El cambio de liderazgo en el SEPE abre un nuevo frente entre el PSOE y Sumar
El conflicto abierto en el Gobierno y las dificultades para encontrar un sucesor obligan a posponer el relevo
La ministra de Trabajo y el director general saliente del SEPE en una imagen de archivo.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social se encuentra en el epicentro de una nueva tormenta política dentro del Gobierno de coalición. Lo que inicialmente se proyectó como una reestructuración interna ha terminado abriendo una profunda brecha entre el PSOE y Sumar. El inminente cese del director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez, ha desatado una cruenta batalla por el control del organismo y por el relato de su gestión, un movimiento estratégico que fuentes gubernamentales enmarcan en una operación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para asegurar su control del Ministerio antes de una eventual salida de la política nacional.
La tensión entre ambas alas del Gobierno ha alcanzado tal magnitud que el relevo de Gutiérrez, inicialmente previsto para materializarse de forma inmediata, se retiró del orden del día del último Consejo de Ministros. La falta de consenso y el malestar socialista han obligado a posponer la decisión unas semanas. Según fuentes conocedoras, el principal motivo del retraso, más allá de la marejada política, es la enorme dificultad que está encontrando el departamento de Díaz para hallar un sustituto con un perfil capaz de asumir las riendas de un organismo tan complejo.
La salida del director general no ha seguido los cauces habituales de la diplomacia institucional. En los pasillos se califica de «cruel» la forma en que se ha gestionado el proceso, optando por una destitución unilateral en lugar de pactar una dimisión ordenada y elegante. Este hecho ha enconado los ánimos en el sector socialista del Ejecutivo, que ha cerrado filas en torno a la figura de Gutiérrez, procedente de la etapa de la exministra Magdalena Valerio, a quien consideran un activo propio y un contrapeso necesario dentro de Trabajo.
El perfil de Gutiérrez es, precisamente, el eje sobre el que pivotan las discrepancias. Mientras que desde algunos sectores se desliza que el director general ha recibido quejas internas y se encuentra además muy significado políticamente con las siglas del PSOE —motivo por el cual Díaz habría decidido acelerar el relevo para poner orden en su departamento—, otras fuentes internas defienden con vehemencia su gestión. Algunas de las personas que han trabajado estrechamente con él lo describen como una persona muy competente y con un perfil marcadamente técnico y solvente. Destacan su profundo conocimiento del sottogoverno de los servicios de empleo autonómicos y su capacidad para resolver crisis de extrema gravedad, recordando que el diseño y la ejecución de los ERTE durante la covid recayeron sobre sus hombros. De hecho, Díaz planeaba destituirlo desde el inicio de la legislatura debido a la falta de sintonía personal, pero la irrupción de la pandemia y el éxito mediático y social de los ERTE —del que la ministra presumía constantemente— hicieron políticamente imposible su destitución en aquel momento.
Sin embargo, los desencuentros soterrados han terminado por estallar en las últimas semanas a cuenta del reparto de competencias y fondos públicos. El último y definitivo encontronazo que ha colmado la paciencia de Trabajo tiene que ver con la gestión de la Formación Profesional (FP). En un movimiento sin precedentes, una partida de fondos finalistas destinados a la FP, valorada en cerca de 20 millones de euros, ha sido asignada por primera vez al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, bajo el control del PSOE, en detrimento del Ministerio de Trabajo. Aunque la cuantía económica pueda parecer menor dentro del presupuesto global del Estado, el simbolismo no lo es.
El seno de Sumar ha interpretado este trasvase como una flagrante intromisión del ala socialista y un menoscabo a las competencias de Díaz, alimentando una cruenta disputa entre la ministra y el propio director general saliente, acusado de alinearse con los intereses de la Moncloa. A este escenario de desconfianza mutua se suma la inquietud por el propio futuro de Díaz al frente de Sumar y del ministerio. En los últimos días, la vicepresidenta ha lanzado insistentes mensajes que sugieren que su etapa en la política nacional está llegando a su fin, algo que ha llegado a verbalizar en encuentros públicos.