El Gobierno recupera el Ministerio de Vivienda con el reto de desarrollar la Ley aprobada
Isabel Rodríguez será la cabeza de esta cartera, que Zapatero eliminó en 2010 al remodelar de nuevo su Ejecutivo
La nueva ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez | Diego Radamés (Europa Press)
El nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha recuperado el Ministerio de Vivienda, una cartera que se creó por primera vez en 1957 y que recuperó en 2004 el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, todo ello en un momento en el que abordar el problema que arrastra España de acceso a la vivienda es prioritario.
En un contexto marcado por las recientes subidas de los tipos de interés, que han provocado un encarecimiento de las hipotecas, por los altos precios que registran tanto los alquileres como las viviendas en venta en algunas de las principales ciudades o la limitada capacidad de ahorro de los jóvenes, el nuevo Ejecutivo ha decidido dar más protagonismo a este sector con una cartera diferenciada.
Recuperado por Zapatero en 2004 y eliminado en 2010
Con motivo de la aprobación de la Ley del Suelo, en 1957 se creó por primera vez el Ministerio de Vivienda, que pasó a asumir también competencias de urbanismo y que tuvo a José Luis Arrese como primer titular. Su existencia culminó en 1977 y hasta 2004 no hubo de nuevo un Ministerio de Vivienda. Zapatero lo recuperó en la VIII legislatura y por sus dependencias pasaron tres ministras: María Antonia Trujillo, Carme Chacón y Beatriz Corredor.
En plena crisis económica tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, Zapatero abordó una nueva remodelación de su Ejecutivo poniendo fin, en octubre de 2010, al Ministerio de Vivienda, un área que pasó de nuevo al conocido anteriormente como Ministerio de Fomento bajo una secretaría de Estado.
Con la llegada de Sánchez a la Moncloa la vivienda siguió dentro de Fomento, Ministerio que pasó a bautizarse de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, bajo una secretaría general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura de la que dependían dos direcciones generales diferenciadas. En esta ocasión, el segundo gobierno de coalición de la democracia ha encomendado a Isabel Rodríguez, hasta ahora portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Las retos de Rodríguez al frente del Ministerio
El nuevo Gobierno tiene como tarea pendiente desarrollar lo acordado en la Ley de Vivienda, que entró en vigor en mayo y que aún tiene pendiente definir un índice de precios para regular los alquileres. Después de que la nueva normativa se desbloqueara a las puertas de las pasadas elecciones autonómicas y municipales tras tres años de contactos, tanto el PSOE como Sumar se comprometieron en su acuerdo de investidura a definir con carácter inmediato este índice a fin de identificar las zonas tensionadas.
Pese a ser considerada como la principal medida de la Ley, desde un primer momento ha contado con el rechazo unánime del sector, que entiende que este control acabará reduciendo la oferta de vivienda en alquiler, ya de por sí escasa en muchos mercados, y elevando aún más los precios.
También quedó pendiente para el próximo 1 de enero de 2024 lo relativo a los incentivos fiscales que se aplicarán en el IRPF a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda. Asimismo, es intención del Ejecutivo aumentar el parque público de vivienda para alquiler asequible hasta el 20 % con el foco puesto en los jóvenes y revisar la regulación de los alojamientos turísticos en zonas tensionadas.
Para ello se centra en mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, en viviendas de nueva construcción, en movilizar la vivienda vacía (se quiere crear un registro para saber cuántas hay) y en aquella propiedad de la Sareb. Además, se ha comprometido a desarrollar la nueva línea de 2.500 millones para ayudar a los jóvenes menores de 35 años mediante un sistema de avales del 20% de la hipoteca.
En este nuevo mandato se consolidará el Bono Alquiler Joven como una medida a largo plazo, ampliando su financiación, se habilitarán 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible y la rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética será una prioridad del Ejecutivo, que cuenta para ello con las ayudas europeas.
