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La Fiscalía ordena citar como investigados a todos los alcaldes que apoyan el referéndum

La Fiscalía General del Estado ha enviado este miércoles una orden a las fiscalías provinciales de Cataluña para que comiencen una investigación sobre los Ayuntamientos que apoyan la preparación y celebración del referéndum del 1 de octubre. Los fiscales jefe de cada provincia tendrán que citar como investigados a los alcaldes de cada uno de estos Ayuntamientos para que interrogarlos, según informan varios medios de comunicación. 

La Fiscalía ordena citar como investigados a todos los alcaldes que apoyan el referéndum

La Fiscalía General del Estado ha enviado este miércoles una orden a las fiscalías provinciales de Cataluña para que comiencen una investigación sobre los Ayuntamientos que apoyan la preparación y celebración del referéndum del 1 de octubre y sobre cada uno de sus alcaldes. Los fiscales jefe de cada provincia tendrán que citar a los alcaldes de cada uno de estos Ayuntamientos para interrogarlos en condición de «investigado y asistido del Letrado». Los alcaldes ya han contestado a esta orden a través de su portavoz, Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y portavoz de la Asociación de Municipios Independientes, y han asegurado que responderán «en positivo y con tranquilidad».

Los Mossos d’Esquadra deben detener a todos los alcaldes que se nieguen a comparecer. El fiscal general ha dicho a los fiscales provinciales que deben «oficiar a los Mossos d’Esquadra como policía judicial para que la lleven a cabo (la detención) en el plazo más breve posible».

La orden emitida por la Fiscalía especifica que «a la vista del número de municipios afectados, se procederá a dar preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los municipios de mayor población».

La Fiscalía menciona el hecho de que la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia publicó una lista con «un nutrido grupo de alcaldes que ha firmado un decreto para poner a disposición del Govern de la Generalitat los locales municipales necesarios para organizar el referéndum» tras la carta enviada por Carles Puigdemont pidiendo la colaboración de los alcaldes catalanes. Más de 500 alcaldes respondieron a la carta enviada por Junqueras y Puigdemont dando su apoyo a la iniciativa del Govern.

Esta orden llega un día después de que la Fiscalía de Cataluña ordenara a los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil que requisen las urnas y todo el material que permita la celebración o preparación del referéndum de autodeterminación. El jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha acatado esta orden, enfrentándose así a Puigdemont.

La reacción de los alcaldes

Neus Lloveras ha informado de que los alcaldes citados por la Fiscalía se han reunido de forma extraordinaria «tras conocer por los medios que la fiscalía ha llamado a declarar a más de 700 alcaldes por el simple hecho de hacer un decreto político». «Es un hecho sin precedentes, sorprendente, que no se ha visto en otro país», ha añadido Lloveras.

Los alcaldes aseguran que seguirán «al lado de los ciudadanos y trabajando para el 1 de octubre» pues consideran que los catalanes «se deben expresar en las urnas libremente». 

El Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional ha fijado en 48 horas el plazo para que la sindicatura electoral de Cataluña informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la suspensión cautelar de la resolución 807/XI del Parlament catalán. 

El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad «requerir a las personas designadas como miembros de la sindicatura de Cataluña que (…) le informen sobre las medidas que han adoptado para dar cumplimiento a la suspensión cautelar» de esta resolución.  Además, ha acordado ampliar la notificación de esta suspensión a todas las personas designadas para formar parte de las sindicaturas electorales de los territorios de Arán, Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.

Además, ha rechazado el recurso de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y ha reiterado «su decisión de no admitir a trámite la recusación que esta dirigió contra todos los magistrados del TC». El tribunal argumenta que ninguno de los argumentos presentados por Forcadell aportan algo nuevo para modificar la decisión inicial para «inadmitir de plano una recusación cuyo planteamiento y argumentaciones ‘carecían de sustantividad jurídica'».

 

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