El juez Pablo Llarena cuestiona la amnistía: «Lo primero es debatir si cabe en la Constitución»

El juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, ha hablado este lunes sobre la ley de amnistía que reclama el expresidente catalán Carles Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez y ha dicho que el primer debate que debe aclararse es si cabe en la Constitución.

En una conferencia en la Facultad de Derecho de Burgos, Llarena ha insistido en que es pronto para un pronunciamiento sobre esa eventual ley, ya que «hacen falta muchos matices que todavía no están sobre la mesa», y ha indicado que desde una perspectiva académica el primer debate se centra en analizar «si el ordenamiento constitucional permite o no la amnistía».

«Si concluimos que no cabe, entonces el debate se acaba», ha apuntado, pero si se concluye que sí tiene cabida, «entonces hay que mirar si la posible ley es legítima o si se justifica», es decir, que «si no es inconstitucional, si procede».

Y para ello es necesario conocer la exposición de motivos, las razones que la argumentan y si esas respetan las exigencias constitucionales, «si hay una finalidad constitucionalmente legítima que justifica que se desactiven principios constitucionales fundamentales», como la división de poderes o la igualdad, ha indicado el magistrado del Supremo.

Por ese motivo, Pablo Llarena ha insistido en que, ahora mismo, «no puede haber un pronunciamiento», pues «solo sabemos que hay un señor» que ha determinado que existen «indicios racionales de criminalidad» y reclama la amnistía.

Además, Puigdemont «insiste» en que su actuación ha sido legal, ha afirmado el magistrado, pero el procedimiento judicial no lo recoge así, además de que existe un delito de malversación «que no se ha derogado», y se «jacta de que tiene derecho a hacerlo», cuando habla de la autodeterminación.

En su conferencia, que ha llevado por título ‘El poder judicial como garante del Estado de derecho’, Pablo Llarena ha recordado que, siguiendo lo que recoge el artículo 117 de la Constitución, los jueces son responsables, inamovibles, independientes y están «sometidos exclusivamente al imperio de la ley».

El magistrado ha admitido que la independencia de los jueces «genera aristas fundamentalmente en la relación con otros poderes del Estado», y ha advertido de que se está produciendo un «deslizamiento» que hace «perder posiciones de valor» y que esa independencia se «debilite».

Entre los riesgos de ese deslizamiento se encuentra el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está generando «perturbaciones», y forma parte del «ruido» que si bien no perjudica al funcionamiento del sistema sí contribuye a debilitar la percepción social de los jueces.