Los españoles presos en Guinea Ecuatorial ruegan al Papa que pida a Obiang su libertad

Familiares de David Rodríguez Ballesta y Javier Marañón Montero, los dos empleados españoles de Wayang Teknical encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025 en la temida prisión de Black Beach, han solicitado a León XIV que interceda por la liberación de ambos ante el Gobierno de Teodoro Obiang durante su visita apostólica al país africano, del 21 al 23 de este mes de abril.

Ambas familias han remitido una carta al jefe de la Iglesia católica para darle a conocer la situación de Rodríguez y Marañón, que han sufrido «un deterioro físico» en los últimos meses debido a las condiciones de la prisión y al contagio de enfermedades. «Psicológicamente, están hundidos», subraya un portavoz de uno de ellos a THE OBJECTIVE. También se han enviado copias de la misiva a Felipe VI, al Defensor del Pueblo y a varias instituciones españolas e internacionales.

«Nos dirigimos a Su Santidad con el mayor respeto y profunda esperanza como familiares de los ciudadanos españoles David Rodríguez Ballesta y Javier Marañón Montero, detenidos en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025. Nuestros familiares fueron arrestados en el contexto de un proyecto profesional en el que participaban como técnicos, y desde entonces permanecen privados de libertad en circunstancias que, según la información disponible, resultan profundamente preocupantes», comienza la carta remitda a Roma el pasado 17 de marzo.

Durante este tiempo de encarcelamiento, los dos españoles «han permanecido largos periodos en situación de incomunicación, con acceso limitado a asistencia médica y jurídica, y su estado de salud se ha visto seriamente deteriorado», por lo que en la actualidad existe «un grave riesgo» para la vida de ambos, «quienes, conforme ha manifestado el Parlamento Europeo, se encuentran detenidos arbitrariamente, lo que ha sido igualmente denunciado ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas», con sede en Ginebra.

«Como familias, vivimos con angustia esta situación, especialmente ante la falta de claridad sobre su situación jurídica y las condiciones en las que se encuentran. Nos preocupa profundamente su integridad física y su bienestar, así como el respeto de sus derechos fundamentales», prosiguen los familiares en la carta dirigida al Papa, a quien piden que se interese por la situación de Rodríguez y Marañón durante su estancia de tres días en la antigua colonia española y que, llegado el caso, traslade al Ejecutivo de Obiang «la importancia de encontrar una solución humanitaria a su caso». Precisamente, la madre de uno de los detenidos ha anunciado este jueves que la próxima semana iniciará una huelga de hambre indefinida durante la visita de León XIV al país africano.

Los familiares también enviaron una misiva el pasado 1 de abril al arzobispo Ettore Balestrero, nuncio apostólico ante las oficinas de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), para que interceda por los presos españoles en el citado Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.

«En su calidad de Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, Su Excelencia se encuentra en una posición privilegiada para comprender la gravedad de estos procedimientos y la importancia de garantizar que las situaciones de presunta detención arbitraria no pasen desapercibidas. Creemos respetuosamente que su cargo también le otorga una posición especialmente valiosa para contribuir a visibilizar este asunto y, en la medida de lo posible, para fomentar que reciba la atención que merece», le indican a monseñor Balestrero.

El caso TDT sigue estancado pese a que a principios de año parecía que estaba cerca un desenlace favorable para los presos españoles. El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang, más conocido como Teodorín, puso precio a la liberación de dos ciudadanos españoles. El hijo de Obiang anunció que los abogados de Wayang Teknical, la empresa española adjudicataria del proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT) en el país africano, habían contactado con la Fiscalía «para explorar una vía de negociación que permita poner fin al contencioso judicial en curso, en el que están implicados varios ciudadanos españoles y nacionales».

El hijo del dictador ecuatoguineano se refería a los técnicos españoles, quienes se encuentran detenidos desde hace un año en la cárcel de Black Beach por presuntos delitos de corrupción, fraude y soborno. El Parlamento Europeo exigió a la antigua colonia española su puesta en libertad en octubre de 2025. Un total de seis millones de euros los separa de ello.

Audiencia al embajador español

El pasado 27 de febrero, Teodorín concedió una audiencia a Francisco Javier Conde, embajador español en Malabo, y ese mismo día indicó en sus redes sociales que Wayang Teknical proponía 1,5 millones de euros al Gobierno ecuatoguineano para finalizar la primera fase del acuerdo y, por ende, resolver el encarcelamiento de sus trabajadores. Sin embargo, el hijo del dictador reveló que su país reclama cinco millones para finalizar el proyecto.

Una semana después, Malabo anunció que la empresa española quedaba fuera de la ejecución del proyecto de la TDT en Guinea Ecuatorial y que haría una nueva licitación internacional para la búsqueda de otra empresa. «El informe de la última auditoría realizada por la empresa African Union Communications muestra que, de las 12 antenas instaladas, sólo cuatro pueden ser recibidas provisionalmente por el Gobierno. Y que el porcentaje global de instalación se sitúa en el 72%, con múltiples errores técnicos graves y generalizados», explicó Teodorín.

«De la misma manera, se ha informado que de los 24 generadores instalados, solo funcionan siete; el resto presenta averías graves e irreparables. En definitiva, el 78% de los materiales previstos para la primera fase fueron adquiridos, pero su mala calidad, instalación defectuosa y conservación inadecuada impiden la puesta en marcha efectiva de la red en la mayoría de los emplazamientos», criticó el vicepresidente del país.

Malabo mostró a finales de octubre a los dos españoles de la empresa Wayang Teknical. En las imágenes difundidas por la televisión guineana, se pudo ver juntos a Rodríguez y Marañón durante una comparecencia en enero antes de su detención, por lo que su estado de salud en aquel entonces era mucho mejor que el actual, subrayan familiares de ambos a este periódico. «Los empleados han admitido ser piezas claves en el esquema de corrupción montado para saquear al Gobierno a través del proyecto TDT», indicó en aquel entonces la voz del presentador de la noticia sobre ambos españoles.

En concreto, se apuntó «al pago de comisiones a altos funcionarios» del Ejecutivo ecuatoguineano por parte de Wayang Teknical para el despliegue de la televisión digital terrestre en la antigua colonia española. «La empresa ha recibido a fecha de hoy el 50% de los 20.000 millones de francos CFA (30,5 millones de euros al cambio actual), pero de las 12 unidades a trabajar, solo cuatro podrían ser recepcionadas incluso con deficiencias graves. Ninguna está lista», prosiguió el locutor. Tras ello, se mostró un extracto de una rueda de prensa del fiscal general de la República, Anatolio Nzang Nguema, en la que detalló que la empresa española solo había invertido 3.357 millones de francos CFA (5,1 millones de euros), por lo que los montos están «altamente inflados» debido a las presuntas mordidas. «Tenemos un total de 4.000 millones [seis millones de euros] en sobornos a funcionarios públicos», indicó el funcionario guineano. Esa es la cifra que, en principio, Wayang Teknical debería restituir ahora a las arcas públicas del país africano.

Además, el régimen de Teodoro Obiang puso entonces en busca y captura al también español Roberto Martín Hernández como «principal cabecilla» de la trama. Este último es socio de José Luis Romero Ruiz, el empresario granadino dueño de Wayang Teknical, al que Malabo acusa desde abril del año pasado de los presuntos delitos de fraude y soborno que habrían ocasionado «un grave perjuicio» a la administración pública de la excolonia española. Tanto Martín como Romero se encuentran fuera de Guinea Ecuatorial.

«El modus operandi de la empresa, a través de Roberto Martín, era crear una contabilidad paralela con nombres en clave de personalidades y altos funcionarios públicos que recibían sobornos en el esquema de corrupción creado por ellos para tapar sus verdaderas identidades. Por lo consiguiente, se le requiere ante las autoridades judiciales del país por su colaboración en el pago de sobornos de unos 4.000 millones de FCFA correspondientes a la ejecución del proyecto que, hasta hoy, sigue sin funcionar y solo tiene comprado el 70% del material requerido», explicó Teodorín en sus redes sociales.

La televisión ecuatoguineana, por su parte, dijo que los españoles detenidos «han admitido ser piezas claves en el esquema de corrupción montado para saquear al Gobierno a través del proyecto TDT», ya que tanto David Rodríguez como Javier Marañón revelaron «por qué se habilitó una lista de personas, instituciones y altos funcionarios del Gobierno». Sin embargo, fuentes familiares niegan que Rodríguez y Marañón hayan admitido algún delito. Además, aún no se les ha notificado nada formalmente.

Eso sí, se incluyeron extractos de declaraciones judiciales de ambos. «Yo sé que hubo una reunión al respecto porque me pilló en la oficina. Viene cada una o dos semanas, se va. Hemos tenido reuniones con los diferentes ministros, tanto de Telecomunicaciones como de Información, estando yo presente en esas reuniones. Sé que para liberar los pagos se le dio dinero a alguien. Hay que conseguir que el ministro de turno ayude», relató Rodríguez. Por su parte, Marañón reveló lo siguiente en el interrogatorio: «[Me decían] ‘Javier, hay que sacar tanto de tal cuenta’. Se sacaba y, si eran 20, me devolvían 5. De 25, me devolvían 6 o 7. Unas veces para ellos y otras para cosas de estas de las que he oído», señaló el contable de Wayang Teknical.

Un encarcelamiento infrahumano

El Parlamento Europeo reclamó a mediados de octubre a las autoridades de Guinea Ecuatorial «medidas inmediatas e incondicionales», incluyendo el levantamiento de la prisión preventiva para los dos españoles detenidos por un supuesto caso de corrupción. En una resolución, la Eurocámara condenó las «condiciones inaceptables de detención» y los «malos tratos» infligidos a los presos en Guinea Ecuatorial, reiterando que las autoridades deben garantizar el bienestar de ambos detenidos españoles y respetar su derecho a un juicio justo, atención médica y asesoramiento jurídico. Además, lamentó la «subordinación del poder judicial de Guinea Ecuatorial al régimen» y apuntó a la falta de rendición de cuentas judicial, además de a las torturas y condiciones de encarcelamiento infrahumanas que se dan en el país africano.

Los eurodiputados aprovechan igualmente para denunciar la «persecución continuada de la oposición política» y las graves restricciones a la libertad de expresión y otras violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen de Obiang, en el poder desde 1979. «Las detenciones y reclusiones arbitrarias dañan la reputación del país, disuaden la inversión y la cooperación internacionales, y pueden tener efectos negativos en sus relaciones con la Unión», indicó la resolución en la que se pidió a la Alta Representante Kaja Kallas que, junto a las autoridades españolas, tomase cartas en el asunto y redoblase «los esfuerzos diplomáticos» para desencallar la situación de ambos ciudadanos españoles.

THE OBJECTIVE desveló el pasado mes de mayo que el régimen de Teodoro Obiang había enviado a la cárcel a estos dos trabajadores españoles, uno cordobés y otro granadino, al tiempo que emitió una orden internacional de búsqueda y captura contra Romero, si bien este último nunca tuvo constancia de ello ni se le notificó en ningún momento tal situación.