El Gobierno andaluz responsabiliza al PSOE del «problema social» de Doñana

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado este lunes que en Doñana «existe un problema social creado por los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía durante muchos años —40—, que jamás hicieron nada por solucionarlo».

El también consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha señalado durante una visita a Coín (Málaga) que la Junta ha intentado «desde el primer momento» abrir «canales de diálogo» con el Gobierno central, porque las administraciones competentes deben «ponerse de acuerdo».

Por ello, ha dicho, el gobierno autonómico lleva «desde diciembre pidiendo la convocatoria de las comisiones bilaterales técnicas que permitan a los equipos de la Junta y del Gobierno reunirse, hablar y decidir sobre Doñana», pero «es imposible», porque «no se puede dialogar si una parte se niega».

Ha lamentado que «altos dirigentes socialistas andaluces hablen de terrorismo ambiental cuando los propios alcaldes socialistas de la comarca votan a favor de esta proposición de ley y el secretario general del PSOE-A hace unos meses afirmaba que no se puede proteger Doñana sin contar con las personas que viven en su entorno y que Doñana no está en peligro».

La Junta pide a Sánchez que no polemice

Fernández-Pacheco ha subrayado que la Junta «no permitirá que Pedro Sánchez haga de Andalucía un escenario de polémica, pelea y guerra electoral permanente» y pedirá al presidente del Gobierno «que trabaje por Andalucía, sin denostar, insultar ni faltar al respeto a los andaluces ni a sus legítimos representantes».

Por otra parte, respecto a la sequía, ha subrayado que España «necesita una política hídrica de Estado», ya que «el agua no conoce de fronteras administrativas y de diferencias entre provincias y comunidades autónomas».

Ha añadido que, «a falta de una política nacional en materia hídrica», la Junta no está siendo «proactiva, sino hiperactiva, con dos decretos de sequía y el tercero a punto de salir», un plan dotado con 4.000 millones de euros y con el asesoramiento de «los que más saben».

El portavoz ha pedido al Gobierno «que salga del inmovilismo y la confrontación y se ponga las pilas en las materias de su competencia», y ha recordado que gestiona la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es «responsable de más del 60 por ciento del territorio andaluz».

Se ha preguntado «cómo se explica» que en los Presupuestos del Estado de 2023 «baje la aportación económica a la Confederación del Guadalquivir, cuando más recursos se necesitan».

También ha reclamado que no se tomen «decisiones arbitrarias» como el recorte del trasvase Tajo-Segura, que están «sufriendo en el norte de la provincia de Almería, en Murcia y en Alicante», y que «se sustenta únicamente en criterios ideológicos», porque «no hay ningún criterio científico para un recorte que aboca a la ruina a miles de familias en el sureste español».