La UCO desvela el intento de la RFEF para seguir pagando al abogado de Luis Rubiales
Pedro González Segura y Tomás González Cueto habrían maniobrado para pagar al letrado con «dinero federativo»
El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. | Europa Press
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) habría intentado abonar con «dinero federativo» los servicios del abogado Pedro Manuel Jiménez-Poyato Pérez, en defensa del expresidente Luis Rubiales, una vez este dejó la presidencia del ente. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) investiga al que fuera máximo responsable del fútbol español por presuntos delitos de blanqueo, corrupción en negocios y administración desleal.
A través de un oficio de la UCO entregado a la judicatura el pasado 6 de marzo al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los agentes han descubierto que, en un principio, el pago de los servicios del letrado se iba a realizar a través del despacho de abogados González Cueto Legal (GC Legal), dirigido por el exasesor jurídico de la RFEF y también investigado Tomás González Cueto, que fue quien contrató los servicios de Jiménez-Poyato para defender a Rubiales mientras ejercía como máximo dirigente de la Federación.
Sin embargo, los agentes de la UCO revelan un debate interno en el seno de la federación para saber si debían hacer frente o no a estos gastos. Los miembros de la RFEF discrepan, según el escrito de la UCO, sobre si debían seguir financiando los costes en posibles asuntos penales en los que estuviera involucrado Rubiales. En materia civil, el organismo daba por hecho que no debían cubrir ese gasto al tratarse de reclamaciones personales, a pesar de las gestiones del director de Asesoría Jurídica de la Federación, Pedro González Segura, y de Cueto.
Jiménez-Poyato representaba a Rubiales cuando era presidente en distintos procedimientos civiles por parte de GC Legal, que pagaba en un primer momento al abogado. En una conversación intervenida por la UCO el pasado mes de febrero, el letrado le explica a Cueto qué le habían explicado en el momento de su contratación: «Todo lo que salga contra Luis Rubiales, que les cueste la pasta (haciendo referencia al organismo federativo)». El exasesor, uno de los detenidos en la operación del pasado 20 de marzo, le contestó que «era cuando la Federación pagaba», aclarando que habría sido la RFEF quien habría financiado finalmente sus servicios.
El propio Jiménez-Poyato había mantenido minutos antes otra conversación con Rubiales para aclarar que fue contratado por Cueto: «Me pagaba CG Legal, eh, para que lo sepas. No me pagaba la Federación». La UCO deduce que el despacho de abogados que asesoraba a la RFEF le había fichado para representar al entonces presidente en defensa de su honor, es decir, de índole civil.
«Compensar con algún dictamen»
Rubiales indicó al abogado, inquieto entonces por desconocer quién sería el encargado de realizar el pago correspondiente a sus servicios, que Cueto, aún en la Federación, iba «a tratar de compensarle con algún dictamen».
Sin embargo, el director de Asesoría Jurídica de la Federación, Pedro González Segura, y Cueto habrían tratado de abonar los honorarios de Jiménez-Poyato con «dinero federativo», ignorando así la decisión del núcleo interno de la RFEF de no asumir los gastos de procedimientos civiles del expresidente Luis Rubiales, tal y como consta en el escrito.
La UCO investiga cinco cuentas de Piqué
Del sumario al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se desprende además que la UCO investiga cinco cuentas bancarias del exfutbolista Gerard Piqué. En el escrito, comunican a la jueza de instrucción que se han puesto en contacto con la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT) para que aporte datos relativos a las cuentas corrientes y rentas de los ejercicios 2019 a 2022 del exjugador del F.C. Barcelona.
En el citado oficio, los investigadores solicitan al organismo público todas las cuentas bancarias a nombre de Piqué y otros investigados, así como los bienes en el extranjero, rendimientos del trabajo y de actividades económicas, fondos de pensiones y cajas de seguridad alquiladas, entre otras muchas.
Fuentes de la investigación aseguran que es «llamativo» que el 1 de enero de 2022 abriese una cuenta para cerrarla sólo dos meses después, el 9 de marzo de ese mismo año. Las mismas fuentes manifiestan a este periódico que la juez está sopesando imputar a Piqué en esta trama de corrupción, puesto que es poco habitual que se solicite una investigación de estas características a un simple testigo.
