Ribera no cumple y retrasa a la semana que viene el plan de contingencia energética
La titular de Transición Ecológica asegura que el documento recogerá una serie de «recomendaciones» o de «facilidades» para encauzar el ahorro y la eficiencia
Teresa Ribera. | Europa Press
El plan de contingencia energética no irá este martes al Consejo de Ministros pese a que así lo anunció la semana pasada la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguran fuentes del ministerio a THE OBJECTIVE.
Ribera estaba esperando a que se cerrase un acuerdo a nivel europeo y preveía presentar las medidas de ahorro tras la celebración del Consejo de Ministros de este martes. La titular de Transición Ecológica adelantó el jueves pasado que el plan recogerá una serie de «recomendaciones» o de «facilidades» para encauzar el ahorro y la eficiencia con el objetivo de que tengan un «efecto positivo» en las facturas de los consumidores.
Asimismo, afirmó que en España no se baraja «ningún escenario» en el que haga falta aplicar restricciones de gas de cara al próximo invierno e insistió en que «en ningún caso se contempla ningún tipo de parada, de racionamiento o de limitación». La industria electrointensiva es la que más expectante está ante la incertidumbre de si el plan incluirá obligaciones de reducción de consumo al sector.
La presentación del plan de contingencia energética del Gobierno se iba a realizar por tanto cuatro días después de la celebración del Consejo de Energía, que reunió los ministros del ramo de los Veintisiete para examinar las medidas de emergencia de la Comisión Europea para hacer frente a los altos precios de la energía en el mercado comunitario.
Primeras medidas de ahorro en 50 años
El Ejecutivo dijo que esperaría a la celebración la cumbre comunitaria antes de lanzar su propuesta porque consideraba que lo que allí se decidiera sería clave. «Hasta ahora hemos ido varios pasos por delante del resto de Europa y esta vez preferimos esperar al resultado de la reunión y después actuar», apuntaron desde el Gobierno a Europa Press.
Desde agosto, edificios públicos y comercios tienen que cumplir con límites de temperatura y apagar sus luces por la noche. España ponía así en marcha sus primeras de ahorro de consumo energético en 50 años con la finalidad de cumplir con el objetivo europeo de acabar con la dependencia del gas ruso tras la invasión a Ucrania.
Fue en la década de los 70, durante la crisis petrolífera, cuando se limitó la velocidad de los automóviles en las carreteras y cuando se comenzaron a aplicar los horarios de verano e invierno. Ahora, bajo el Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización y entre otras medidas, está limitado a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles, y se apagan las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas. Todas estas medidas estarán en vigor hasta el 1 de noviembre de 2023.
Por su parte, la UE ha pactó reducir la demanda eléctrica un 5% en horas pico, una tasa a las empresas de combustibles fósiles y establecer un límite al precio al que las productoras de electricidad inframarginales pueden comercializar la energía. Las medidas, que serán formalmente adoptadas por procedimiento escrito la próxima semana, no entrarán en vigor hasta el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y su aplicación se extenderá del 1 de diciembre del presente ejercicio al 31 de diciembre de 2023, si bien Chipre y Malta cuentan con excepciones específicas por su condición de islas energéticas.
La «tasa solidaria» a las empresas intermediarias de combustibles fósiles, como petroleras, gasísticas o el sector del refino fijará una «contribución» del 33% sobre los beneficios obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2023 y que se sitúen un 20% por encima de la media de los últimos cuatro años. Este impuesto se articula como una contribución temporal y el importe recaudado se destinará a hogares vulnerables, a las empresas más afectadas y a las industrias electrointensivas.
Por su parte, la tercera de las medidas acordadas por los países de la UE pasa poner establecer un máximo de 180 euros el megavatio hora (MWh) al precio al que las tecnologías inframarginales, las que producen electricidad por debajo de las productoras de ciclo combinado de gas como las renovables o la nuclear, pueden vender la electricidad en el mercado mayorista. En España se aplica desde septiembre del año pasado y el límite se fija en 67 euros/MWh.
El acuerdo contempla la posibilidad de que los países introduzcan modificaciones como establecer un límite de precios más elevado, utilicen medidas para limitar los beneficios del mercado, establezcan diferenciaciones por tecnologías o apliquen límites a los beneficios en el mercado a otros operadores como los proveedores.
Con este instrumento, que estará operativo hasta el 30 de junio de 2023, se pretende atajar los beneficios extraordinarios de estas compañías de electricidad que se redirigirán a cubrir la factura eléctrica de los colectivos más vulnerables, para lo cual los Estados miembros podrán aplicar las medidas que consideren más convenientes e incluir ciertas flexibilidades para adaptarse a las circunstancias de cada mercado.
Reforma de la tarifa regulada. Como condición para poner en marcha el tope al gas que se usa para la generación eléctrica, Bruselas impuso a España que modifique la metodología de cálculo de la tarifa de la luz regulada (PVPC) para que incorpore referencias basadas en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario. Transición Ecológica tampoco ha cumplido el plazo -tenía hasta 30 de septiembre-. Se espera que la nueva tarifa comience a aplicarse desde el inicio de 2023.
