El juicio por el caso Máster ha quedado visto para sentencia en una jornada en la que Cristina Cifuentes ha declinado la última palabra después de que su letrado haya pedido su absolución ante lo que ha calificado como acusaciones «arbitrarias», y la fiscal haya asegurado que la expresidenta presionó en el proceso, pero «no se manchó las manos».
Las declaraciones: «No, muchas gracias, señor presidente», ha contestado Cifuentes este viernes al ofrecimiento del tribunal a decir la última palabra, que también han rehusado utilizar las otras dos procesadas: Teresa Feito y Cecilia Rosado. Así la expresidenta madrileña solo ha intervenido en el juicio durante su declaración del pasado día 22, sin hablar con la prensa ni a la entrada ni a la salida del mismo. En la última sesión del juicio, Cifuentes se ha mostrado más seria y concentrada que en las anteriores, prestando atención especialmente al relato de la fiscal Pilar Santos y de su letrado, José Antonio Choclán.
La representante del Ministerio Público, que solicita tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta, ha incidido en su culpabilidad: «Nada de lo que ha mantenido ha podido ser comprobado». Tras constatar «irregularidades notorias» en el máster, la fiscal ha arremetido contra Cifuentes: «Por su cargo no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le ofreciese una solución. Si la maquinaria se puso en marcha, fue por estas presiones». «Ella sabía que las consecuencias podían ser nefastas» y por eso no hizo llamadas al catedrático Enrique Álvarez Conde o a Teresa Feito, ya que «las formas hay que mantenerlas», según la fiscal. «La única, primera y ultima beneficiaria de ese acta era ella y su carrera política», ha añadido, subrayando que tan pronto como tuvo el acta del TFM la exhibió públicamente, sabiendo que «no se correspondía con la realidad».
Sobre Teresa Feito, para la que la Fiscalía pide la misma pena que para Cifuentes, Pilar Santos ha dicho que es «el epicentro» de trama, en la que «siempre aparecen las mismas personas», especialmente esta profesora, la funcionaria Amalia Calonge, que cambió las notas de Cifuentes en 2014, y el catedrático Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público y quien daba el máster.
Sobre la tercera imputada, Cecilia Rosado, para la que el Ministerio Público solicita 21 meses de cárcel por falsificar el acta del trabajo de fin de máster (TFM), la fiscal ha subrayado su colaboración con la justicia y reclama para ella un atenuante por esa cooperación y por su miedo insuperable a las presiones de Feito y Álvarez Conde.
Por su parte, el abogado de la acusación que ejerce la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha reprochado la actitud de Cifuentes de no pedir perdón y su estrategia de subrayar que también hubo irregularidades con otros alumnos. «No podemos dejarnos engañar; la URJC está por encima de las personas que cometieron irregularidades evidentes», ha dicho el letrado, que ha incidido en que el acta «se fabricó para dar cobertura a un hecho inexistente», y Cifuentes la mostró sabiéndolo.
Durante su alegato, el letrado de la expresidenta de Madrid ha defendido su absolución, porque no se ha acreditado que indujera a la falsificación de su trabajo de fin de posgrado y se trata de una acusación «selectiva y arbitraria». En su opinión no se tenía que haber llegado a juicio y la Fiscalía nunca debió acusar, como no lo hizo con otros alumnos del máster que mostraron «el mismo ‘modus operandi'» y sobre los que se sobreseyó la causa, y ha confiado en que el tribunal repare en su sentencia parte del «calvario de los últimos años» de Cifuentes.
El abogado ha mantenido la versión que ya dio Cifuentes durante su declaración: culpar a la universidad. Ha sostenido que el autor material de la inducción a la falsificación fue Álvarez Conde y que «el proceso para falsificar el acta es más atribuible a la exigencia interna del rector y el vicerrector que a una influencia externa». «Todo se cocinó en el seno de la universidad» con el fin de «lavar la cara», ha añadido.
Por su parte, el letrado de Teresa Feito ha basado su alegato en negar que existiera relación alguna entre su defendida y la entonces presidenta regional o cualquier persona de su entorno y ha trasladado la responsabilidad a los profesores Pablo Chico y Cecilia Rosado, principalmente.
La tercera defensa, la de Cecilia Rosado, ha puesto en valor que esta profesora denunció ante la Fiscalía que había falsificado el acta del TFM de Cifuentes «en el minuto uno», y desde ahí ha dicho la verdad, por lo que pide que se tenga en cuenta la atenuante muy cualificada de confesión y de miedo insuperable y se rebaje la pena en dos grados, de manera que quede en nueve meses de cárcel.
