Gamarra acusa al Gobierno de ser «cómplice» de un «pisoteo de los derechos lingüísticos»
La portavoz popular describe la actuación del Ejecutivo como una «dejación de funciones», cuyo único objetivo es lograr «un puñado de votos»
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra | David Oller (Europa Press)
Solo una semana después de la Diada, Barcelona se volverá a llenar hoy de banderas, pero en esta ocasión rojigualdas, para reivindicar la obligatoriedad de impartir al menos un 25% de las clases en castellano. Una de las personalidades políticas que ha asistido al acto, la portavoz del Partido Popular Cuca Gamarra, ha acusado a la Generalitat de «un pisoteo de derechos lingüísticos de los catalanes con la complicidad del Gobierno de España, que lo permite y no lo impide».
Gamarra, que ha aprovechado la ocasión para arremeter contra el Gobierno, ha descrito la actitud de Sánchez como una «dejación de funciones», cuyo único objetivo es el de permanecer en La Moncloa «por un puñado de votos». En esta línea, ha instado al Govern y al Ejecutivo nacional a cumplir y aplicar las sentencias judiciales, y les ha responsabilizado de garantizar los derechos lingüísticos.
Asimismo, ha trasladado su apoyo a padres, profesores y alumnos «que defienden sus derechos frente a la estigmatización y el señalamiento», y ha dicho textualmente que los patios de las escuelas son «lugares de juego y no de persecución».
Manifestación por el castellano
La Ciudad Condal se convertirá durante unas horas en el estandarte del castellano. Con PP, Vox y Ciudadanos a la cabeza, y de la mano de varias plataformas como ‘Escuela de Todos’, miles de ciudadanos se han dado cita en las calles de Barcelona bajo el lema «Español, lengua vehicular» para revelarse contra lo que consideran «odio a lo español» e «hispanofobia» de algunos políticos catalanes, y para preservar el castellano como lengua vehicular en las escuelas.
Así lo ha defendido la presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y portavoz de ‘Escuela de Todos’, Ana Losada, que ha manifestado que «las dos lenguas vehiculares» deben serlo «como establecen el marco constitucional y las leyes al respecto».
«No excluimos los derechos de otros ciudadanos, ni queremos», ha destacado Losada, que también ha subrayado que en ningún caso pretenden «que la otra lengua oficial y lengua también de los catalanes no esté presente en la escuela». «Todo lo contrario, queremos que convivan las dos», y ha señalado que «es hora de decir basta al trato discriminatorio de la Generalitat».
La portavoz ha abogado por el fin de la «escuela monolingüe» antes de manifestación, que es, según ha dicho, para » todos aquellos ciudadanos de a pie que reclaman un cambio».
El origen de la polémica
La batalla por el uso del castellano en Cataluña se remonta hasta el año 2014, cuando la Justicia catalana fijó por primera vez el mínimo del 25% de clases impartidas en el idioma nacional. En ese momento, las sentencias solo eran aplicadas en aquellos casos en los que los alumnos lo solicitasen.
La negativa persistente de la Generalitat de reconocer el castellano como lengua vehicular de la región llevó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a ampliar la norma del 25% a todo el sistema educativo, una decisión que fue reiterada por el Tribunal Supremo y que sería obligatoria a partir de mayo.
Sin embargo, el Govern y los partidos defensores del modelo de inmersión lingüística aprobaron entonces un decreto ley y una ley exprés donde se recogía la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentaje en la enseñanza y uso de las lenguas».
La consejería de Educación se parapetó en este ‘apaño’ legislativo para argumentar ante la Justicia que la aplicación de porcentajes chocaba frontalmente con la nueva norma, que reconoce el «uso curricular» del castellano pero sin incluir su condición de «vehicular».
El TSJC ha dado provisionalmente la razón a la Generalitat y ha concluido que, en efecto, la sentencia que obliga a extender el 25% a todo el sistema contraviene la nueva legislación y que, por tanto, el decreto ley y la ley aprobada por el Parlament «determinan la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia». Además ha suspendido los trámites para la ejecución forzosa de la misma. Mientras tanto, las normas han sido remitidas al Tribunal Constitucional para su estudio, ya que consideran que existen «indicios de inconstitucionalidad» y «fraude de ley».
