La Junta Electoral da 10 días al Parlament para que decida el futuro de Laura Borràs

La Junta Electoral Central (JEC) ha emplazado a la presidenta en funciones del Parlamento de Cataluña a que en un plazo de diez días comunique qué decisión va adoptar sobre la retirada o no del escaño de la presidenta suspendida Laura Borrás tras haber sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo.

La JEC, que hoy ha analizado los tres escritos del PP, Vox y Ciudadanos que solicitaban la retirada del escaño a Borràs ante esta condena, ha recordado el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que establece que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la administración pública o contra las instituciones del Estado.

Recuerda el apartado 4 de dicho artículo que las causas de inelegibilidad «lo son también de incompatibilidad» y recalca que el delito de prevaricación administrativa por el que ha sido condenada Borràs está incluido en el título IX del Código Penal dedicado a los delitos contra la Administración Pública.

La JEC pide a la vicepresidenta primera y presidenta en funciones del Parlamento de Cataluña que en el plazo de diez días hábiles comunique a la Junta Electoral Central las decisiones, resoluciones o cualesquiera otras medidas que esa institución haya podido adoptar en relación con este asunto, así como las alegaciones que, en su caso, desee formular, en orden a poder adoptar alguna decisión sobre esta cuestión.

Asimismo, traslada copia del expediente a la presidenta del Parlament suspendida para que pueda formular las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de diez días hábiles; es decir, hasta el 27 de abril.

Precedentes

Laura Borrás está condenada por el TSJC a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por adjudicar contratos a dedo a un amigo durante su mandato al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y también tiene condena por delitos de prevaricación y falsedad documental, aunque el tribunal propuso al Gobierno el indulto parcial para que pueda evitar la prisión.

El acuerdo que hoy ha adoptado la JEC señala otros casos análogos que fueron ratificados por el Tribunal Supremo en 2021 y que confirmaron el criterio sostenido por la JEC de que la inelegibilidad sobrevenida tiene eficacia de ley y por lo tanto constituyen una consecuencia automática de la pena impuesta por la sentencia.

Se trata del mismo argumento de la JEC cuando en 2020 acordó retirar el acta de diputado al expresidente catalán Quim Torra, en un momento en el que la sentencia que lo condenó por desobediencia por negarse a retirar un lazo amarillo del Palau de la Generalitat en campaña electoral aún no era firme.

De hecho, el año pasado la Junta Electoral Central también apoyó quitar el escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà tras su condena de seis meses de inhabilitación por no retirar unos lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida, sin sentencia firme.

Entonces, el Parlament recurrió el acuerdo de la Junta pero finalmente el Tribunal Supremo avaló la decisión de la JEC.

Precisamente, en el escrito de este jueves la Junta incide que en las resoluciones del Supremo de 2021 se aclaró que «cabe sustanciar ante la Cámara parlamentaria la inelegibilidad sobrevenida pero que no es una competencia exclusiva suya ya que, bien ante su inactividad o por cualquier otra razón, puede actuar la Administración electoral en aplicación directa de la Loreg».

Podría actuar la administración electoral «a fin de hacer efectiva la prescripción legal examinada y así restablecer la composición del Parlamento mediante la expedición de la credencial al candidato correspondiente de la lista del cesado por haber perdido su capacidad electoral.»

De momento, el abogado de Borràs anunció ayer ante el Tribunal Supremo que recurrirá la condena del Tribunal Superior de Justicia catalán y presentó un escrito alegando que se le han vulnerado una decena de derechos constitucionales, entre ellos los de intimidad, secreto de comunicaciones y representación política. 

Cisma independentista

La mesa del Parlament –con el aval de ERC, el PSC y la CUP– acordaron en julio suspender a Borràs de sus funciones en aplicación del artículo 25.4 del reglamento del Parlament. A juicio de estas formaciones, el caso de la dirigente de Junts no estaba vinculado con el hecho de ser independentista, sino por un asunto relacionado con su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.

Pese a ello, los republicanos rechazaron la propuesta del PSC de Salvador Illa para emprender una reforma exprés del Parlament con el fin de que una mayoría parlamentaria pudiera retirarle la presidencia de la Cámara catalana. Y ahora el líder de la CUP y secretario tercero de la mesa del Parlament, Carles Riera, se ha posicionado en contra de «obedecer» a la Junta Electoral hasta que no haya sentencia en firme -todo ello antes de conocer el fallo que le otorga al Parlament el poder de tomar la decisión final-.

Los anticapitalistas coinciden con los demás grupos independentistas en señalar que el órgano electoral no tiene legitimidad y que realiza «injerencias en la soberanía del Parlament». No obstante, las discrepancias eclosionan a la hora de actuar: ERC ha demostrado con los casos de Quim Torra y Pau Juvillà que no está dispuesta a vulnerar la legalidad.

Incluso Laura Borràs, que ahora pide desobedecer para mantenerse en la presidencia de la Cámara, acató a la Junta Electoral cuando anuló las funciones de Juvillà después de que el ente electoral emitiera una resolución en la que le ordenaba la retirada del escaño del diputado de la CUP para expedir la credencial de un nuevo parlamentario.

Horizonte electoral

Con las elecciones a la vista, ERC buscó hasta el último momento que fuera Junts per Catalunya quien tomará una decisión sobre su dirigente. Por esta razón, no quiso pactar con el PSC con el fin de evitar las críticas de los sectores más independentistas, relativas a que se coordina con los socialistas catalanes para «atentar contra los derechos de Borràs».

Al mismo tiempo, ERC quiso marcar «tolerancia cero» con la corrupción. En esta premisa le han seguido todos los partidos, salvo Junts per Catalunya. De hecho, los neoconvergentes son quienes más preocupados están por cómo abordar este asunto sin que afecte sus perspectivas electorales. Fuentes del partido explican que hay discrepancias sobre si nombrar un relevo o mantener la línea de boicot que domina en la cúpula del partido.

Cabe recordar que Borràs fue la cabeza de lista en las últimas elecciones autonómicas. El partido también tiene que tejer nuevos liderazgos para competir con ERC en el espacio nacionalista y recuperar el terreno perdido que reflejan los sondeos.