El Gobierno prevé sustituir la moratoria y los avales ICO por créditos blandos a empresas

El Gobierno español prevé poner en marcha un nuevo paquete de ayudas centradas en créditos blandos a empresas afectadas por la guerra de Ucrania. Según ha sabido THE OBJECTIVE, el objetivo es sustituir el impacto de los avales del ICO, el Fondo de rescate de la SEPI y Cofides y las medidas en materia concursal que, en principio, no se prorrogarán más allá de este 30 de junio, cuando acaba el marco temporal de ayudas establecido por Bruselas para ayudar a compañías afectadas por la pandemia.

Un renovado paquete que se debería activar cuando la Comisión Europea (CE) autorice y acuerde los detalles finales del nuevo marco temporal de ayudas públicas que tendría similares objetivos, pero con una adaptación a los nuevos condicionantes y efectos financieros de la invasión rusa y las sanciones internacionales sobre esta economía.

Si se produce el plácet de Bruselas, estas ayudas se aprobarían -en principio hasta 2022- como una forma de apoyar al tejido productivo frente a la subida de la energía, de los suministros y del deterioro económico que puede generar la guerra en Ucrania. Incluso dependiendo de lo que apruebe la Unión Europea, estas nuevas medidas podrían rescatar algunos de los instrumentos vigentes hasta ahora, pero reformándolos con el objetivo de priorizar los créditos blandos a empresas afectadas.

Nuevo marco de ayudas

El actual marco temporal de ayudas públicas a las empresas europeas afectadas por el impacto de la pandemia está en vigor solo hasta el 30 de junio de 2022, aunque la Comisión Europea ya ha adelantado a los Estados miembro que su voluntad es renovarlo y sustituirlo por nuevas ayudas. Aunque todavía no está decidido en qué fechas se ejecutaría y hasta cuándo duraría.

La propuesta de Bruselas contenida en un nuevo borrador abre la puerta a que los Estados miembro den apoyo temporal de liquidez a las empresas en forma de avales o de préstamos subsidiados y también permitirá a los gobiernos dar ayudas directas para compensar parcialmente los costes «adicionales» y «excepcionalmente altos» del gas y la electricidad. 

Estas ayudas deberían estar disponibles también para compañías que ya se encuentren en dificultad y puedan enfrentarse a problemas «graves» de liquidez debido a las «circunstancias actuales», pero no podrán beneficiarse empresas públicas rusas u otras sancionadas por la UE, dice la Comisión Europea. 

Gran pacto de rentas

El gran objetivo es reforzar la red de seguridad para las empresas que podrían verse afectadas por la crisis ya sea desde el punto de vista de la facturación como de los costes disparados que deberán afrontar a raíz de la escasez de combustibles, energía u otros insumos. Una línea de trabajo similar a lo que se hizo durante la pandemia, aunque con una adaptación a las nuevas circunstancias.

En el caso español, estos créditos se sumarían al plan del Gobierno para paliar los efectos de la invasión rusa en la economía española. Un proyecto que comenzó a esbozar el propio Pedro Sánchez pidiendo hace diez días en el Congreso un «gran pacto» para las rentas, limitando los beneficios de las empresas, pero también los salarios.

Un pacto que de momento no ha tenido el mejor encaje en los sindicatos y en los empresarios. De hecho, la propia patronal CEOE ha indicado que se abren a congelar salarios, pero no a contener los beneficios de las compañías, muy afectadas todavía por los efectos de la pandemia.

Mercado energético

El Gobierno también prometió protección a las familias más vulnerables por el inevitable aumento de los precios de la energía y los alimentos, la aceleración de la transición ecológica y protección a la industria electrointensiva. El Ejecutivo tiene pendiente aprobar, mediante un nuevo Real Decreto-ley, el adelanto de la regularización de la retribución de las centrales del Recore (Renovables, Cogeneración y Residuos) que estaba prevista para 2023 y la prórroga de la rebaja fiscal a la electricidad hasta el 30 de junio.

En la actualidad está vigente un IVA reducido a la electricidad del 10% para todos los consumidores con potencia contratada de hasta 10 kW, ya sean particulares o empresas. Asimismo, está suspendido el impuesto a la generación del 7% y está reducido al mínimo que permite Europa el impuesto especial sobre la electricidad (del 5,11% al 0,5%). También se adoptó en el último trimestre del año pasado la eliminación del 96% de los cargos de la factura de la luz, pero, desde el 1 de enero de este año, el descuento que se aplica es del 32,8%.

También se prevé alargar el recorte temporal de los beneficios caídos del cielo de la energía hidráulica y nuclear, aprobado por el Gobierno en octubre y que suavizó un mes más tarde. Por su parte, según anunció el propio presidente del Gobierno, se compensará el 80% de los peajes para la industria electrointensiva —la gran consumidora de energía— vía Presupuestos Generales del Estado y se establecen medidas de flexibilización en la contratación de gas natural para este tipo de empresas.

Reglas fiscales

Un paquete de ayudas que afectará a todos los sectores y que mayoritariamente será financiado con aumento de déficit y deuda ya que el Gobierno confía en que Bruselas mantenga esta flexibilidad debido al nuevo contexto. Según ya contó THE OBJECTIVE Pedro Sánchez consiguió arrancarle a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, el «compromiso informal» de que las reglas fiscales se mantendrán suspendidas también en 2023 como consecuencia de la economía de guerra que se atisba tras la invasión de Rusia en Ucrania. 

De esta manera, el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que fijaba la obligatoriedad de un 3% de déficit público y el 60% de deuda pública a los estados miembros tendrá que esperar, de momento sine die, hasta retomar su aplicación.

Otra vía de financiación pueden ser nuevos recursos que lleguen desde Europa. Como han informado algunos medios está sobre la mesa comenzar a pedir parte de los 70.000 millones de fondos europeos correspondientes a créditos que se esperaban solicitar a partir de 2024, aunque no es la única vía que se estudia.

Créditos ICO y ayudas de la SEPI

En estos créditos blandos se van a utilizar fondos y remanentes de otros instrumentos que se acabarán o se reformarán. Es el caso del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Hasta la fecha se han aprobado operaciones por valor de 2.040 millones, un 38% del total de los 5.365,5 millones solicitados. Es decir, que incluso si se resuelven todas las solicitudes quedarán 4.600 millones sin utilizar.

En el caso de las líneas ICO, por estas fechas se cumplen dos años del lanzamiento de este instrumento que se lanzó al mercado con dos líneas de 140.000 millones de euros. La primera, de 100.000 millones de euros, destinada a cubrir las necesidades de solvencia del tejido productivo. Y la segunda, de 40.000 millones de euros, con la intención de promover la realización de inversiones.

En una reciente comparecencia el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, avisó de que la línea de crédito avalada por el Estado cuenta aún con 9.000 millones de euros disponibles para financiar a los pequeños negocios que lo necesiten. Tienen hasta junio para solicitarla y todo el dinero que no se utilice se «reciclará» para los nuevos instrumentos.