impongan los ciudadanos nos vamos a someter, arbitrariedad tras arbitrariedad, siendo esta una más». Su colega José Luis García Castañeda abunda en este sentido: «Allá donde gobierna el PSOE, el Ejecutivo legisla, no hay separación de poderes, y esta es una grave disfunción de nuestro sistema. Lo peor, que esas leyes se dictan a espaldas de los españoles, sin luz ni taquígrafos».
