Estos son los municipios que evitan informar a Hacienda de lo que cobran sus alcaldes o ediles
El Ministerio de Hacienda tiene un listado con 1.104 ayuntamientos que no han facilitado los datos requeridos, pero no se han aplicado sanciones hasta la fecha
Fachada del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. | Wikipedia
El Ministerio de Hacienda actualiza anualmente el sistema de Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA), que es la relación de ayuntamientos que no han facilitado información sobre las cantidades percibidas por los miembros de la corporación municipal. En los datos más recientes, de 2022, aparecen 1.104 administraciones locales que, por diversos motivos, no han informado al detalle sobre lo que cobran sus alcaldes y ediles.
La lista cuenta con ayuntamientos de municipios de todas las comunidades autónomas, salvo Navarra, Ceuta y Melilla, y con un número de población muy diversa. En España hay, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 8.131 municipios, repartidos por las 50 provincias y las dos ciudades autónomas. En consecuencia, los presentes en la lista representan el 13,5% del total de ayuntamientos del país.
Los cuatro consistorios que representan a un mayor número de población y que no han remitido todos los datos al Ministerio son Leganés (187.762 habitantes), Orense (104.596 habitantes), Telde (102.769 habitantes) y San Fernando, en Cádiz, con 94.867 habitantes. Completan el top 10 en función de su tamaño Sant Cugat del Vallès (94.012 habitantes), San Sebastián de los Reyes (90.962 habitantes), Cornellà de Llobregat (89.300 habitantes), El Puerto de Santa María (89.060 habitantes), Coslada (81.273 habitantes) y Granollers (62.475 habitantes).
Municipios por CCAA
La autonomía con más consistorios que no han informado sobre las cantidades percibidas es Castilla-La Mancha (238 ayuntamientos), seguida de Castilla y León (251) y Andalucía (135). En el caso de Andalucía, es también la región con más número de municipios (785, según el INE).
En cuarta posición se encuentra Cataluña, con 88 consistorios que no han facilitado la información. Entre ellos, Sant Cugat del Vallès que es el municipio con menos paros de España, con 94.012 habitantes, y gobernado por un inédito tripartito entre ERC, PSC y la CUP. A la autonomía catalana le suceden Extremadura (69), Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, que empatan con 46 ayuntamientos a los cuales les falta información de algún tipo, País Vasco (33), Galicia (29), Islas Baleares (11), Canarias (11), Principado de Asturias (10), La Rioja (9) y Región de Murcia (8).
En el caso del País Vasco, y tras la polémica por las iniciales listas de EH Bildu con hasta 44 candidatos que habían pertenecido a ETA, siete de los cuales condenados por delitos de sangre, hay en la actualidad 17 consistorios con alcaldes de esta formación que aparecen en el sistema IPSA del Ministerio por no haber facilitado algunos de sus sueldos: Aduna, Alegia, Altzo, Astigarraga, Ataun, Deba, Elduain, Getaria, Idiazabal, Ikaztegieta, Mutriku, Oiartzun, Orio, Segura, Usurbil, Zaldibia y Zizurkil.
En la lista remitida por el Ministerio concretan que la falta de información puede ser en algunos casos en los que únicamente «falta la firma» o se haya incorporado «información dudosa o incompleta», pero que ya se haya solicitado «aclaración». Dicha lista viene ordenada por el tamaño de los municipios. En la cola, con el menor número de habitantes de toda la lista, con un total de tres habitantes, se sitúa Illán de Vacas, en Toledo.
Sin sanciones
En la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, hay contempladas sanciones para aquellas administraciones que no facilitan los datos requeridos.
No obstante, según informan desde el Ministerio de Hacienda a instancias de THE OBJECTIVE, «no se han aplicado en general y por el momento» dichas sanciones.
La orden del Ministerio de 2012 se elaboró en aras del «principio de transparencia» como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas «para la rendición de cuentas y el control de la gestión pública, así como contribuye a generar confianza en correcto funcionamiento del sector público», tal y como aparece en el texto legal publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
