El Gobierno ejerce «fuertes presiones» sobre el TAD por miedo a no poder castigar a Rubiales

«Estamos plenamente convencidos de que la denuncia va a ser atendida. No nos situemos en ese escenario». Con estas palabras el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, descartó el martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) pudiera adoptar una decisión contraria a sus intereses al calificar de grave, y no de muy grave, el comportamiento del presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso. La cuestión es clave porque, en caso de no ser calificado de muy grave, el Gobierno no podría aplicar el artículo 62.2.c de la Ley del Deporte que le habilita para suspender cautelarmente a Rubiales una vez que el TAD incoe el expediente disciplinario. 

Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el Gobierno teme ahora que el TAD no actúe conforme a las expectativas del Ejecutivo porque sus siete miembros «tienen dudas» y se trata de profesionales del derecho, independientes, entre quienes se encuentran magistrados y abogados del Estado, aunque cuatro de ellos fueran nombrados a propuesta del Gobierno. «Es evidente que no lo tienen claro», explican fuentes gubernamentales aludiendo a la demora en su decisión. El TAD estudia desde el pasado lunes las denuncias presentadas por el Consejo Superior de Deportes (CSD). El organismo administrativo solicitó más documentación al Gobierno, que éste envió a primera hora de la tarde del martes.

Temor a una acusación de prevaricación

La inquietud ha ido creciendo en el seno del Ejecutivo a medida que se ha ido demorando su resolución. Sin embargo, en las últimas horas, fuentes socialistas describen la existencia de «fuertes presiones» a los siete miembros del órgano judicial para que la calificación de la infracción sea la máxima posible y no frustre la posibilidad de suspender cautelarmente al presidente de la federación. A principios de semana, el ministerio, el CSD y la Moncloa se mantenían en la más absoluta prudencia porque se trata de un asunto en el que «hay que andar con pies de plomo ante la posibilidad de que los siete miembros del TAD sean acusados por prevaricación».

Más aún conociendo la voluntad de Luis Rubiales de querellarse contra la decisión del tribunal una vez que se produzca, aprovechando las discrepancias existentes entre la Ley del Deporte y el régimen sancionador de la Ley, que, según desveló la Cadena SER, no se ha desarrollado y se corresponde con la anterior norma de 1992. Algo similar a lo que ocurrió con la ley del sólo sí es sí, cuya ausencia de disposición transitoria provocó un vacío legal en la aplicación de las penas a agresores sexuales que derivó en la rebaja de condenas a más de un millar, con más de 100 excarcelaciones. 

La decisión «es inminente»

Fuentes del ministerio evitan oficialmente hacer valoraciones sobre la posibilidad de que no se cumplan sus deseos y se imposibilite la suspensión de Rubiales y piden esperar hasta que se pronuncie el tribunal. Pero desde el Gobierno apuntan a que la decisión «es inminente», que se conocerá en las próximas horas, y que podría no ser favorable a los intereses manifestados por el Ejecutivo. 

Tanto es así que desde Moncloa algunos apuntan a que «la salida de Rubiales de la Federación la tendrá que decidir la Federación» y no el Gobierno, a través de la fórmula de una moción de censura publicada por este diario. Por este motivo, el Ejecutivo intenta ahora rebajar la presión sobre un tema que se había convertido en un asunto político por la presión que se ha ejercido desde las autoridades para forzar la retirada del presidente suspendido de la RFEF y devolverlo al ámbito futbolístico, de modo que se produzca una «profunda remodelación en la Federación». 

Presiones para una «reestructuración profunda»

A ello se refirió precisamente el ministro de Cultura y Deportes desde Moncloa el pasado martes cuando, preguntado por la dimisión de los seleccionadores de fútbol, Jorge Vilda y Luis de la Fuente, confió en la «reestructuración profunda» prometida desde la Federación y esperó «que los hechos acompañen a las palabras». Una diferencia cualitativa respecto al imperativo de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que exigió en la víspera la dimisión de ambos porque «no están capacitados para continuar en sus puestos». Algo que le sirvió para criticar la lentitud del Gobierno y del responsable del Ministerio, que había intentado frustrar Iceta en conversación con Díaz, como avanzó THE OBJECTIVE.

Fuentes del Ministerio de Cultura y Deportes abogaron entonces por la cautela, porque «no es el Gobierno el que puede tomar esas decisiones, sino la Federación» y porque «no podemos meternos en exceso». También explicaron que, una vez que se pronuncie el TAD, habrá una reunión entre el presidente interino de la Federación, Pedro Rocha, y el presidente del CSD, Víctor Francos. Una apariencia de neutralidad que no se corresponde con la realidad, según algunas fuentes socialistas que desvelan que está habiendo presiones por parte del Gobierno para forzar la retirada definitiva de Rubiales y acabar con el «bochorno internacional» de la imagen de España en el exterior.