Díaz resta 2.700 millones a las empresas de la cuota de formación de los trabajadores

La Asociación, Formación y Empresa (AformaE) se ha puesto en contacto con THE OBJECTIVE para denunciar al Ministerio de Trabajo por la gestión que está haciendo de la formación bonificada de las empresas españolas. AformaE mantiene que Trabajo ha propiciado una reforma, a través de la reciente Ley de Empleo, que habilita a la cartera que dirige Yolanda Díaz a quitarle a las empresas cualquier remanente de la contribución que éstas y sus trabajadores hacen mediante las cuotas por formación que quedan reflejadas en sus nóminas.

Se trata de una retención de 2.700 millones de euros acumulados -aunque algunas fuentes empresariales y sindicales hablan de hasta 6.000 millones-, dinero del que hace uso el Estado, y que no revierte en formar a los profesionales, mejorar competencias y permitir, en último término, que los negocios impulsen la mejora en conocimiento de los empleados.

Así lo explica a THE OBJECTIVE José Luis García Guglieri, presidente de la Asociación, quien también señala otra amenaza, y es que las empresas que imparten formación bonificada -y que por tanto luego se puede descontar en costes sociales- «están recibiendo advertencias y propuestas de sanción a cargo del SEPE y de la inspección de la Seguridad Social».

Para García Guglieri, esta actuación por parte del Ministerio que encabeza Yolanda Díaz convierte esa retención de sus cuotas de formación en «un auténtico impuesto al empleo», desde el momento en que la citada reforma de la Ley de Empleo, en su artículo 65, permite dedicar el remanente de la formación a otros fines, siempre que esa cifra supere los 2.000 millones, lo que supone -sospecha el presidente de AformaE- una acción que va encaminada «a desmantelar la formación bonificada por la puerta de atrás por una desconfianza hacia la iniciativa privada, lo que nos apena», señala.

Los obstáculos para la formación bonificada

Cabe recodar que en España existen dos tipos de formaciones: la formación subvencionada -que reciben básicamente sindicatos, patronales y entidades públicas- y la bonificada. En esta última, el dinero para la formación sale de cada nómina de un trabajador por cuenta ajena o de un autónomo, incluyendo para tal menester una cuota del 0,1% del total de su nómina. En el caso del empresario, su contribución es del 0,6% adicional. En total, un 0,7% de cuota, que hace que anualmente se recaude una media de unos 2.100 millones. De ahí que el remanente calculado sea de 2.700, puesto que la reforma de la Ley de Empleo estipula que, a partir de 2.000 millones de euros en cuotas, el resto va a parar a las arcas del Estado a un fondo remanente, de modo que las empresas ya no pueden hacer uso de esa partida.

La queja ya está en el despacho de Garrigues, desde donde se tramitarán las actuaciones a seguir para revocar el uso de una legislación considerada obsoleta por parte de AformaE, al entender que toda esta problemática viene por la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, heredera de una similar del año 2007, que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito nacional, puesto que se trata de un texto «rígido, confuso y susceptible de interpretaciones injustas y perjudiciales», señala José Luis Garcia Guglieri.

Perdida la ocasión de una reforma de la Ley de Empleo que hubiese corregido las lagunas de intepretación de la Ley 30/2015, que permite el intervencionismo del Ministerio de Trabajo en la formación bonificada, AformaE sigue con su estrategia de mantener reuniones con las formaciones políticas para trasladarles esta situación, al tiempo que esperan que algún día llegue la retrasada Ley de Formación, algo que creen que está aparcado, más este año por motivos electorales»..

No obstante, y así se lo harán llegar a los grupos políticos, AformaE propone, que entretanto, los errores interpretativos de las inspecciones del SEPE y de la Seguridad Social a la hora de imponer multas -cuyos procesos acaban terminando en nada, apuntan- podrían corregirse a través de un Orden Ministerial que llevaría «menos tiempo y menos engorro administrativo». En definitiva -explican a THE OBJECTIVE-, una pequeña reforma que corrija este desaguisado, garantice la movilización de los fondos de formación, evite dramas personales por inspecciones erróneas y dedique también una pequeña cuota de 420 euros para formación de autónomos, «los grandes olvidados de la legislación actual», remarca el presidente de la Asociación AformaE, fundada en 2015, y asociada desde 2018 a CEOE, como miembro de la Comisión de Educación Profesional, en la que destaca como representante de la formación bonificada (aquella que las empresas contratan y pagan con sus propios medios, pudiendo luego bonificar total o parcialmente el importe satisfecho en las cotizaciones de la Seguridad Social).

Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude

Hasta ahora, AformaE solo ha conseguido mantener un encuentro con la directora de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, Cristina Fernández González, reunión de la que no sacaron nada concreto, más allá de entender que la asociación tiene que reunirse con instancias más altas.