El decretazo de la Ley de RTVE es una «amnistía contable para tapar la quiebra oculta»
La reforma urgente de la ley de financiación rescata a la corporación de un agujero de más de 1.000 millones
José Pablo López, en su comparecencia ante la comisión del Congreso. | EP
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el Real Decreto-ley 16/2026, en el que justifica la modificación exprés de la ley de Radio Televisión Española (RTVE) con el fin de «garantizar la prestación del servicio público» encomendado a la corporación. El decreto, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, introduce un nuevo artículo en la ley que señala que los impuestos que no resulten deducibles tendrán la consideración de coste del servicio público audiovisual estatal, de manera que RTVE podrá contabilizar en ese apartado esos impuestos, que pasarán a ser compensados por el Estado y serán incluidos en la retribución que recibe la corporación pública.
Fuentes del sector consultadas por THE OBJECTIVE añaden que la norma supone en la práctica una «amnistía contable» cercana a los 1.000 millones de euros. Se trata, aseguran, de un «rescate público» preventivo y por decreto que tiene como objeto «salvar a la corporación de una causa de disolución» ante la «quiebra oculta» en las cuentas de RTVE.
Con la aprobación del decreto, «Hacienda se pone la venda antes de la herida» ante una más que probable sanción a RTVE por impagos en el IVA, una causa que se encuentra en la Audiencia Nacional y que, de resultar desfavorable —como es previsible—, supondría la quiebra de RTVE, cuya deuda en las últimas cuentas validadas —las de 2025— alcanzó los 940 millones de euros.
La deuda que RTVE mantiene con Hacienda aumenta a un ritmo superior a 100 millones por año en los últimos ejercicios, por lo que hay estimaciones que señalan que supera con creces los 1.000 millones. Sin embargo, la dirección de la corporación se negó a provisionar esta deuda en las cuentas, así como a contabilizarla en el pasivo, como exigen las leyes contables. De ahí que varios consejeros de RTVE se negasen a firmar las cuentas del ente público.
Validación de las cuentas
Tanto en 2024 como en 2025, los cuatro consejeros de RTVE propuestos por el PP se negaron a firmar las cuentas de la Corporación ante la negativa del presidente, José Pablo López, a rectificar y contabilizar como pérdidas la deuda que RTVE tiene con Hacienda por el conflicto de las deducciones del IVA. Finalmente, las cuentas salieron adelante con el voto favorable de los otros 11 consejeros, nombrados por el PSOE y sus socios de Gobierno.
La aprobación del real decreto da la razón a los consejeros díscolos, que pidieron en su momento una junta de accionistas para tratar esta problemática. En la publicación de la norma en el BOE, se reconoce que «resulta necesario y urgente incorporar una previsión legislativa que permita a la CRTVE reflejar en sus estados financieros el derecho a percibir del Estado, como parte de la compensación por la prestación del servicio público, el importe de los impuestos soportados no deducibles, posibilitando así su adecuado reflejo en las cuentas anuales a aprobar en el primer semestre de 2026 y garantizando la preservación de su equilibrio patrimonial». Se trata en la práctica de una confirmación de que las cuentas anuales no debieron ser firmadas.
De este modo, las fuentes consultadas destacan que los consejeros que sí firmaron las cuentas lo hicieron a sabiendas de su maquillaje contable. La Ley de Sociedades establece que los consejeros son responsables de las deudas si no actúan pidiendo acciones encaminadas a conseguir el equilibrio financiero.
Según la normativa vigente, cuando una empresa sufre pérdidas que reducen su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, se considera que está en causa legal de disolución. Además, los administradores y consejeros responden solidariamente con su propio patrimonio de las deudas sociales si la empresa entra en causa de disolución y no actúan diligentemente para restablecer el equilibrio financiero o liquidar la sociedad.
Con el nuevo decreto, señalan, Hacienda ha salido al rescate de la dirección de RTVE y de los consejeros firmantes «intentando salvar las maquinaciones contables» de los últimos ejercicios. En lo que califican de «actuación sin precedentes», el Gobierno ha intervenido para que el Estado devuelva a RTVE lo que la corporación va a tener que pagar vía impuestos.