Hacienda pierde 300.000 euros por no ejecutar una multa al colegio técnico de ‘telecos’

El Gobierno ha perdonado una multa de 309.288 euros al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (COITT) impuesta hace siete años, argumentando que la sanción ya ha prescrito, según los documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Esta prescripción se ha producido pese a que el Ministerio de Asuntos Económicos y el de Hacienda fueron advertidos en una decena de ocasiones por miembros del propio COITT de esta situación y del riesgo de que se quedase sin cobrar por no ejecutar una multa derivada de unas ayudas públicas concedidas en 2011 y revocadas en 2013 por irregularidades en su gestión.

Entre los sorprendentes argumentos esgrimidos para no hacer efectiva la sanción, desde el Ministerio se indicó que la carta solicitando el pago de esta multa se devolvió hasta en tres ocasiones por no ser enviada a la dirección correcta. Una serie de situaciones que los denunciantes de este caso con los que ha hablado este diario —un grupo de colegiados críticos con la gestión de la Junta de Gobierno del COITT— califican de sorprendente. Consideran que no se ha realizado el cobro con diligencia con el agravante de la discriminación que se ha generado en ciudadanos de a pie a los que sí se les exige el pago de cualquier multa.

De hecho, advierten de que en varias cartas enviadas a los ministerios pidiendo información sobre la ejecución de esta multa y advirtiendo de este peligro de prescripción, la Administración les rechazó estos datos alegando que no eran partes implicadas en el proceso. El COITT es una entidad de derecho público, tutelada por el Ministerio de Asuntos Económicos que además comparte presupuestos, patrimonio y directiva con la Asociación Española de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, una asociación privada.

Subvención del Plan Avanza

Para entender esta multa hay que remontarse al año 2011 cuando el COITT recibió 155.000 euros de subvenciones en el marco del Plan Avanza Formación, para realizar el curso titulado Gestión eficiente de la comunicación online en la pyme para el desarrollo de comunidades efectivas y posicionamiento SEO. Una formación dirigida a colegiados y que debía realizar con recursos de la propia entidad.

Sin embargo, en el año 2013 el Ministerio de Industria (encargado por ese entonces de estas ayudas) inició una investigación tras considerar que la formación subvencionada no se había llevado a cabo en las condiciones exigidas. Se descubrió que el curso no fue elaborado por la plantilla del colegio, que se realizó por una subcontrata y que a las personas que supuestamente lo habían recibido «no lo conocían y no recuerdan haber trabajado en él». Es decir, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones no pudo demostrar la realización del curso por lo que la Administración les obligó a devolver las ayudas.

De esta manera, en noviembre de 2014 la Audiencia Nacional falló en contra del COITT -que apeló a la resolución del Ejecutivo- y aumentó la cifra por los intereses en la demora y las costas judiciales, hasta llegar a los 163.000 euros. En diciembre de 2014, el Colegio devolvió este importe íntegro. Sin embargo, en 2015 el Ministerio impuso una multa al COITT por estas irregularidades con una multa de 309.288 euros. Una sanción que después de siete años sin ejecutar ha prescrito y -según las denuncias realizadas a este diario- sin que existiese voluntad de la Administración de cobrar.

Prescripción de la multa

En el documento al que tenido acceso este medio firmado por la propia Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización, se indica claramente que el procedimiento ha prescrito tras la presentación de un recurso de reposición de Javier Medina, decano del Colegio hasta el año 2017 y durante cuyo mandato se pidieron estas subvenciones.

«Con fecha 7 de octubre de 2022 se ha firmado la resolución del recurso de reposición interpuesto por José Javier Medina Muñoz, en nombre y representación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT), en su condición de decano del citado colegio, contra la resolución de 15 de junio de 2015, del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se impone a la citada entidad una sanción de 309.288 euros como responsable de Ia comisión de dos infracciones administrativas de carácter muy grave previstas en los apartados a) y b) del artículo 58 de Ia Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El recurso se ha estimado por encontrarse la sanción prescrita«, indica el documento.

Sin embargo, los colegiados denunciantes siguen manteniendo vivo el proceso y han denunciado a los que consideran responsables por un presunto fraude de subvenciones con dinero público en la gestión de los 154.000 euros adjudicados para los cursos del Plan Avanza. Según indican a este diario, «en defensa de los intereses del colectivo», denunciaron ante los Juzgados de Madrid a los autores de aquella acción. Dicha denuncia se tramitó ante el Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid, y el juicio se celebrará próximamente por el Juzgado de lo Penal número 13 de Madrid, pendiente de fecha y hora.

Fondos europeos

La juez pidió una provisión de 350.000 euros a los encausados, un miembro de la Junta de Gobierno de aquel entonces, junto con otros dos colegiados. Por otro lado, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones no se ha personado ni ha exigido la devolución de 154.000 más 8.600 euros de las costas a los acusados en este proceso, fuera ya de la orgánica de este colegio profesional. De hecho, ninguna de las Juntas de Gobierno que ha habido en el COIT tras los hechos se ha personado en la causa, ni ha pedido responsabilidades o algún tipo de sanción disciplinaria.

El grupo de colegiados que han realizado esta denuncia advierten también a este diario de que durante este proceso, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones ha tenido que provisionar la multa en sus cuentas, con el consecuente perjuicio económico. Por otro lado, advierten de que toda esta situación está privando al colegio de poder optar a ayudas de los fondos europeos Next Generation a las que podrían acogerse, pero que le son vetadas por estar involucrados en este proceso judicial.

Unos hechos que además se conocen a las puertas de unas nuevas elecciones del COITT que se desarrollarán el 31 de mayo y que llevan una década enfrentando a los colegiados. Desde 2011 se han producido cuatro elecciones, de las que dos de ellas han sido anuladas y otra ha estado envuelta en acusaciones de irregularidades. En todas ellas se ha enfrentado el oficialismo liderado por José Javier Medina y sucesivos colegiados a los que ha apoyado; frente a una lista rebelde vinculada al sector crítico y que nunca ha podido lograr el triunfo.

Elecciones del Colegio de Ingenieros

Actualmente, la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones está liderada por Mario Cortés, que en su momento fue apoyado por José Javier Medina. Por otro lado, se enfrentan en los comicios la lista de Luis Miguel Chapinal -que apoyó también a Cortés y que fue miembro de la candidatura de 2015 de Medina- frente a la opción de Luis Panizo y Joaquín Román, vinculada a los rebeldes que exigen responsabilidades en las ayudas del Plan Avanza.

Esta segunda lista también denuncia que sus rivales han intentado imputar su candidatura y anular el proceso electoral, una situación que ya se produjo en 2017, con una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de por medio. Este 2023 se realizarán nuevamente las elecciones con la particularidad de que la lista oficialista ha incorporado a anteriores candidatos que en el pasado lideraron la alternativa de los rebeldes.