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Gobierno y oposición acuerdan hoja de ruta para diálogo en Nicaragua

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Foto: MAYNOR VALENZUELA | AFP

El Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega y la oposición han definido una hoja de ruta para negociar, con los altos cargos católicos y evangélicos como testigos. Se rompe así el impasse en el que se encontraban las negociaciones en busca de una salida a la crisis política en el país.

El acuerdo ha sido alcanzado tras cinco rondas de diálogo entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), con la participación del nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, como testigo.

"Se ha aprobado la hoja de ruta", ha anunciado Sommertag en una rueda de prensa en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). Las negociaciones se desarrollan desde el pasado 27 de febrero, y deberían finalizar el 28 de marzo.

Como parte del acuerdo, los negociadores han invitado al nuncio a continuar como "testigo y acompañante internacional" del diálogo. También al cardenal Leopoldo Brenes –presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN)– y al pastor Ulises Rivera –coordinador de pastores evangélicos– como "testigos y acompañantes nacionales".

Brenes ha informado a la prensa de que este viernes dará una respuesta a la invitación, después de reunirse con los 10 obispos de la jerarquía católica en Managua.

El secretario y portavoz del CEN, el obispo de Estelí, Abelardo Matta, ha dicho a AFP que analizarán la participación de la Iglesia católica. La institución sirvió de mediadora en el primer diálogo que el Gobierno abrió con la oposición, en medio de las protestas que estallaron el año pasado, y que no prosperó en junio por la represión del Gobierno contra los manifestantes.

La represión a la ola de protestas antigubernamentales que estalló en abril dejó al menos 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados en países vecinos, según organismos de derechos humanos.

Sin garantes internacionales

La Alianza había pedido la presencia de representantes de la ONU y la OEA como garantes internacionales del diálogo, a lo cual el Gobierno se opuso. Las partes han resuelto que designarán a los garantes "una vez aprobada la agenda" del diálogo. Los observadores internacionales tendrían como misión velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados.

"Necesitamos la presencia de organismos que le den confianza y transparencia al diálogo, tanto a los participantes como a la población", porque "se van a discutir temas cruciales para el futuro de país y los acuerdos que se tomen no pueden quedar en papel mojado", ha afirmado el delegado de la alianza opositora, Ernesto Medina.

La Alianza ha reiterado que su objetivo en estas negociaciones es exigir la liberación de los presos políticos y restablecer las libertades y garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la protesta y la libertad de expresión e información. Demandarán también "reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes".

Elecciones libres

El jefe de la delegación de la ACJD, Carlos Tünnermann, ha declarado que se mantiene en pie la propuesta opositora de adelantar los comicios presidenciales del 2021.

El tribunal electoral de Nicaragua está controlado desde hace una década por funcionarios afines al partido de Gobierno sandinista, igual que el resto de instituciones del Estado.

Por su parte, el Gobierno de Ortega dice ser partidario de restaurar el clima de paz y seguridad necesario para la recuperación económica, golpeada por el clima de protestas y por las sanciones internacionales.

Estados Unidos aprobó en diciembre pasado una ley denominada NICA Act que restringe el acceso a Managua de créditos de organismos multilaterales que ayudaban al Ejecutivo de Ortega a financiar su presupuesto. Uno de esos organismos es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual, según informaciones de la prensa local, facilitó a Nicaragua préstamos por el orden de 1.035 millones de dólares entre el 2014 y 2017.

A eso se añade el colapso de la ayuda venezolana, que entre 2008 y junio de 2018 suministró al gobierno de Ortega más de 4.800 millones de dólares en cooperación petrolera e inversiones.

La previsión para este año es de una caída del PIB del 11% y más desempleo, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un ente independiente. El gobierno, en cambio, prevé una contracción de 1%.

Ortega ha aceptado volver a la mesa con sus opositores en medio del aislamiento internacional que enfrenta su gobierno y la crisis que envuelve a su aliado venezolano, Nicolás Maduro.