Sumar sospecha que el socio de Zapatero busca un pacto con la Fiscalía

Sumar está intentando tener más datos sobre el caso de presunta trama delictiva que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para comprender el nivel de su gravedad. Según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes de la coalición que cogobierna con Pedro Sánchez, sus interlocutores están recibiendo de instancias judiciales la información que apuntaría al interés de Julio Martínez Martínez, el socio principal de Zapatero en la presunta trama, de buscar un acuerdo con la fiscal que instruye la causa, según un esquema parecido al que logró Víctor de Aldama en la causa de las mascarillas. Pero, según afirman las fuentes consultadas, este pacto todavía no se habría alcanzado. Sustancialmente, por decisión de la fiscalía. Estos presuntos movimientos del socio de Zapatero que llegan a Sumar elevan la tensión en la coalición, donde a lo largo de las últimas horas han intentado desligar la figura del expresidente del resto del Ejecutivo.

El caso del rescate de Plus Ultra en 2021, por un total de 53 millones de euros, sería tan solo la punta del iceberg. Este es otro dato que llega a la coalición de izquierdas que sigue apoyando a Sánchez. Así que los partidos asumen que la investigación puede escalar. Y que las claves van desde la información que pueda llegar de Estados Unidos, puesto que el auto de Zapatero tiene su origen en una investigación internacional sobre blanqueo de dinero, hasta la posibilidad de que el socio y amigo, Julio Martínez Martínez, acabe delatando a Zapatero. Martínez fue el responsable de crear lo que se entiende como una red de empresas pantalla para el cobro de comisiones, a través de un mecanismo de informes ficticios pagados a peso de oro. Una verdadera «boutique financiera», según las conversaciones de los implicados en la trama recogidas en el auto de la Audiencia Nacional. Martínez es una de las personas clave en toda la investigación sobre Zapatero que más datos podría aportar sobre el caso.

El auto de la Audiencia Nacional, que se dio a conocer tras la imputación del expresidente el pasado martes, cogió al grupo político de Sumar desprevenido. En un primer momento, los portavoces amagaron con un caso de lawfare, es decir, de persecución judicial contra Zapatero y el Gobierno. Pero a medida que los dirigentes se hicieron con el documento y pudieron leerlo, entraron en una especie de pánico o shock derivado de la sorpresa de los detalles que implicarían a Zapatero en un esquema delictivo a gran escala. «El auto de Zapatero es el más leído de la historia», aseguran las fuentes consultadas para subrayar la relevancia popular que ha adquirido el asunto.

«El auto más leído de la historia»

A partir del miércoles, Sumar ha intentado coordinar una posición común para frenar por lo menos el caos interno. El grupo parlamentario mantuvo una reunión en la que se acordaron dos cosas: revisar el papel de los expresidentes del Gobierno y regular el sistema de lobbies. Pero más allá de la posición oficial, los partidos involucrados han ido moviendo hilos. Su objetivo es y era averiguar por su cuenta, a través de sus contactos, hasta dónde puede llegar la investigación. Y una de sus conclusiones es que los instructores tienen más datos comprometedores de Zapatero. Algo más incendiario de lo que ya ha trascendido, y que apunta al expresidente como el jefe de un sistema para influir en el Gobierno a cambio de recibir comisiones millonarias. Además de los temores sobre las decisiones futuras de Julio Martínez.

El grupo de Sumar quiere «ganar tiempo». Los partidos de la alianza saben que hay sectores internos en llamas, que piden desde hace tiempo alejarse del Gobierno. Pero las direcciones estatales mantienen su compromiso con el Ejecutivo. Sostienen que no pueden figurar como los «culpables» de una crisis de Gobierno, y menos de un adelanto electoral. Todo se mueve con rapidez, y aunque hay preocupación sobre el futuro, los referentes de Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes, Sumar y Compromís han concluido que lo prioritario ahora es pedir avances legislativos sobre lobby y aclarar el papel de los expresidentes: «Reformar el estatuto de expresidentes y regular urgentemente los lobbies».

«Asunto interno del PSOE»

Se trata de un acuerdo de mínimos, centrado en la idea de intentar desligar a Zapatero de la actividad del Ejecutivo. Y evitar que se especule sobre una ruptura o salida del mismo. Aun así, en los partidos de la coalición aumenta la preocupación de que eso sea «solo el comienzo», y que el juez que instruye el caso tenga «más datos» que describan el papel delictivo de Zapatero. También temen que Julio Martínez, el amigo y socio de Zapatero en la trama, acabe ofreciendo más detalles sobre la red delictiva del expresidente socialista. Pero para que esto ocurra es esencial que la fiscalía esté dispuesta a buscar un acuerdo. Y según la información que manejan los partidos de Sumar, todavía no se habría llegado a ese punto.

Las fuentes consultadas sostienen que más por decisión de la fiscalía que por voluntad de Martínez, de quienes sostienen tener información que apuntaría a su interés en ofrecer su versión de los hechos y aportar información a cambio de recibir algún tipo de beneficio en la causa. Todas las miradas de Sumar, en definitiva, están puestas a partir de ahora sobre la fiscal, para saber si puede llegar a un pacto como uno de los principales imputados del caso. Se trata en concreto de Elena Lorente, fiscal de Anticorrupción conocida por llevar el caso de Rodrigo Rato.

A la espera de tener más detalles sobre la investigación, Sumar cree que los socialistas «no dejarán caer a Zapatero». El hecho de que el expresidente haya ejercido un papel tan preponderante y haya sido un referente de las políticas de Sánchez obliga al PSOE a defenderle. Al menos de momento, las palabras de Sánchez confirman esta tesis: «Todo mi apoyo al expresidente Zapatero», dijo el miércoles en el Congreso. Sumar, sin embargo, no quiere formar parte de esa defensa activa. Su objetivo consiste en desligar a Zapatero del Gobierno. Así, el miércoles, el diputado de Izquierda Unida Enrique Santiago dijo que la cuestión de Zapatero es «un asunto interno del PSOE».

Podemos se desmarca

«Mientras no afecte al Gobierno, no es algo que debamos plantearnos», añadió Santiago, para referirse a si Sumar prevé mantener el pacto con Sánchez. Pero insistió: «Desde luego, si se han cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito, claramente». La diputada de Podemos Ione Belarra fue más lejos. Para Belarra, la cuestión sí afecta al Ejecutivo: «Me parece que al Gobierno se le está poniendo muy cuesta arriba, porque, de confirmarse toda esa información, es evidente que eso no se puede hacer sin el Gobierno. El futuro de Zapatero está atado al futuro del Gobierno de España y del presidente».

La investigación sobre el expresidente tiene una clara derivada gubernamental. Su papel en la trama habría consistido en ofrecer su influencia en el gabinete de Sánchez a cambio de comisiones por centenares de miles de euros. Y el caso Plus Ultra sería una de las operaciones exitosas del expresidente, por la que podría haber recibido alrededor del 1% de los 53 millones de dinero público entregado a la aerolínea venezolana. El problema es que ese rescate se autorizó en el Consejo de Ministros de Sánchez en marzo de 2021, así que en Sumar intentan un ejercicio de malabarismo para no involucrarse en la defensa de Zapatero y, sobre todo, evitar que se les señale como responsables del fin de la legislatura. Esto a la espera de tener más datos sobre el caso. «Paciencia y a esperar», resumían algunas fuentes entre los partidos de Sumar.