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Sánchez y Feijóo pactan que la Comisión Europea medie para renovar el Poder Judicial

Feijóo ha ofrecido al presidente del Gobierno pactar que la Comisión Europea supervise las negociaciones

Sánchez y Feijóo pactan que la Comisión Europea medie para renovar el Poder Judicial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo

Vuelta a la mesa de negociación, pero con mediador europeo. El Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo ha acordado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la Comisión Europea supervise la negociación para la renovación del CGPJ , según han asegurado fuentes populares tras finalizar la reunión de una hora y media que han mantenido en el Congreso de los Diputados. La información ha sido posteriormente confirmada por la portavoz del Gobierno, la socialista Pilar Alegría, quien ha explicado también que el único acuerdo alcanzado ha sido la reforma del artículo 49 de la Constitución para la eliminación del término disminuído, que será sustituido por discapacitado.

La decisión ha venido de un ofrecimiento de Feijóo a Sánchez, según el PP. En concreto, pactan que la Comisión Europea supervise las negociaciones y el acuerdo para renovar el CGPJ con perfiles independientes y cambiar la ley que regula el sistema de elección de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces. El PP ha recordado que la Comisión y el Informe sobre el Estado de derecho en España exigen «renovar el CGPJ con perfiles independientes» y «cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces».

Por eso, para «garantizar que se cumplen todas las condiciones exigidas por la UE, Feijóo le ha propuesto a Sánchez que la negociación y el acuerdo estén supervisados por la Comisión», han señalado fuentes del PP. Según Génova, tanto el PP como el Gobierno ya están manteniendo regularmente reuniones por separado con los comisarios responsables para abordar este tema. Se trataría, han añadido las citadas fuentes, de que «esas reuniones se sigan celebrando pero con las tres partes presentes».

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha indicado que sería una «buena noticia» que puedan recuperar «esa normalidad institucional en el CGPJ». «Son más de 1.800 días en que el PP ha imposibilitado esa normalidad institucional y nos parece un buen punto de partida que la Comisión Europea ejerza ese papel de mediador y verificador», ha asegurado, para saludar este paso para poder «acabar con la anomalía» en el órgano de gobierno de los jueces.

Además, Alegría ha celebrado la «necesaria» y de «justicia» reforma de la Constitución acordada con el PP para eliminar el término ‘disminuido’ del artículo 49 y sustituirlo por «personas con discapacidad». La ministra ha dicho que es una reforma social, de justicia y necesaria para dar respuesta a una deuda que tenía nuestro país, especialmente con las personas con discapacidad, por lo que se ha mostrado convencida de que contará con un «amplísimo consenso de los grupos políticos».

Pide a Sánchez reflexionar sobre el papel de Bolaños

El PP ha explicado que el sistema de trabajo propuesto «pasaría por reuniones a tres en España, y por la presencia en ellas de autoridades públicas comunitarias y de perfil incontrovertible» y ha añadido que Pedro Sánchez «se ha mostrado a dispuesto a aceptar este modelo». Finalmente, el PP ha indicado que Feijóo ha pedido al presidente que reflexione acerca de si el ministro Félix Bolaños, «que ya intentó engañar al Partido Popular», «favorece las posibilidades de entendimiento entre PP y PSOE», según fuentes del PP.

En relación al único acuerdo alcanzado, modificar la Constitución para cambiar el término discapacitado, el pacto ha sido consensuar la redacción de una Proposición de Ley en la que no se contemple la celebración de un referéndum, así como la convocatoria de un pleno extraordinario monográfico con un solo punto del orden del día. Con este acuerdo se frena la posibilidad de que Sumar pueda incorporar la celebración de un referéndum.

En el resto de las cuestiones no ha habido posibilidad de ningún acuerdo, como así aseguró Feijóo, al afirmar que «el encuentro ha respondido a las expectativas, se esperaba poco y se ha conseguido poco. No hemos visto voluntad de rectificación en casi nada».

Compromiso de Sánchez de no cambiar mayorías

Feijóo ha subrayado en su comparecencia que tiene el «compromiso» de Sánchez de que «no va a cambiar las mayorías» ni va a «modificar el número de jueces y magistrado elegidos en el Congreso y el Senado». «Tengo ese compromiso y yo le doy valor porque creo que es una posición del Gobierno que es correcta«, ha apostillado.

Durante la reunión, Feijóo ha reconocido que ha traslado a Sánchez su «desconfianza total» tras lo ocurrido en el pasado porque el Gobierno ha «mentido al PP de forma reiterada». Es más, ha dicho que los avances que habían alcanzado los»tiró por la borda» con el nombramiento de dos ex altos cargos como vocales del Tribunal Constitucional cuando habían pactado entonces que no hubiera personas con vinculación política en estos órganos.

Feijóo ha dicho que, aunque todo eso «condiciona» la posición del PP, es consciente de la necesidad de renovar el Consejo y «profundizar en la independencia judicial». «Mi compromiso es aportar lo que pueda para solucionar esta crisis de la Justicia con garantías, garantías de independencia, como reclaman los jueces, los tribunales y la Comisión Europea», ha agregado.

Fuentes del PP consideran que el día que se pacte la renovación del CGPJ se registraría en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que debe quedar claro que antes de finalizar el mandato de los jueces y magistrados se procederá a su renovación automática, para que no vuelva a repetirse en el futuro esta situación de bloqueo.

Desde el PP creen además que deberían seguir vigentes las elecciones de jueces que se realizaron en el pasado, antes de que se truncase la renovación del CGPJ. Además, en ‘Génova’ creen que el texto de esa reforma de la Ley del Poder Judicial deben pactarlo el PP y el PSOE, sin dar un plazo de seis meses al propio Consejo para que elabore un texto, como se había planteado hace un año por el propio Partido Popular.

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