El exjefe de ETA, Aitzol Iriondo, se niega a responder si ordenó atentar en la T4
Iriondo se acogió al principio de especialidad por no haber sido entregado para ser enjuiciado por aquello
Aeropuerto Madrid-Barajas T4 | Europa Press
El exdirigente de ETA Aitzol Iriondo, Gurbitz, se ha negado a responder si tuvo responsabilidad en la decisión de perpetrar el atentado en la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, el 30 de diciembre de 2006, que puso fin a la tregua de la banda durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En su breve comparecencia por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge desde la cárcel de Martutene, en San Sebastián, donde cumple condena, Iriondo ha optado por guardar silencio, acogiéndose al principio de especialidad (no haber sido entregado a España para ser enjuiciado por este atentado), han informado a EFE fuentes presentes en la declaración.
Cuando el magistrado le llamó a declarar consideró que, según dicta una directiva europea, no es necesario librar orden de investigación si «el proceso penal no concluye con la aplicación de una medida restrictiva de la libertad», y de este modo anunció que no tenía previsto adoptar ninguna medida cautelar contra él.
La investigación de este atentado, en el que murieron dos personas y una decena resultaron heridas, fue reabierta tras la admisión de una querella de Dignidad y Justicia para investigar la presunta responsabilidad de cuatro exjefes de ETA por haber dado la orden de atentar en el aeropuerto.
La querella se interpuso contra Iriondo, José Antonio Urruticoechea Bengoechea (Josu Ternera), Mikel Carrera Sarobe (Ata) y Ainhoa Ozaeta (Kuraia) por su presunta responsabilidad, como integrantes del comité ejecutivo de ETA, en la toma de la decisión de atentar contra esa infraestructura.
Por estos hechos, ya fue interrogado, el pasado 10 de julio, el exjefe de ETA Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, Ata, quien también se acogió a su derecho a no declarar.
El magistrado decidió citarle aprovechando que las autoridades francesas habían acordado en esas fechas su entrega temporal para ser juzgado por el asesinato del presidente del PP de Aragón y senador Manuel Giménez Abad, en mayo de 2001, cuando iba con su hijo a La Romareda, en Zaragoza. Por este atentado fue finalmente condenado a 30 años de cárcel.
