Problemas para Armengol: el Supremo incluirá un rapapolvo en la sentencia del caso Ábalos

El horizonte judicial de Francina Armengol se ha despejado de dudas para llenarse de nubarrones. Lo que comenzó como una comparecencia de trámite, protegida por el blindaje del papel y la distancia, ha acabado convirtiéndose en una de las patatas calientes que el Tribunal Supremo deberá plasmar en su sentencia, según ha podido saber este periódico. La presidenta del Congreso ya no solo es una testigo bajo sospecha por su gestión en Baleares; ahora, su propia credibilidad está bajo el microscopio de los magistrados. Según ha podido saber en exclusiva THE OBJECTIVE, el tribunal que juzga la rama principal del caso Ábalos se dispone a abordar en su fallo un asunto espinoso: si el testimonio de la tercera autoridad del Estado es constitutivo de un delito de falso testimonio.

La situación es inédita. Es muy complicado perseguir este tipo de delitos cuando hablamos de altos cargos, pero en la sentencia se tratará el testimonio de Armengol que choca frontalmente con el último informe de la UCO y, como mínimo, si no es la deducción por mentir estando obligada a decir la verdad habrá un rapapolvo para la tercera autoridad del Estado.

Los magistrados de la Sala de lo Penal no son ajenos al estruendo que han provocado los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO). Los agentes de la Guardia Civil han dibujado un escenario que desmiente, punto por punto, la versión que Armengol envió por escrito. Donde ella dijo «nunca», los chats dicen «cariño». Donde ella afirmó que sus contactos con José Luis Ábalos se limitaban al cierre de puertos y aeropuertos, los investigadores han encontrado gestiones directas para la compra de mascarillas y la implantación de test PCR. Y una interlocución directa con el exasesor Koldo García, tal y como reveló este periódico hace dos años.

El primer contacto de Koldo García con Armengol fue el 25 de abril de 2020. El exasesor envía a la entonces presidenta balear un mensaje en el que se presenta y le pide que le llame. La UCO desconoce si la llamada se produjo, pero señala que «se ha encontrado un mensaje de este mismo día, a las 14.43 horas, que Manuel Palomino envía a Koldo, en el cual se presenta como director de Gestión de Servicio de Salud de Baleares y le informa que le han dado su contacto para conseguir un millón de mascarillas». Fue en ese momento cuando el empresario Víctor de Aldama le envía al apoderado de Soluciones de Gestión SL, Íñigo Rotaeche, el contacto de Palomino. Esa colisión entre la realidad documentada por la Benemérita y la declaración jurada de la presidenta es lo que obliga al Supremo a tomar una posición de fuerza en su resolución.

La presión de las defensas

El banquillo de los acusados tampoco está dispuesto a dejar pasar la oportunidad de evidenciar lo que consideran una «mentira institucional». La defensa de Koldo García, ejercida por la letrada Leticia de la Hoz, ha vuelto a la carga con una ofensiva procesal que pone en jaque la estrategia de silencio de los socialistas. El Supremo ya ha desestimado la petición de que Armengol vuelva a declarar de forma presencial, pero el escrito de la defensa ha dejado negro sobre blanco una realidad incómoda para el tribunal: el derecho a la defensa de los procesados podría estar viéndose comprometido por la «falta de sinceridad» de la testigo.

La abogada de Koldo solicitó nuevamente que se suspenda el juicio o, en su defecto, que se obligue a la presidenta del Congreso a comparecer en persona. El objetivo es que, por primera vez, las defensas y las acusaciones populares puedan interrogarla cara a cara, sin el filtro del cuestionario previo que permitió a Armengol esquivar las preguntas más comprometidas en su primera declaración. Para la defensa, el nuevo informe de la Guardia Civil cambia las reglas del juego y convierte el testimonio anterior en papel mojado.

El núcleo de la discordia se encuentra en el artículo 729.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La defensa de Koldo ha invocado este precepto para exigir que el Informe número 62/2026 de la UCO se convierta en el eje vertebrador de la prueba. Según el escrito remitido al Alto Tribunal: «Esta parte solicita que se acuerde la incorporación a la causa del Informe número 62/2026, por cuanto dicho informe contradice y desvirtúa en aspectos esenciales el contenido del informe pericial anteriormente obrante en autos sobre el que declaró Dña. Francina Armengol, generando así una contradicción probatoria de entidad suficiente para comprometer la fiabilidad del testimonio ya prestado».

El Supremo ya ha declinado la solicitud de volver a llamar a Armegol a declarar. Sin embargo, el tribunal alegó en la séptima sesión del juicio que deliberaría sobre la incorporación en el procedimiento del informe sobre el último dosier de la UCO que revela la relación de la tercera autoridad del Estado con la trama y que ha sido remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Esto último también fue solicitado por la acusación popular.

La ofensiva del Partido Popular en el Supremo no es un salto al vacío, sino que se apoya en la propia jurisprudencia interna del caso. El letrado de los populares, Alberto Durán, ha recordado a los magistrados que ya existe una vía de agua abierta en este sentido: la Sala ya dio el visto bueno a la incorporación de un informe de la UCO previo, el fechado el 26 de febrero, que diseccionaba las conexiones entre la entonces cúpula de Adif, con Isabel Pardo de Vera al frente, y el propio Ábalos. Fuentes judiciales señalan que lo previsible es que se incorpore y el mismo dará pasó a que se cite a la propia Armengol en la sentencia.

El Supremo tiene ahora la última palabra. La sentencia no solo decidirá el futuro de Ábalos y su séquito; también marcará el destino político y judicial de una Francina Armengol que, protegida por el cargo pero desnuda ante las pruebas de la UCO, se enfrenta al mayor rapapolvo judicial de su carrera. La sombra del falso testimonio ya no es una teoría de la oposición, sino un párrafo que ya se redacta en los despachos del Tribunal Supremo.