Las reglas de las prostitutas

Hace algunos años Natalia Ferrari decidió responder algunas preguntas sobre su desempeño como prostituta. Una de las inquietudes de sus lectores era la de saber cómo podía trabajar los días en los que menstruaba. Habla Ferrari: «La forma más común de manejar la menstruación en el trabajo es usar una esponja menstrual… Afirman que puedes retirarlas con facilidad, pero yo me he encontrado un par de veces en urgencias al ser incapaz de llegar a ella con mis dedos… Su eficacia es cuestionable… Otra opción es compartir con el cliente que estoy con la regla y ver qué les parece. Les suele parecer que mejor lo dejamos para otro día. Algunos hombres son más comprensibles que otros con respecto a la menstruación y nos les supone un gran inconveniente… pero para otros es una experiencia traumática. Sí, maravillosa fragilidad masculina… Mis clientes pagan por recibir la experiencia que prometo, y en ella no se incluye sangre». 

¿Podrán las mujeres que se dedican a la prostitución acogerse a la baja por «dolores menstruales incapacitantes» que finalmente se ha incluido en el Anteproyecto de reforma de la ley 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva (la conocida  como «ley del aborto»)?

La respuesta la han dado los tribunales del orden social en múltiples ocasiones: no. No, sencillamente, porque la prostitución no es ni debe ser considerada como un trabajo puesto que la causa del contrato es ilícita por contraria a la moral (artículo 1275 del Código Civil). Consideren el caso, ya antiguo, de la prostituta que fallece en accidente de tráfico cuando regresaba a su domicilio en la furgoneta que el dueño del prostíbulo ponía a disposición de las mujeres. Un típico caso de accidente laboral in itinere que habría generado a sus dos hijos, que quedaron huérfanos, el derecho a percibir una indemnización. No en este supuesto. 

Esta semana, en medio de incertidumbres y una bronca nada discreta entre el PSOE y sus «socios» de «coalición de progreso», ha avanzado en el Parlamento el Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, la conocida como ley del «sólo sí es sí». Con la grandilocuencia adanista y bancarrota sintáctica a la que ya se nos ha acostumbrado en esta legislatura, el texto del proyecto se abre con el siguiente párrafo: «La ciudadanía supone el ejercicio de todo un conjunto de derechos humanos ligados a la libertad y a la seguridad, que están íntimamente relacionados con la libertad de movimiento y de uso de los espacios, pero también con las relaciones personales y la capacidad de decisión sobre el propio cuerpo». 

¿Libertad de uso de los espacios, con las relaciones personales y la capacidad de decisión sobre el propio cuerpo? No para las prostitutas. De hecho, la discordia entre las dizque feministas del PSOE y las de Podemos que a punto estuvo de arruinar el proyecto, ha traído causa de la re-introducción en el proyecto de ley de la conocida como «tercería locativa», es decir, el castigo penal hasta con 3 años de privación de libertad a quienes con ánimo de lucro y de manera habitual destinan un inmueble, local o establecimiento, o cualquier otro espacio a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona, una norma originaria del Código Penal de 1973 (¡Franco! ¡Franco!). Imaginen las condiciones en las que miles de prostitutas accederán al alquiler de un espacio si el arrendador o arrendatario conoce o sospecha su dedicación y pende la sombra del castigo penal. El corolario no es difícil de atisbar: «Las putas, a la calle». Y en la calle a ser multadas por ejercer la prostitución, claro. Un maravilloso bucle emancipatorio escasamente sentimental. 

Hubo un tiempo en el que una consideración como esta (¿feminista?) pesó lo suficiente como para que el PSOE propiciara la derogación de la «tercería locativa». Habla el diputado socialista Pedro Jover Presa en el Parlamento el 2 de junio de 1995: «También… [comete] delito con el Código Penal vigente – ¡fíjense ustedes, qué barbaridad!- la persona que arrienda un inmueble a otro para que en él cree o monte un negocio de prostitución. ¡Qué barbaridad!… nuestra posición en este sentido es que si el hombre o la mujer que ejerce la prostitución lo hace como consecuencia de una decisión libre… ahí no hay por qué extraer consecuencias delictivas… sería tremendamente absurdo… que en esos casos… no sea delito para el hombre o la mujer que la ejerce, pero, en cambio, sí es delito para aquel que le facilita esta actividad, le contrata». 

El PSOE de 2021 considera que la decisión de dedicarse a la prostitución no es nunca una decisión libre y que no cabe más que la «abolición». La prostitución – se entiende que sólo la de las mujeres- no puede «desligarse» de la trata, es la forma más terrible de violencia contra las mujeres, incompatible con la democracia y los derechos humanos, Carmen Calvo y la ponencia marco del 40 Congreso del PSOE (octubre 2021) dixit. 

El PSOE anhela una sociedad «… donde las mujeres y las niñas no sean prostituidas [¿los hombres sí?]…» y quieren «… construir una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y niñas no sean objetos de consumo» [¿los de niños y hombres?]. Con ese objetivo, y tras la decepción por no haberse ampliado el delito de proxenetismo en la ley del «sólo sí es sí», el PSOE ha presentado una proposición de ley para que se modifique el Código Penal en el dicho sentido «abolicionista». Así, siguiendo el llamado «modelo nórdico», se establece una pena de multa para quienes «convengan la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico», pena que se convierte en prisión de uno a tres años cuando la persona que presta el acto de naturaleza sexual es menor o se encuentra en situación de vulnerabilidad. De otra parte, se propone mantener la «tercería  locativa» y se amplía el concepto de «proxenetismo» no limitándose a la actividad consistente en lucrarse explotando la prostitución ajena aun con consentimiento (el conocido como «proxenetismo no coercitivo») sino a cualquier facilitación de la prostitución con ánimo de lucro que podrá ser castigada hasta con 3 años de cárcel. En su exposición de motivos el PSOE aduce que la anterior definición del tipo penal «… ha llevado a una total inaplicación de este precepto y, en la práctica, a la impunidad total del proxenetismo».

Había razones para ello, como ha estudiado con tino y sagacidad la penalista Mariona Llobet Angli. Si recuperamos el ejemplo trágico de la prostituta que falleció in itinere en Baleares, quien conducía el vehículo será considerado «proxeneta», así como el guarda de seguridad que vigila el local o incluso la señora de la limpieza. En Suecia hasta quien comparte piso con la prostituta se arriesga a ser tenido por tal y sancionado. Así que, ni días por menstruación, ni indemnización alguna en caso de accidente laboral con resultado de muerte y posible pena de cárcel para el conductor que se lucra facilitando el traslado de las mujeres al prostíbulo. 

Recuperemos también la premisa: no hay distinción entre prostitución «consentida» o no «consentida». ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Es sólo porque lo que induce o provoca tener una relación sexual con otra persona es el dinero? Pero entonces habría también de tenerse como no consentida la relación sexual de quienes se dedican al cine porno. ¿Se violan mutuamente los actores? Si toda mujer u hombre que se prostituye lo hace sin que medie en ningún supuesto un consentimiento válido, ¿todos los clientes son agresores sexuales? ¿A qué entonces una mera multa? ¿Se multará también a los hombres y mujeres que, dada su discapacidad, frecuentan a los llamados «terapeutas sexuales» para lograr así satisfacer su pulsión sexual? ¿Y cómo no castigar también por agresión sexual – mediata- a quienes hoy solo entendemos como «proxenetas»? Reparemos de hecho en el supuesto que antes he mencionado, el castigo para el cliente que conviene servicios de prostitución con una menor: 3 años de cárcel, de acuerdo con la propuesta presentada por el PSOE. ¿Cómo hacer coherente ese castigo con el previsto para la agresión sexual genérica cuando la víctima es menor de 16 años que acarrea en el Código Penal vigente una pena mínima de 8 años y puede elevarse hasta los 12?

Y a todo esto: ¿qué piensan las prostitutas? ¿Se tiene en cuenta su perspectiva o enfoque, su «razón situada»? La respuesta es muy sencilla: no. Con el expediente de ser en todo caso víctimas de la explotación patriarcal y de que su oficio es indigno, a las prostitutas, a los trabajadores sexuales en general, que anhelan buenas «reglas» para poder desempeñarse dignamente, sencillamente no se les escucha si es que no se les vitupera. A ellas no se las multará pero su opinión, sus reivindicaciones y propuestas nos pasarán de largo porque su condición de sujetos se ignora completamente: son menores en todo caso, pobres víctimas cuya voz alienada es sólo el eco del patriarcado. 

Por supuesto, jamás escucharán o leerán ustedes a ninguna o ninguno de esos libertadores pensarse o decirse de sí mismos como sujetos explotados que sufren indignidad y cuya actividad haya de ser «abolida». Ellos, y sobre todo ellas, son quienes, bajo la bandera abolicionista del feminismo fetén-no-bonita-el-tuyo-no, administran la eucaristía de lo atentatorio contra la humanidad, por mucho que las partes clamen que lo hacen de manera razonablemente consentida (quién esté libre de no tener algún condicionante que tire la primera piedra); lo que ellos consientan, en cambio, bien consentido estará. 

No alcanza mi memoria a recordar una época en la que haya podido convivir mayor apelación a los principios, la democracia y los derechos humanos con el más descarado desprecio por las voces disidentes y por la coherencia mínima; con el repudio obcecado a las constricciones en el uso de la razón práctica y sus consecuencias. Es este tiempo nuestro el de la promiscuidad de las excepciones puramente ad hoc con el único propósito de salvar los muebles ideológicos que otros imponen y poder presentarse así con la vitola del dizque «progreso».