La Moncloa paga 50.000 euros al año por el fotógrafo personal de Pedro Sánchez

Borja Puig de la Bellacasa, el fotógrafo personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está contratado por 50.000 euros brutos anuales por realizar «funciones propias de personal de confianza o asesoramiento especial» desde que fuese nombrado en enero de 2020 en condición de personal eventual de la Administración Pública, según reza la hoja de servicios de la Subsecretaría de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. 

Nueve meses después, este departamento ha dado respuesta a la reclamación que inició una ciudadana el pasado 20 de julio en el Portal de Transparencia, en la que solicitaba tener acceso a la relación existente entre el mencionado profesional y el Gobierno de España, así como a su remuneración económica. 

Presidencia se negó retiradamente a ello, alegando que la «finalidad perseguida no se fundamentaba «en el interés legítimo de conocer cómo se tomaban las decisiones públicas o se manejan los fondos públicos», sino «en el particular para la interesada, con desvinculación de la actividad profesional realizada». Hace dos semanas, no obstante, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resolvió que este órgano debía facilitar la información en el plazo de 10 días hábiles, salvo que el acto fuese recurrido por la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional. 

100.594 euros

En la ejecución de la resolución de Transparencia, fechada el 25 de abril, la directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, Beatriz Rodríguez Pérez, indica que, de acuerdo «con la información orante en la herramienta de gestión de nóminas, la cuantía de gasto total correspondiente a la suma de los conceptos retributivos recogidos en la nómina de Borja Puig de la Bellacasa es el de 100.594 euros, en el periodo de 2020, 2021 y de enero a julio de 2022. 

Eso quiere decir que el sueldo anual de Puig de la Bellacasa estaría alrededor de los 40.000 euros, si bien el coste total de su contratación para las arcas del Estado estaría entre 50.000 y 56.000 euros brutos, según las fuentes consultados.

«Personal de confianza» de Sánchez

Sobre el encaje de este profesional en las funciones de «personal de confianza o asesoramiento especial» en Presidencia como personal eventual, cuando su labor se basa en fotografiar a Pedro Sánchez, fuentes jurídicas advierten de que es un recurso comúnmente utilizado por el Gobierno para designar a cargos afines «que tiene numerosos precedentes». No solo en el caso del PSOE, sino también en otros partidos políticos que ostentan o han ostentado el poder.  

«Es un tipo de empleado público que existe. No tiene una relación permanente con la Administración. Son cargos de confianza del alto cargo que les nombra, por consiguiente la duración de su permanencia en el servicio público va ligada a la del que le ha designado. Los gabinetes de Presidencia o de cualquier ministerio están conformados por personal eventual, aunque también hay funcionarios», señalan estas fuentes. 

Cabe destacar, prosiguen las mismas fuentes, que estos últimos en su mayoría, realizan labores de asesoría política o de comunicación. En el caso del fotógrafo, «jurídicamente no encaja en el concepto de «confianza o asesoría», pero existen numerosos precedentes en otros gobiernos. Por ejemplo, un asistente personal también se incluye en esta categoría de trabajador público», insiste. 

Antecedentes

El acceso a esta información se remonta a julio de 2022, a raíz de que Borja Puig protagonizase supuestamente un incidente con un periodista en los pasillos del Senado, por el que se incoaron posteriormente diligencias previas de procedimiento abreviado por un delito de lesiones. Por un lado, la reclamante solicitaba acceso a diversa información relativa a la intervención de la Abogacía del Estado en la defensa judicial del profesional asignado a la Presidencia del Gobierno; y, por otro, a la relación existente entre el fotógrafo Borja P. B. y el Gobierno de España, así como a su remuneración económica. 

La Subsecretaría de Presidencia se negó a facilitar ambas informaciones. La solicitante interpuso   otra reclamación y finalmente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la estimo parcialmente obligando a este departamento a facilitar la información. En la resolución, a la que tuvo acceso este diario, el CTBG señalaba que «lo solicitado tenía la naturaleza de información pública y su conocimiento encajaba en la finalidad de fiscalizar la actuación de un órgano gubernamental en relación con la utilización de dichos recursos públicos».