España perdería miles de empleos y 600 millones al año si EEUU se va de Rota y Morón

Las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y España han puesto en la mira a las bases militares norteamericanas en Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla). El veto del Gobierno de Pedro Sánchez al uso de esas instalaciones para operaciones vinculadas a la ofensiva contra Irán ha provocado el enfado de Washington y varias voces, como la del influyente senador Lindsey Graham, han pedido el cierre de las bases. Eso es lo que exigen Podemos y Sumar, socios del Ejecutivo. Las consecuencias serían devastadoras para la región: pérdidas de más de 600 millones de euros, desaparición de miles de empleos y cierre de importantes empresas del sector naval.

La base naval de Rota, en la Bahía de Cádiz, es una de las principales instalaciones militares de Estados Unidos en Europa. Desde allí opera parte del escudo antimisiles de la OTAN, con destructores estadounidenses equipados con el sistema Aegis desplegados de forma permanente. Y es también parte del paisaje desde hace más de setenta años. La instalación ocupa buena parte del litoral y su actividad es tan cotidiana como el turismo o la pesca.

Durante varias generaciones, los soldados estadounidenses han sido vecinos y, con frecuencia, también familia. La base es parte identitaria de la cultura local, y los debates recurrentes sobre su cierre se observan en el municipio con una mezcla de escepticismo y preocupación.

El peso económico de la base de Rota

Según el vicealmirante Rubén Rodríguez Peña, jefe del Arsenal de Cádiz y responsable del enclave, la base moviliza diariamente entre 11.000 y 12.000 personas. Este flujo humano se compone de unos 5.500 españoles (en su mayoría militares de la Armada), cerca de 3.000 estadounidenses y 2.500 trabajadores de empresas auxiliares que operan dentro de la base para garantizar la operatividad de la flota.

Alrededor de la base existe una red de empresas auxiliares que prestan servicios de mantenimiento industrial, logística, transporte o suministro. A ello se suma la actividad derivada de la presencia de los militares y sus familias en la zona. Según estimaciones de expertos y análisis del sector naval, el impacto económico anual puede situarse en torno a los 600 millones de euros si se tienen en cuenta salarios, contratos industriales y consumo en el entorno. Para un municipio de algo más de 30.000 habitantes, la base se ha convertido en uno de los pilares económicos más importantes.

Esa presencia militar también tiene consecuencias en el sector naval español. Varias empresas han firmado contratos para el mantenimiento y reparación de buques estadounidenses que operan desde la base gaditana.

Esos trabajos sostienen alrededor de un millar de empleos directos en los astilleros de Cádiz y miles más en la cadena de proveedores industriales. Uno de los contratos más relevantes firmados en los últimos años asciende a más de 800 millones de euros para trabajos de mantenimiento de destructores estadounidenses hasta finales de esta década.

El propio alcalde de Rota, el socialista Javier Ruiz Arana, ha reconocido en varias ocasiones que la economía local depende en gran medida de la instalación militar. En declaraciones recogidas por el Diario de Cádiz, el regidor llegó a señalar que alrededor de dos tercios de la actividad económica del municipio están vinculados de una u otra forma a la base.

Esa influencia se percibe también en el mercado de la vivienda. Parte del personal estadounidense destinado en la base vive fuera del recinto militar, lo que ha generado durante años una demanda constante de alquileres en la zona. Se calcula que alrededor de un millar de viviendas en Rota y municipios cercanos están alquiladas a militares o trabajadores vinculados a la instalación.

Ese flujo de población sostiene parte de la actividad comercial durante todo el año. Restaurantes, academias de idiomas, empresas de transporte y servicios técnicos han adaptado su actividad a una clientela que no siempre se ve, pero que forma parte del funcionamiento económico del municipio.

Morón: menos visible, pero también relevante

Algo similar ocurre, aunque a menor escala, en la provincia de Sevilla. La base de Morón de la Frontera, clave estratégica para las operaciones en el norte de África, sigue siendo un motor vital pese a haber visto reducida su actividad. Aunque los sucesivos ajustes de plantilla desde 2010 han dejado el empleo directo en torno a un centenar de familias, la base sostiene aún a una red de empresas auxiliares de mantenimiento, logística y catering que dependen íntimamente de la instalación.

Para el municipio, el impacto trasciende las nóminas directas y se mide en el consumo diario de los militares en comercios y servicios de la comarca. Por ello, su alcalde, Juan Manuel Rodríguez, es tajante ante cualquier amago de cierre: una decisión así no sería solo un cambio político, sino que supondría, en sus palabras, «el mayor ERE que se podría hacer» en la historia de Morón.

Un acuerdo de larga data

La historia de ambas instalaciones explica en parte esa dependencia. Las bases de Rota y Morón nacieron a partir de los acuerdos bilaterales firmados entre España y Estados Unidos en 1953, en plena Guerra Fría. Aquellos pactos permitieron el despliegue de infraestructuras militares estadounidenses en territorio español a cambio de cooperación económica y militar. Con el paso del tiempo, estas instalaciones se integraron en la estructura de defensa de la OTAN y se consolidaron como parte de la arquitectura militar occidental en el sur de Europa. En el caso de Rota, su papel estratégico se reforzó a partir de 2014 con el despliegue permanente de destructores estadounidenses dentro del sistema de defensa antimisiles de la Alianza Atlántica.

Cuando el debate político choca con la realidad

La bronca política sobre el futuro de las bases rara vez entra en ese nivel de detalle. La propuesta defendida por Podemos se enmarca en una crítica más amplia al papel de Estados Unidos en la política internacional y a la participación de España en la estructura militar de la OTAN. Un debate que también tiene evidente recorrido político.

La salida de las bases abriría distintos escenarios para estas comarcas. Uno de ellos sería la reconversión de las instalaciones militares para uso civil o exclusivamente español, algo que en otras bases europeas ha dado lugar a parques industriales, centros logísticos o aeropuertos comerciales.

Sin embargo, los expertos coinciden en que ese proceso suele requerir inversiones públicas millonarias y largos periodos de transición. En el caso de Rota, la dimensión de la base y su especialización militar hacen difícil imaginar una reconversión rápida capaz de absorber el volumen de empleo actual. En Morón, donde la infraestructura es más limitada, el impacto sería menor en términos absolutos, aunque proporcionalmente significativo para una localidad de poco más de 27.000 habitantes.

Este pulso ideológico choca, sin embargo, con la aritmética presupuestaria del Gobierno. Mientras el Ejecutivo mantiene equilibrios retóricos, la realidad administrativa camina en dirección opuesta: el Gobierno autorizó recientemente una transferencia extraordinaria a Defensa por valor de 1.339,5 millones de euros, que se suma a la inyección de 10.400 millones aprobada para reforzar capacidades estratégicas y cumplir con el 2% del PIB exigido por la OTAN.

Lejos de cualquier amago de desmantelamiento, el escenario en la bahía es de consolidación, al menos hasta ahora. Mientras el debate político internacional se tensa, el Pentágono ha dado luz verde a una inversión de 400 millones de euros para ampliar infraestructuras críticas en Rota, blindando la base como un motor de empleo para Cádiz y nodo del escudo antimisiles en Europa.