El Gobierno reconoce que RTVE estaba en riesgo inminente de «causa de disolución»
Tras el decreto de rescate a la corporación, el Ejecutivo da la razón a los consejeros que se negaron a firmar las cuentas
Radio Televisión Española.
El Gobierno ha reconocido formalmente que la modificación -vía decreto ley- de la Ley de Radio Televisión Española se ha producido ante el riesgo evidente de la que la corporación pública entrase en «causa de disolución».
Según la memoria del análisis de impacto normativo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el real decreto-ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros para que los impuestos no deducibles por RTVE se consideren coste del servicio público «no tiene impactos significativos sobre la economía general» ni sobre la competencia.
Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce en el propio documento que la corporación presentaba un riesgo real de desaparición jurídica arrastrada por los problemas financieros. El texto detalla que el patrimonio neto de RTVE a 31 de diciembre de 2025, sin incluir ninguna provisión derivada de las contingencias fiscales por IVA, asciende a 823 millones de euros. «El registro de una provisión, como consecuencia de un cambio de estimación del riesgo en dichas contingencias por parte de sus auditores, implicaría que su patrimonio neto se viera disminuido en 941 millones de euros y arrojase un importe negativo de 118 millones de euros, y entrase, por tanto, en causa de disolución», advierte el texto.
Maquinaciones contables
De este modo, el propio Ejecutivo da la razón a los consejeros de RTVE que se negaron a firmar las cuentas del ente público y que durante varios ejercicios han advertido de maquinaciones contables que ocultaban la verdadera situación financiera de la corporación.
El Gobierno señala que el objetivo de esta reforma es «paliar de forma urgente las consecuencias económicas que genera la incertidumbre financiera a causa de los nuevos pronunciamientos judiciales sobre la sostenibilidad financiera de este servicio público esencial». Para lo cual, considera que «no hay otra alternativa». En este sentido, apunta que de no adoptarse la medida que expresamente identifique estas cantidades como parte del coste neto por compensación del servicio público, «procedería la necesidad de reponerla patrimonialmente». «Esta reposición podría oscilar entre 300 millones de euros, con una reducción muy importante de su capital social, o 900 millones de euros, si se opta por mantener el actual».
Como ya señaló THE OBJECTIVE, el decreto del Gobierno supone en la práctica una «amnistía contable» cercana a los 1.000 millones de euros. Las fuentes consultadas por este periódico señalan que la modificación exprés de la ley es un «rescate público» preventivo que tiene precisamente como objeto salvar a la corporación de una causa de disolución ante la «quiebra oculta» en las cuentas de RTVE.
El decreto se lanzó ante una más que probable sanción a RTVE por impagos en el IVA, una causa que se encuentra en la Audiencia Nacional y que, de resultar desfavorable —como es previsible—, supondría la quiebra de RTVE que ahora reconoce el propio ejecutivo en la memoria del análisis de impacto de la norma.
El Ejecutivo sostiene que el cambio de normativa que se aprueba permite mantener el valor actual del patrimonio neto de RTVE al «neutralizar el impacto del eventual coste de los impuestos no deducibles sin ser ya necesario registrar provisión alguna, siendo válido el importe de 823 millones de euros como imagen fiel de su patrimonio y, en consecuencia, no entraría en causa de disolución, y por tanto, ya no sería necesaria la reposición patrimonial señalada anteriormente».