Las propuestas de los principales partidos en Madrid y Barcelona para acabar con el boom del alquiler

El precio del alquiler está desorbitado, y eso no lo decimos las autoras de este artículo. Tan sólo hay que echar un ojo a los principales portales de vivienda para encontrar ofertas vergonzosas con precios igual que la demanda, por las nubes. De esta forma, con sólo unos pocos minutos navegando por estos portales nos topamos con ofertas del tipo 900 euros al mes por un piso de una habitación de 40 metros cuadrados en el castizo barrio de Chamberí; o un dúplex de 56 metros cuadrados interior por 1.200 euros en el barrio barcelonés de Sants. Por lo que un mileurista en Madrid o en Barcelona podría alquilarse un piso ¡en ninguna parte! Y todo esto sin hablar de los requisitos para entrar a vivir en cualquier vivienda: nómina, contrato indefinido, avalista, fianza de tres meses, y un largo etcétera, incluso, en ocasiones, revisar las redes sociales para «hacer un seguimiento y ver si era compatible», como explicó a The Objective una joven que busca piso en Madrid. Hace unos años con saber si tenías mascota o si eras fumador era más que suficiente para entrar a vivir a cualquier vivienda.

El precio del alquiler en Madrid, Barcelona, Salamanca, Las Palmas, Málaga y Palma de Mallorca ha superado ya el nivel máximo alcanzado antes de la crisis. La primera ciudad española en hacerlo fue Barcelona, que en enero de 2018 registró un precio máximo de 16,26 euros por metro cuadrado, frente a los 14,97 euros que llegó a costar diez años antes, según un análisis realizado por el portal inmobiliario Fotocasa. La siguiente en superar su precio máximo fue Salamanca, con los 7,64 euros por metro cuadrado en mayo del año pasado, seguida de Las Palmas, que llegó hasta los 8,69 euros en junio. Por su parte, Madrid (15,03 euros), Málaga (8,63 euros) y Palma de Mallorca (10,82 euros) sobrepasaron los niveles previos a la crisis en diciembre.

Ante esta situación, de cara a las elecciones municipales del 26-A, recopilamos las propuestas más destacadas de los principales partidos políticos con respecto al alquiler en Madrid y Barcelona.

MADRID

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Más Madrid

• Mix de políticas públicas para el corto, medio y largo plazo: redactando una Ley de Vivienda autonómica para cumplir con el artículo 47 de la Constitución.
• Observatorio de la Vivienda y la elaboración de un índice de precios aumentando el parque de vivienda en alquiler social (pública) y asequible (en cooperación público-social -con cooperativas- o público-privada -con empresas-, mediante cesión de suelo a largo plazo para evitar la despatrimonialización), y movilizando la vivienda vacía mediante acuerdos con los propietarios para su rehabilitación energética a cambio de su incorporación temporal a la bolsa de alquiler público.
• Construcción de 3.000 viviendas de alquiler asequible de 60 metros cuadrados en 30 parcelas municipales.

 

Ciudadanos

• Plan Integral de Transformación Urbana de Madrid. En este sentido, la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, se ha comprometido a «rehabilitar 100.000 viviendas” en Madrid como parte de un programa “sensato, liberal y equilibrado para la capital”. “Necesitamos un punto de inflexión que ilusione y transforme Madrid”, ha señalado durante el Desayuno de Nueva Economía Fórum, incidiendo en “la renovación” y “la regeneración urbana” como baluartes.
• Construcción de 20.000 nuevas viviendas en Madrid. En este sentido, para solucionar el atasco en la concesión de licencias, Mariano Fuentes, asesor de urbanismo y vivienda de la formación naranja, ha propuesto potenciar la ‘declaración responsable’ y apoyar a las Entidades Colaboradoras Urbanísticas o ECUs, “otorgarles un mayor radio de acción”.

 

PSOE

• Bolsa de Vivienda Joven. El candidato del PSOE, José Vicente Hernández ‘Pepu’, propone la gestión integral del parque de vivienda residencial desocupada, «algo muy necesario para la población joven». De esta forma, los socialistas quieren facilitar la emancipación de los jóvenes. Este inventario de vivienda vacía alcanza las 150.000 unidades en Madrid, según el PSOE.
• Creación de un Observatorio de la Vivienda. Mercedes González, portavoz de Urbanismo del PSOE, ha calificado la gestión de las licencias de “agujero negro”. La propuesta de los socialistas pasa por la descentralización. Así, de este trámite se encargarían las Juntas de Distrito, que pasarían a manejar «el 25% del presupuesto del Ayuntamiento”.

 

• 15.000 nuevas viviendas de alquiler a precio tasado. Las nuevas edificaciones se levantarían en terrenos municipales con la ayuda de la iniciativa privada.
• Arbitraje como el mejor modo de resolver los conflictos entre arrendadores y arrendatarios.
• Reducir los impuestos a los propietarios que pongan su casa en alquiler. En este sentido, Paloma García, portavoz de Urbanismo del PP, propuso una bonificación en el IBI  “a aquellas viviendas vacías que se pongan en alquiler”, algo que para los populares podría ser el incentivo para frenar los desahucios.

 

Vox

• Facilitar los trámites para la segregación de los pisos con mayor superficie en apartamentos más pequeños que puedan volcarse al mercado del alquiler.

 

BARCELONA

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Barcelona En Comú

• El establecimiento de una mesa de negociación con las entidades financieras que a día de hoy están realizando desahucios y/o disponen de viviendas vacías.
• Impulsar la cesión al Ayuntamiento de pisos vacíos para fortalecer el parque de alquiler social existente.
• Crear una comisión de estudio para explorar la posibilidad de declarar toda Barcelona como zona de tanteo y retracto con el fin de que el Ayuntamiento tenga prioridad en la compra-venta de inmuebles y los pueda obtener por debajo del precio de mercado.
• Respecto a la polémica relacionada con los apartamentos turísticos, que son acusados de haber encarecido el alquiler en las grandes ciudades españolas, el partido de Colau propone aplicar una moratoria a la apertura de hoteles y apartamentos hasta que no haya una auditoría con participación ciudadana y un Plan de Turismo para toda la ciudad.

 

ERC

• Garantizar el cumplimiento del mandato de solidaridad urbana, lo que supone dedicar un 15% del total del parque de vivienda destinado a políticas sociales en 20 años.
• Ampliar el parque de alquiler asequible buscando mecanismos tanto para garantizar la nueva construcción como para movilizar las viviendas desocupadas.
• Promover y colaborar en aquellas iniciativas que tienen a frenar la especulación, limitar el lucro y promover la vivienda social, la vivienda cooperativa en cesión de uso o la granja urbana.
• Elaboración de protocolos municipales y comarcales de inspección y detección de viviendas vacías, así como un protocolo sancionador con el objetivo de movilizar la vivienda vacía.

 

PSC

• Impulsar el alquiler para jóvenes a través de la rehabilitación de fincas a cambio de crear viviendas públicas de alquiler joven.
• Protección frente al riesgo de aval a jóvenes menores de 30 años para sus alquileres, así como a mujeres víctimas de violencia de género o en situaciones de alta vulnerabilidad o monoparentalidad.
• Estudiar la posibilidad de que, fuera de las zonas comerciales, los locales vacíos puedan conseguir la habitabilidad y, durante los primeros años, se destinen al alquiler social.

 

CUP

• Aumentar el parque público de alquiler social y movilizar las viviendas vacías. La voluntad es hacer prevalecer la función social de los inmuebles y garantizar el acceso a una vivienda digna, además de combatir la especulación de las entidades financieras en materia de vivienda.
• Crear herramientas municipales para la gestión de la vivienda como la oficina local de vivienda o la mesa local de vivienda.
• Crear organismos para que el municipio cuente con viviendas de emergencia para hacer frente a situaciones de emergencia habitacional, como un fondo municipal de viviendas de emergencia, un registro de solicitantes y un reglamento de adjudicación de dichas viviendas, un programa de viviendas de transición y un servicio de atención al riesgo de pérdida de la vivienda.

 

JxCAT 

• Incrementar el parque de protección de alquiler, para lo que se dará preferencia a las administraciones en la adquisición de viviendas, sobre todo de grandes propietarios, así como se expropiarán los suelos privados que formen parte de la reserva para viviendas con protección oficial y que no hayan sido desarrollados por los propietarios.
• Otorgar ayudas públicas a la cobertura de impagos de la renta y ayudas al pago del alquiler.
• Moderar los precios de alquiler de las viviendas libres.

 

Ciudadanos

• Construir 10.000 viviendas nuevas con algún régimen de protección en el plazo de ocho años, un 75% de las cuales será de alquiler asequible.
• Agilizar el proceso de producción y adquisición del suelo para obtener licencias de construcción de vivienda libre con el objetivo de regular a la baja el precio de las nuevas viviendas.
• Promover una mejora legal del marco regulador que ofrezca un entorno jurídico estable para la vivienda social y revisar la norma del 30% de vivienda social obligatorio para las nuevas promociones.
• Redefinir los criterios de acceso a la vivienda pública para incluir factores de temporalidad y de revisión periódica en función de la variación de las condiciones socioeconómicas familiares para una distribución de los recursos más justa.

 

PP

• Construir 8.000 viviendas públicas en cuatro años. 6.000 de estas viviendas se pueden construir en los 100 solares municipales que aún siguen vacíos. 7.000 se dedicarían a la vivienda de alquiler público a precios asequibles y 1.000 a una bolsa de vivienda para situaciones de emergencia social.
• Facilitar que 13.000 locales se transformen en vivienda.
• Crear pactos entre las administraciones y los operadores privados para proporcionar financiación y las mejores condiciones fiscales a las empresas privadas que ofrezcan vivienda de alquiler a un precio asumible para la mayoría de los barceloneses.
• Crear un parque metropolitano de vivienda de alquiler público, dando apoyo a la mejora de los medios de transporte público entre la primera y la segunda corona metropolitanas y Barcelona.
• Prevalecer el arraigo en el acceso a una vivienda de protección oficial y exigir un mínimo de 5 años de empadronamiento en Barcelona para poder acceder a una vivienda de protección.