Sumar admite la «gravedad» de la situación pero blinda su apoyo al PSOE hasta una «sentencia»

Sumar admite la «gravedad» de la situación tras las últimas pesquisas de la Guardia Civil en la sede del PSOE, pero insiste en su línea roja, matizando que no basta con sospechas de financiación irregular sobre la financiación del PSOE, sino que será necesario esperar una «sentencia» para sacar conclusiones. No se trata de una cuestión baladí. La espera dejaría para un horizonte temporal largo la posible ruptura de los socios de Pedro Sánchez que reclama el Partido Popular. Sumar se decanta por una estrategia a lo Poncio Pilato, en la que el grupo plurinacional evitará romper la mayoría necesaria para forzar un adelanto electoral. Todo ello a pesar de que, más allá de la línea oficial, se perciben cabreo y preocupación en las filas parlamentarias, así como cierta preocupación ante el hecho de que lleguen «filtraciones» que dibujen ya un esquema de financiación ilegal del partido del Gobierno.

Varias fuentes parlamentarias de Sumar inciden en que la línea oficial defendida por los grupos (Más Madrid, Izquierda Unida, Comunes, Compromís y Movimiento Sumar) es evitar aparecer como los culpables del cierre de la legislatura. Después de una decena de personas imputadas por varios delitos en casos muy variados de presunta corrupción o tráfico de influencias, Sumar ha concluido que su planteamiento será «aguantar», dejando al PSOE «quemarse», sin mover ficha. Todo ello a pesar de las nuevas imputaciones decretadas por el juez, entre ellas la de la gerente del PSOE, que se consideran para Sumar como asuntos «graves».

El Partido Popular lleva días hablando del papel de los socios de Sánchez. Para el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, la inacción de los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura es sinónimo de participación en el delito. Pero los socios le responden retándole a presentar una moción de censura. Con la legislatura más bloqueada que nunca, el presidente volvió a decir desde Italia en que su intención es llegar a 2027 y agotar el término natural de la legislatura. «Queda un año», dicen también en Sumar, donde intentan forzar a los socialistas a aprobar nuevas medidas de corte social (sobre todo relativas a vivienda y cesta de la compra) para intentar desviar el foco de la polémica.

Malestar en el Congreso

Más allá de las declaraciones oficiales, se mueven las reflexiones entre bambalinas, donde se oyen voces y comentarios más críticos. Fuentes de Sumar sostienen que el grupo parlamentario no está en absoluto unido en la defensa de esa línea oficialista que apunta a la espera de una «sentencia» para mover ficha. El pasado martes, la diputada Aina Vidal se mostró enfadada con los últimos acontecimientos que afectan al PSOE. La diputada catalana evitó hablar de adelanto electoral, pero en su sector sí hay quien sostiene que el Gobierno tendrá muy difícil aguantar hasta el próximo año.

Los sectores que parecen estar más incómodos ante la inmovilidad marcada por los ministros son Más Madrid e Izquierda Unida, según las fuentes consultadas. Ahí es donde se detectan más comentarios críticos con la connivencia con el Ejecutivo, y se empieza a apelar a una «cuestión moral» que, en opinión de estos segmentos, debería llevar cuanto antes a romper o alejarse todo lo posible de Sánchez. Para la izquierda, explican, no se puede solo aparentar defender la tolerancia cero con la corrupción. Máxime porque por primera vez hay formaciones a su izquierda que están aprovechando electoralmente el desencanto popular.

El problema es que Sumar sigue rechazando todo tipo de planteamiento que les exhiba como los responsables de un adelanto electoral. Sostienen que, en realidad, quien más está «quemando» es el Partido Socialista, y que por lo tanto no queda más remedio que esperar. Palabras como «paciencia» y «cautela» se oyen a menudo entre los principales responsables de Sumar y sus portavoces, que creen que, con adelanto o sin él, será el PSOE el que deberá tomar la última decisión. El malestar y la preocupación no hacen sino crecer entre los «cuadros medios y cargos públicos y de partido», revelan las fuentes consultadas. Pero en el Congreso, el núcleo dirigente y todos los ministros han dado la orden de «esperar y ver».

No solo indicios

En la mañana del miércoles, cuando se supo de la irrupción de la Guardia Civil en la sede de Ferraz, todas las miradas se dirigieron hacia la posible investigación oficial de la financiación irregular del PSOE. En Sumar empezaron a temblar las piernas. Poco después, se supo que los agentes buscaban evidencias inherentes al caso Leire Díez y a la existencia de un grupo de presión que actuaba para frenar las investigaciones judiciales que afectaban al PSOE.

Este hecho ha permitido a sus socios respirar y ganar tiempo. «De momento no se ha registrado la sede del PSOE por financiación ilegal», recuerdan desde las filas de Sumar. El temor, sin embargo, es que, por la vía oficial o por la no oficial, empiecen a emerger indicios o evidencias de que el PSOE se ha financiado de forma irregular a lo largo de estos años y que parte del dinero que pudieran recabar dirigentes como José Luis Ábalos, Santos Cerdán o incluso José Luis Rodríguez Zapatero acabara en las cajas de los socialistas para financiar sus campañas electorales. La financiación sigue siendo la «línea roja». Y el mantra es ahora esperar una «sentencia», puesto que los temores de que antes o después salgan indicios que, a lo largo de la mañana del miércoles, ya generaron mucha preocupación entre las filas de Sumar.