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Los médicos piden que la baja menstrual se conceda con una declaración responsable

La fórmula se utilizó durante la pandemia por coronavirus. Los facultativos afirman que disminuir la burocratización aliviará el colapso de la Atención Primaria

Los médicos piden que la baja menstrual se conceda con una declaración responsable

Una mujer en una consulta médica | Ballesteros (EFE)

Las bajas por una regla incapacitante desencadenan un efecto dominó. Los médicos han aprovechado el anuncio del anteproyecto de ley del aborto para reabrir el debate de la desburocratización de la Atención Primaria. Solicitan al Gobierno que baste una declaración responsable para conceder la baja menstrual y evitar así que se colapsen las consultas. Los galenos ya pidieron esta fórmula hace años, ante los crecientes problemas del servicio básico de salud, pero sus demandas no fueron atendidas. Solo la pandemia por coronavirus, con una salud pública desbordada, hizo que algunas regiones aplicaran la medida para sortear la acumulación de pacientes en los centros sanitarios.

«No queremos que nos sobrecarguen con papeleo innecesario», afirma Carolina Pérez de la Campa, delegada de Prevención de Riesgos Laborales en la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts). En opinión de esta médico de familia «es fundamental que la burocracia salga de nuestras consultas» porque los profesionales están saturados. Cada uno debe atender una cartera de entre 1.500-2.000 personas y apenas puede dedicar tres minutos a cada paciente. «Aumentar la burocracia es restar tiempo de consulta, lo que repercute en la calidad asistencial».

Situación de la Atención Primaria

Pérez de la Campa reconoce que la Atención Primaria tiene un importante déficit de recursos humanos. El Foro de Atención Primaria incluso advierte de que el primer nivel podría desaparecer si continúa la situación actual. No solo son pocos, también existe una gran temporalidad laboral. Por eso en Madrid llevan nueve días de huelga. De los 12.000 facultativos que trabajan en los hospitales de la región, el 52% tiene contratos temporales, una cifra que se eleva al 85% en el caso de las Urgencias. La Consejería de Salud se reunirá este miércoles con los representantes sindicales para desconvocar los paros.

En la Atención Primaria las cifras no son mucho mejores. Se hacen contratos cortos, de apenas unos días. Pérez de la Campa recuerda que este primer eslabón es importante para ahorrar recursos a la asistencia hospitalaria. Por eso pide más tiempo de consulta y menos para rellenar documentos. «No solo lo hacemos por el bien de la profesión, también por el de los pacientes». La puesta en marcha de la declaración responsable implica que sean los propios beneficiarios los que se otorgan la baja. Algo que ya ocurre en algunos países de Europa para ciertas dolencias.

En el caso de las bajas por menstruación dolorosa, la dirigente de Amyts plantea que las mujeres que aquellas que las necesiten ya están diagnosticadas. «Las empresas y la población tienen que responsabilizarse», insiste Pérez de la Campa. Y deben hacerlo porque «la Atención Primaria está muriendo y sobrecargada con tareas que no son indispensables». La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFyC) cree haber encontrado la clave: que sean la empresa y la trabajadora quienes certifiquen su situación. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), en España hay 7,5 millones de trabajadoras entre 16 y 54 años, esto es, en edad fértil.

«La dismenorrea es solo uno de los motivos de enfermedades crónicas de presentación recurrente que sería adecuado regular de forma común para su abordaje. Son casos similares a migrañas, vértigos, diarreas y crisis dolorosas en enfermedades reumáticas», admiten en semFyC. En su opinión, la característica común es que el paciente conoce el diagnóstico y también el tratamiento, por lo que «no precisa una asistencia médica o clínica, solamente la justificación para la ausencia laboral, lo que contribuye a burocratizar las consultas de Atención Primaria».

Validar la ausencia

La organización recuerda que, en España, las empresas están obligadas a contratar un Servicio de Salud Laboral que tiene entre sus misiones la de velar por la capacidad de los trabajadores para el desempeño de su actividad profesional. «Para ello se sirven de reconocimientos periódicos en los que identifican las condiciones de salud de los empleados y sus factores de riesgo». La propuesta de semFyC es que, en los casos en los que la enfermedad estén identificados, sean los Servicios de Salud Laboral los que realicen la validación de la ausencia.

Las beneficiarias admiten que la nueva norma «no aporta nada» porque las bajas por dolores menstruales ya están contempladas en el Manual de tiempo óptimos de incapacidad laboral que edita el Instituto Nacional de Seguridad Social. Entre los supuestos que incluye están los quistes de ovario y útero, la endometriosis, los pólipos, los tumores, la dismenorrea o el sangrado excesivo. Ana Ferrer, secretaria en la Asociación de afectadas por endometriosis crónica (Adaec), afirma que el Gobierno no ha contado con su organización para redactar el anteproyecto y que en la forma en que lo ha hecho es «peligroso».

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Irene Montero tras el Consejo de Ministros de este martes. | Foto: A. Martínez Vélez (Europa Press)

«Han vendido que la menstruación es un proceso doloroso para todas las mujeres, cuando no lo es. La dismenorrea solo afecta al 20% de las mujeres, y por diferentes patologías», insiste Ferrer. Según datos de la Sociedad Española de Ginecología, entre el 10 y el 15% de las mujeres en edad fértil, unos dos millones de españolas, sufren endometriosis. Es la dolencia más común. Una cuarta parte, casi medio millón, la padece de forma grave. «Este tema se ha utilizado muchas veces para discriminarnos, pero solo es incapacitante porque en la mayoría de los casos duele como un dolor de cabeza. Para eso, te tomas una pastilla y vas a trabajar».

Ferrer afirma que el único cambio que aporta el anteproyecto aprobado este martes en el Consejo de Ministros es que las bajas las paga el Estado desde el minuto uno. Sin embargo, recrimina al Gobierno que puede suponer problemas a la hora de trabajar porque muchos empresarios no van a estar dispuestos a que una empleada pierda varios días al mes. La secretaria de Adaec reclama que sean las mujeres con fuertes dolores menstruales sean incluidas en el Real Decreto de reconocimiento, declaración y calificación del grado de calificación, que data de 2009.

«Una ley revolucionaria»

«Si se admite el criterio de discapacidad no tendremos que ir a trabajar esos días en los que no estamos en el mapa», explica Ferrer. En su opinión, con esta alternativa ganan todos, porque ellas no tendrían que ir a su puesto de empleo y los empresarios se ahorrarían algunos impuestos. E insiste: «Podía ser una ley que revolucionara el planeta y nos ha enfadado a todas. Flaco favor se nos ha hecho».

Alfonso López, médico de familia, sostiene que hay mujeres que pierden dinero porque tienen que pedir días: «Los dolores en algunos casos son tremendos». El galeno sostiene que la regla tiene lugar todos los meses y que eso puede suponer un problema para ciertos empresarios. En su opinión, la ley que prepara el Gobierno «puede abrir la puerta a la picaresca». Admite que las bajas por dolores ya estaban contempladas y, que, en cualquier caso, el profesional no cuenta con formas de demostrar si una persona miente.

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