El Gobierno vasco vuelve a dar el tercer grado al etarra 'Gadafi', asesino de un niño de dos años
Está condenado a más de 1.120 años por 15 asesinatos, aunque tiene fijado un límite máximo de cumplimiento de 30
Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi'.
El Gobierno vasco ha vuelto a conceder el tercer grado penitenciario al preso de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, condenado, entre otros crímenes, por el asesinato del niño de dos años Fabio Moreno, en 1991 en Erandio (Vizcaya).
Fuentes del Departamento de Justicia del Ejecutivo vasco han confirmado a EFE este jueves la concesión de ese régimen también al etarra Eneko Gogeaskoetxea.
En el caso de Iglesias Chouzas, actualmente en la prisión vizcaína de Basauri, el Ejecutivo vasco ya le concedió ese beneficio en octubre de 2025, pero fue recurrido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y revocado por el juez de Vigilancia Penitenciaria. Gadafi está condenado a más de 1.120 años de prisión por 15 asesinatos, aunque tiene fijado un límite máximo de cumplimiento de 30.
Gogeaskoetxea, interno en la cárcel de Martutene, en San Sebastián, tiene penas de más de 360 años por diversas causas, entre ellas por intentar matar al rey Juan Carlos I en la inauguración del Guggenheim Bilbao, en 1997, en un atentado que frustró el ertzaina Txema Agirre, al que miembros de ETA asesinaron a tiros en el exterior del museo.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado en un comunicado la concesión de estos terceros grados, que considera «fraudulentos» y «una nueva muestra de la amnistía encubierta» que, a su juicio, aplica el Gobierno Vasco a los presos de la organización terrorista.
En su opinión, estas nuevas decisiones «confirman» que el Ejecutivo autonómico «está facilitando regímenes de semilibertad a condenados por delitos gravísimos de terrorismo sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos».
No se trata de «reinserción», rechaza la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, sino de «una política de vaciamiento progresivo de las cárceles» de etarras, en «la dirección exigida por la izquierda abertzale», dado que no se da «un arrepentimiento sincero ni una desvinculación del entorno social y político que todavía hoy legitima a ETA».
El caso de Iglesias Chouzas resulta «especialmente grave» para la asociación de víctimas porque, además de estar condenado por numerosos atentados, ya se benefició de un tercer grado otorgado hace medio año, aunque fuera finalmente revocado. «Que el Gobierno Vasco vuelva a beneficiar a Gadafi —agrega—, después de que un juez corrigiera una concesión anterior, demuestra que no estamos ante errores aislados, sino ante una política deliberada».
Tras recordar los recientes autos del juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro, que han dejado sin efecto la aplicación del artículo 100.2 a Soledad Iparraguirre, «Anboto», y Juan Ramón Carasatorre, Ordóñez critica que Ejecutivo vasco «insista» nuevamente en forzar la legalidad sustentando el requisito legal del arrepentimiento en «cartas privadas que no van acompañadas de signos públicos y objetivos de desvinculación» de la violencia de ETA y su entorno.
Agrega en este sentido que tales resoluciones judiciales han aclarado que esos escritos de arrepentimiento se han redactado en algunos casos «inmediatamente antes de la concesión del beneficio penitenciario», lo que, a su juicio «evidencia que no responden a un arrepentimiento sincero, sino a una estrategia» con «la apariencia de legalidad».
Recuerda asimismo que la Audiencia Nacional, en un auto de 2023 que revocó el tercer grado al etarra Xabier Atristain, indicó que «las manifestaciones genéricas de rechazo de la violencia o reconocimiento del daño no son suficientes si no van acompañadas de ‘signos inequívocos de desvinculación’».
Algo que también ha sido corroborado, según recalca Covite, en las recientes revocaciones de los regímenes de semilibertad a Anboto y Carasatorre, en las que el juez Castro indicó que «las medidas excepcionales como el artículo 100.2 no pueden utilizarse como atajos» para estos beneficios porque «requieren una justificación individualizada, una motivación reforzada y la existencia de un programa específico que no pueda ejecutarse dentro de prisión».
Esa misma lógica debe ser aplicada ahora con los terceros grados a Gogeaskoetxea e Iglesias Chouzas, reivindica Ordóñez, que pide a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que vuelva a recurrir estas concesiones y «ejerza con firmeza su función de defensa del derecho de las víctimas a la justicia en la ejecución de las condenas».