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El Senado de Argentina legaliza el aborto voluntario

El Senado de Argentina legaliza el aborto voluntario

Agustin Marcarian | Reuters

El Senado de Argentina ha aprobado en la madrugada de este miércoles un proyecto que permite acceder libremente al aborto hasta la semana 14 de gestación, impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández y que era un reclamo histórico de los colectivos feministas.

Por qué te lo contamos: el proyecto representa un fuerte cambio respecto a la situación actual, en la que solo se permite abortar legalmente si la mujer sufrió una violación o corre peligro su vida, y autoriza la objeción de conciencia de los facultativos que no quieran participar del aborto, pero siempre que deriven con rapidez a las pacientes a otros profesionales que lo lleven a cabo.

El texto, que ya había sido aprobado por los diputados en el Congreso el 11 de diciembre, ha recibido los votos a favor de 38 senadores, 29 en contra y una abstención, tras una sesión de 12 horas y durante la que miles de personas, a favor o en contra de la ley, se han concentrado a las afueras del Congreso a la espera del resultado.

Al conocerse el resultado de la votación, la multitud de personas congregadas a las puertas del Parlamento dentro de la marea verde -como se conoce a los grupos que apoyan la legalización- han lanzado gritos de júbilo y emoción, en contraste con la decepción de los celestes o colectivos provida, que rechazaban su aprobación.

Esta es la segunda vez que un proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo se debate en el Congreso argentino, después de que en 2018 un texto similar pero elaborado por una plataforma civil, lograra ser aprobado por los diputados pero no por el Senado.

Una vez que la ley entre en vigor, toda persona gestante podrá acceder en el sistema de salud al aborto, de forma gratuita y segura, hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese plazo en las dos situaciones ya permitidas hasta ahora.

Las menores de 13 años podrán hacerlo con la asistencia de al menos uno de sus padres o representante legal, mientras que las que tengan entre 13 y 16 solo necesitarán autorización si el procedimiento compromete su salud y las mayores de 16 podrán decidir por sí solas.

La ley aboga además por la responsabilidad del Estado de implementar la ley de Educación Sexual Integral y actualiza además las penas de prisión con las que serán reprimidas las personas que causen el aborto o consientan que se lo hagan fuera del plazo y causales permitidas.

 

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