Los díscolos de Vox en Baleares dieron un ultimátum a Abascal por falta de autonomía
Idoia Ribas solicitó a Ignacio Garriga por carta el cese de la cúpula provincial y el nombramiento de una nueva
La portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas (c), llega junto a sus compañeros a la sesión de investidura. | Europa Press
Lío en Vox Baleares. Los diputados del grupo parlamentario de las islas se han rebelado contra la dirección nacional del partido y han echado a la presidente de la formación, Patricia de las Heras, y al del Parlament, Gabriel Le Senne, lo que ha supuesto que el secretario general, Ignacio Garriga, haya anunciado su expulsión inmediata. El malestar de los cinco díscolos se debe, en última instancia, a su falta de autonomía para gestionar su grupo en la región.
Así lo denunció la portavoz parlamentaria de Vox en Baleares, Idoia Ribas, en una carta que envió este lunes por la mañana a la dirección nacional del partido. En esta exponía pormenorizadamente los motivos que han desencadenado la crisis y solicitaba una serie de medidas, entre las que destacan el cese inmediato de los miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Baleares y el nombramiento de un nuevo. Todo un ultimátum que, desde luego, no sentó bien a la cúpula.
La respuesta a la misiva por parte de la dirección nacional ha sido el cese fulminante de sus impulsores, cinco de los siete parlamentarios baleares. Estos «sujetos», en términos de Garriga, han actuado «movidos por una ambición personal». Quienes «sí representan a Vox», por el contrario, son De las Heras y Le Senne, que cuentan con el apoyo de la dirección nacional. También con el de Jorge Campos, representante por las islas en el Congreso, y con galones en Bambú 12.
La crisis
La crisis se remonta a la tramitación de los presupuestos de las islas para 2024. El Grupo Parlamentario Vox alcanzó un acuerdo con el PP, que permitió incorporar todas las enmiendas presentadas por los primeros. Algunas estaban relacionadas con «actuaciones necesarias» por parte del Govern en diferentes municipios de las Islas, «gracias a que los coordinadores municipales nos transmitieron la necesidad de incluirlas en los presupuestos de la comunidad autónoma».
El pasado 10 de enero Ribas ya había remitido previamente una misiva a Garriga, entre otros, explicándole que «para recoger la información, y ante la imposibilidad de contactar de forma individual con los diferentes coordinadores de las islas, por la premura del plazo para presentar enmiendas (30 de noviembre), esta portavoz organizó tres reuniones grupales, a través de un chat de wasap titulado ‘grupo de coordinación para presupuestos’ en el que los participantes fueron confirmando asistencia en función de la fecha más conveniente para cada uno. A dichas reuniones se invitó a participar también a todos los diputados del grupo».
La primera carta
Sin embargo, «cuando ya habían confirmado asistencia 23 personas, tanto la presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras, como el vicepresidente, Fulgencio Coll, enviaron mensajes en un chat de wasap con 41 miembros, entre los que figuran los coordinadores municipales, actualmente titulado Islas Baleares grupo de trabajo intermunicipal desconvocando las reuniones por «no ajustarse a los cauces estatutarios».
La portavoz parlamentaria de Vox denuncia en la primera carta que «esta actuación de la presidenta y del vicepresidente provocó que el grupo parlamentario sólo pudiese recabar información de nueve municipios, cuyos coordinadores se reunieron con nosotros a título particular, y no en calidad de coordinadores, para no desatender las indicaciones de los dirigentes del CEP. Hasta el día de hoy ni la presidenta, ni el vicepresidente, ni ningún otro miembro de la estructura organizativa del partido ha comunicado ninguna propuesta de actuación por el Gobierno de Baleares en los diferentes municipios a este grupo parlamentario».
A su modo de ver, «el elevado coste de oportunidad que se ha producido es evidente, teniendo en cuenta la posibilidad de prórroga de los actuales presupuestos para ejercicios posteriores, por parte de un gobierno autonómico dirigido en solitario por el Partido Popular». En este sentido, añadía que «hemos perdido una oportunidad histórica de que Vox imponga» al Govern «actuaciones puntuales, necesarias y demandadas por los ciudadanos en todos los municipios de las islas».
Ribas argüía que «revisados los estatutos de Vox no encontramos ningún precepto que impida a diputados autonómicos reunirse con otros miembros de la estructura organizativa para tratar asuntos incluidos en el ámbito competencial del Parlamento autonómico y poder llevar a cabo su labor parlamentaria del modo más eficiente posible». Por ello, «con el ánimo de que esta situación no vuelva a repetirse, en calidad de portavoz y una vez consultado al resto de diputados», pedía una serie de medidas «acordadas por la mayoría del grupo».
Peticiones no atendidas
Entre estas, «modificar cualquier reglamento interno o norma estatutaria que impida que los miembros de un grupo parlamentario puedan contactar o reunirse con cualquier miembro de la estructura organizativa de Vox -en caso de que exista-, por ser manifiestamente dañino para el buen funcionamiento de nuestra organización política y de los grupos parlamentarios, al margen de otras valoraciones sobre su posible inconstitucionalidad por vulneración del artículo 21 de la CE».
La segunda misiva subía la apuesta, y pedía a la dirección nacional de Vox el cese inmediato de los miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Baleares, así como el nombramiento de un nuevo Comité Ejecutivo Provincial «con voluntad integradora y de seguir trabajando por el proyecto que nos une a todos, en aras del interés general de los ciudadanos de Baleares». Sin embargo, en Madrid han decidido expulsar a los diputados díscolos en un movimiento que, según los afectados, les carga de razones en su denuncia de una falta de autonomía.
La falta de autonomía es una crítica recurrente a Vox en las provincias y autonomías, por cuanto la estrategia pergeñada por Bambú consiste en «centralizar» las negociaciones y actuaciones desde Madrid. Esto, en aras de tener un discurso único y una acción coordinada. Si bien en regiones como Castilla y León no ha habido quejas, Galicia y Baleares evidencian el fallo del modelo.
