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Política

El Salvador se abona a un séptimo mes de estado de excepción tras una nueva prórroga

El presidente Nayib Bukele mantiene restringidas algunas libertades fundamentales de sus ciudadanos para luchar contra las pandillas

El Salvador se abona a un séptimo mes de estado de excepción tras una nueva prórroga

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. | Jose Cabezas (Reuters)

La Asamblea Nacional de El Salvador ha aprobado este miércoles la sexta prórroga del estado de excepción en el país, que cumplirá su séptimo mes bajo el mecanismo que permite al Gobierno salvadoreño a suspender ciertas libertades y garantías, alegando a su lucha contra las pandillas.

Con 65 votos a favor y 12 en contra, el Parlamento de El Salvador ha sacando adelante una nueva prórroga que iniciará el próximo 19 de septiembre y se mantendrá durante 30 días más, como lo ha solicitado este miércoles el Ministerio del Interior.

Como con cada prórroga, el Gobierno ha asegurado que la extensión del estado de excepción sirve para continuar combatiendo a «pandilleros terroristas» y protegiendo a las familias que «día a día trabajan por un mejor futuro».

En los 171 días de vigencia del régimen de excepción, se han capturado a 52.000 personas y se han contabilizado 99 días sin asesinatos, lo que implica una reducción de la violencia, según ha detallado la Asamblea Nacional salvadoreña en un comunicado.

El Salvador, sin muchas libertades

Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.

En concreto, esta medida permite en todo el país la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho de defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en las telecomunicaciones.

Naciones Unidas y organizaciones como Human Right Watch o Amnistía Internacional han mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por las «evidencias graves» de abusos a los Derechos Humanos desde que se adoptó el estado de excepción el 27 de marzo de 2022.

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