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Política

El director del hospital Gómez Ulla subleva a los sindicatos al paralizar la promoción interna

El general Areta había llegado a un acuerdo previo para cubrir vacantes, pero ha frenado en seco el proceso selectivo

El director del hospital Gómez Ulla subleva a los sindicatos al paralizar la promoción interna

El general Areta (d) junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles. | Flickr Ministerio de Defensa

El director del hospital militar Gómez Ulla, el general médico Francisco Javier Areta, ha provocado un incendio sindical en el centro hospitalario que dirige, al paralizar la publicación de los listados definitivos de la promoción interna temporal. La dirección del Gómez Ulla había llegado a un acuerdo previo con los representantes sindicales para cubrir unas vacantes.

Para ello, se consensuaron las bases para optar a las plazas y, una vez iniciado el proceso selectivo, el director ha frenado en seco dicho proceso ante «la existencia de discrepancias en la interpretación de las bases entre la Administración y las organizaciones sindicales, sin que haya sido posible alcanzar una interpretación común».

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO publicaron este miércoles un comunicado conjunto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en el que aclararon que durante la baremación de los candidatos hubo una «discrepancia» con la dirección del hospital sobre los méritos de algunos de los participantes. «Los tres sindicatos hemos defendido lo establecido en las bases de la Promoción Interna Temporal, que solo se bareme el tiempo trabajado en Administraciones públicas siempre que sean instituciones sanitarias, junto con la formación continuada relacionada con el puesto al que se opta».

El problema de fondo es que la dirección del hospital quiere que computen también períodos como el servicio militar. Ante la falta de consenso, el general Areta ha elevado una consulta a la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa, que ahora tiene que dirimir esta patata caliente.

«Hasta que no tengamos respuesta, no podemos terminar de resolver las numerosas reclamaciones que como Comisión de Valoración hemos recibido. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que plantea la Administración; una vez conozcamos la respuesta de la asesoría jurídica de Defensa, si no se resuelve a nuestro favor, las tres organizaciones sindicales emprenderemos las acciones que se consideren oportunas en defensa de los derechos de los trabajadores, en cumplimiento de lo establecido en las bases», advirtieron CSIF, UGT y CCOO al departamento de Margarita Robles.

Esas acciones apuntan a la jefa de Personal del Gómez Ulla, la coronel médico Eva Gálvez. Fuentes militares han adelantado a este diario que los sindicatos pedirán la destitución de Gálvez si el conflicto se encona y Areta la sigue protegiendo. «El director ha suspendido el proceso y paralizado la adjudicación por su cuenta y riesgo hasta comprobar un baremo, del que no hay duda de forma unánime entre los sindicatos», alerta un oficial sobre el riesgo de enfrentarse a todos los representantes sindicales desde la dirección del hospital.

«Un elevado número de reclamaciones»

El general Areta señaló en su resolución del pasado miércoles que se había recibido «un elevado número de reclamaciones por parte de los aspirantes en relación con la valoración provisional efectuada», por lo que se hacía necesario «proceder a una revisión individualizada de los expedientes presentados a fin de comprobar la correcta y homogénea aplicación del baremo establecido en la convocatoria».

«En este contexto, y con el fin de evitar que eventuales diferencias de interpretación puedan afectar a la posición relativa de los aspirantes en la relación definitiva de adjudicación, se considera necesario fijar previamente un criterio interpretativo uniforme respecto del apartado de las bases relativo a la valoración de la experiencia profesional», prosiguió el director del Gómez Ulla.

Pinche en la imagen para leer la resolución del director del hospital Gómez Ulla.

Además, Areta justificó su decisión «con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica del procedimiento y evitar posibles revisiones posteriores derivadas de una aplicación no uniforme de las bases». Una resolución para la que «no cabe recurso independiente», de ahí la respuesta conjunta de los sindicatos a sus afiliados.

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