Alvise promete privatizar Canal Sur y poner un sueldo variable por objetivos a Juanma Moreno
SALF quiere dar prioridad a los españoles con las ayudas y eliminar las operaciones de cambio de sexo de la pública
Adrián Yacar (i), candidato de SALF a las elecciones en Andalucía, junto a Luis 'Alvise' Pérez (d). | SALF
El programa electoral de Se Acabó La Fiesta (SALF) para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo incluye la promesa de privatizar los medios de comunicación autonómicos, entre los que está Canal Sur, lo que supondría un ahorro de 163 millones de euros al año, y eliminar «completamente» el impuesto de sucesiones y donaciones que aún se mantiene en Andalucía. La formación antisistema liderada por Luis Alvise Pérez también quiere poner un sueldo variable por objetivos al presidente de la Junta y sus consejeros.
El documento de SALF para las andaluzas cuenta con medio centenar de medidas distribuidas en siete ejes con «compromisos medibles» y «ninguno genérico». En esta ocasión sin los gazapos que había en el texto para los comicios de Castilla y León, donde se incluyeron 15 menciones a los «aragoneses», al ser un documento casi idéntico al de las elecciones previas en Aragón.
El primero de los ejes es el de vivienda, donde Alvise plantea una exención completa de impuestos autonómicos para la adquisición de la primera vivienda y la eliminación de todas las tasas autonómicas para convertir a Andalucía en «paraíso fiscal de quien compra su primer hogar». También se compromete a impulsar una «ley autonómica antiokupación», con desalojo policial en 24 horas y un «endurecimiento legal» para dificultar este fenómeno. Entre las medidas, destaca una deducción en IRPF por ocupación ilegal de una vivienda que será «retroactiva diez años» y reembolsable para rentas bajas, así como una base de datos pública «de okupas e inquiokupas para prevenir y facilitar la reclamación de responsabilidades», junto con la promesa de que «ningún okupa gozará de ayudas sociales en Andalucía».
En cuanto a los impuestos, el líder de SALF reitera su compromiso de un IRPF al 0% para rentas inferiores a los 35.000 euros y una tarifa autonómica exenta de pago para toda renta por debajo de ese umbral. Gracias a ello, «la mayoría de trabajadores y pensionistas andaluces dejarán de pagar IRPF» a las arcas autonómicas. También plantea una cuota cero para nuevos autónomos durante los primeros tres años de actividad y que la Junta financie íntegramente la cuota de la Seguridad Social del nuevo autónomo durante ese período y con régimen progresivo después.
En el apartado de «eliminación de chiringuitos», Alvise propone una reducción del 70% de los altos cargos y asesores de la Junta y el compromiso de fusionar consejerías y direcciones generales «redundantes». Igualmente, promete el fin de las subvenciones a partidos y sindicatos, lo que supondría, según el programa, un ahorro de 17 millones al año. «Cortaremos el grifo del dinero público a organizaciones políticas, sindicales y patronales. Que se financien con las aportaciones de sus afiliados, no con el dinero de todos», se subraya en el programa.
La formación antisistema también se compromete a poner fin a la publicidad institucional y patrocinios «salvo campañas imprescindibles de servicio público», lo que supondría un ahorro de 45 millones de euros al año. En cuanto a la privatización de los medios de comunicación públicos, SALF propone que en la adjudicación de estas empresas se priorice al «adquirente dispuesto a conservar la plantilla». Asimismo, Alvise plantea un «máximo» de ocho años como cargo político y que solo accedan a dicha condición aquellos con los mismos años cotizados previos. «Nadie podrá ocupar cargo público un número de años superior al que haya cotizado antes, con un máximo absoluto de 8», se indica al respecto. Una medida que, en la práctica, impediría el nombramiento de un alto cargo con menos de 30-35 años de edad.
En seguridad ciudadana e inmigración, SALF insiste en diseñar el «mayor plan de deportación de la historia de España». Y para ello, la Junta de Andalucía «identificará a los ilegales y pondrá todos los medios para su expulsión». Una medida que recae en exclusiva en el Gobierno central. En este sentido, Alvise hace hincapié en la «prioridad legal» para españoles y residentes legales a la hora de acceder a ayudas públicas y vivienda. «Por ley, las ayudas autonómicas (vivienda, beneficios fiscales, plazas en guarderías, etc.) se otorgarán prioritariamente a españoles y residentes legales. Fin a los agravios comparativos», plantea en pleno debate sobre la prioridad nacional que Vox ha impuesto al PP para sellar los pactos autonómicos.
SALF lleva a dos policías nacionales —uno en excedencia y otro en activo— en sus listas electorales del 17-M: Adrián Yacar, por Sevilla y como candidato a la Junta, y Ernesto Mira, quien encabeza la lista por Málaga. La formación antisistema promete «10.000 chalecos antibalas y antipunzón interiores, flexibles y certificados» para los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. «Andalucía responderá donde el Estado falle y pasará la factura» al Ministerio del Interior. También se compromete a conceder a ambos colectivos «dietas dignas» con 84,38 euros por alojamiento y 48,66 euros por manutención —en la actualidad son 48,92 y 28,21 euros, respectivamente—, ya que están «sin actualizar desde 2002».
Una sanidad solo para cotizantes
Entre las promesas para combatir la corrupción, destaca un incentivo o «premio del 10% libre de impuestos» del montante económico que se recupere para el denunciante que haya revelado la actividad ilícita. «Al funcionario honrado y al ciudadano comprometido que aporte pruebas, un 10% libre de impuestos del monto recuperado», subraya SALF. En cuanto a la remuneración del presidente autonómico y sus consejeros, estará ligada «a responsabilidad presupuestaria». Para ello, una «parte significativa» del sueldo de Juanma Moreno —si repite en el cargo— y su equipo de Gobierno «dependerá del cumplimiento de estándares» como el no aumento de déficit ni del endeudamiento». Además, habrá un control de horario para altos cargos, «igual que cualquier trabajador» y consultable por cualquier ciudadano, así como una congelación de los emolumentos de los cargos políticos.
Por último, en el apartado de Sanidad, SALF se compromete a abordar un «plan de choque» contra las listas de espera en el que «ningún andaluz esperará más de 30 días por una consulta de especialista ni más de 90 días por una cirugía programable». Para ello, habrá «quirófanos por las tardes, consultas extra y conciertos con clínicas privadas sin coste para el paciente».
Asimismo, Alvise propone «una Sanidad para quien la sostiene», refiriéndose a los cotizantes de la Seguridad Social. «Salvo urgencias inaplazables, no quedará garantizada la atención a nacionales de países que no cooperen», señala la formación antisistema antes de plantear «la eliminación de las operaciones de cambio de sexo de la cartera pública» para el colectivo trans. «En su lugar, refuerzo de protocolos preventivos del suicidio y las autolesiones» en un momento con cerca de 4.000 fallecidos en España al año, concluye Alvise.