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El Congreso aprueba el acuerdo CETA con la abstención socialista

El Congreso español ha aprobado este jueves la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA) con la abstención del PSOE, que ha justificado su postura como un «toque de atención» ante el «nuevo marco europeo» que dice que se está abriendo y en el que es necesario «revisar los tratados» con el objetivo de buscar un comercio internacional más justo.

El Congreso aprueba el acuerdo CETA con la abstención socialista

El Congreso español ha aprobado este jueves la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA) con la abstención del PSOE, que ha justificado su postura como un «toque de atención» ante el «nuevo marco europeo» que se está abriendo y en el que es necesario «revisar los tratados» con el objetivo de buscar un comercio internacional más justo.

El cambio de voto de los socialistas, decidido por la nueva dirección del partido, ha sido duramente criticado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y por Ciudadanos, que han acusado a los socialistas de mantener una posición antieuropeísta en contra del progreso.

El PP y Ciudadanos han defendido que el tratado abrirá las puertas a las pymes españolas y que podría tener un impacto anual positivo de 12.000 millones de euros en la Unión Europea y de 8.000 millones de euros en Canadá. El portavoz de Exteriores del Grupo Parlamentario Popular, José Ramón García Hernández, ha afirmado en el Congreso que  «el libre cambio que recoge el espíritu europeísta es lo único que ha sacado de la pobreza a millones de personas en el siglo XXI», según ha informado el PP a través de un comunicado.

García Hernández también ha preguntado al bloque no europeísta sobre qué es lo que no le gusta del CETA, «si es que Canadá sea una de las naciones más prosperas del mundo, que lo sea España, que la UE, en la línea de la Estrategia Europea 2020, busque socios para ampliar su mercado, o que el 91% de las empresas exportadoras a Canadá son PYMES».

No obstante, el acuerdo ha contado con la oposición de diferentes grupos de izquierdas que consideran que se ha negociado de manera opaca y redactado para beneficio de las multinacionales. El «no» ha estado capitaneado por la coalición de izquierda Unidos Podemos, por considerar que amenaza los derechos económicos, medioambientales y de los ciudadanos.

El portavoz de Exteriores y diputado de Podemos por Madrid, Pablo Bustinduy, ha asegurado que el partido seguirá  trabajando hasta parar el CETA. «Con la soberanía popular no se comercia. Nuestros derechos no están en venta», ha dicho.

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Iñigo Errejón, ha mostrado su apoyo a Bustinduy a través de la red social Twitter.

García Hernández ha lamentado el rechazo de algunos grupos a este Tratado de Libre Comercio, especialmente el del PSOE, porque «Podemos ya tiene a sus votantes en la jaula de radicalidad que no les permite escuchar los mensajes atrapados en sus redes sociales», y se ha referido a Podemos como aquellos que «se disfrazan del neoproteccionismo social pero no defienden a nadie, sólo defienden su ideología, como en Venezuela».

La Comisión Europea defiende que el CETA permitirá a las empresas de la UE acudir a las licitaciones de contratos públicos canadienses y ofrecer sus servicios en el país, una apertura que no afectará a los servicios públicos. El organismo europeo asegura también que el acuerdo con Canadá protege la legislación y el cumplimiento de las normas europeas, los servicios públicos y prohíbe vender en Canadá imitaciones de 143 especialidades gastronómicas europeas, características de determinadas zonas o regiones, según informa Efe.

Entre los puntos más controvertidos de este acuerdo se encuentra el sistema de tribunales privados de arbitrajes, conocidos técnicamente como ICS y previstos para resolver los litigios entre inversores y Estados de forma que se estandaricen marcos normativos y se aceleren las sentencias. Los movimientos antiglobalización creen que se trata, en realidad, de un sistema que coloca en manos privadas con intereses oscuros la capacidad de los Estados de administrar Justicia.

El CETA, aprobado por la UE y Canadá en octubre de 2016 después de años de negociación, debe ser revalidado por todos los parlamentos de los países miembros de la UE y Canadá para entrar en vigor.

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