Andalucía aprovecha el veto a Madrid para pujar por la Agencia de Salud Pública

Andalucía quiere quedarse con la Agencia Estatal de Salud Pública. El presidente regional, Juan Manuel Moreno, aprovecha el veto a la Comunidad de Madrid para pujar por su sede. El Gobierno de Pedro Sánchez va a poner en marcha un plan de deslocalización para llevar organismos estatales a diferentes puntos del país. Muchos de ellos son de nueva creación, como este centro que aprobó el martes el Consejo de Ministros, aunque sin desvelar su ubicación. Madrid está descartada pese a las quejas de sus dirigentes. Varias regiones han mostrado interés en albergarlo, aunque Valencia parte como favorita.

Moreno ya reveló sus intenciones a Sánchez en el encuentro que mantuvieron el 28 de julio en La Moncloa. Entonces, el centro solo era una entelequia. El movimiento convertía al presidente de Andalucía en un adversario para su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso, que había solicitado el ente para Granada. El Ejecutivo descartó pronto esa posibilidad. La decisión levantó ampollas entre los dirigentes madrileños. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tildó de «error estratégico» llevarse el centro fuera de Madrid, «donde se realiza la máxima actividad y rentabilidad».

El equipo de Ayuso rechaza cualquier enfrentamiento con Moreno. Reconoce que el presidente andaluz está en su legítimo derecho de solicitar la sede de la agencia y centra sus críticas en la decisión del Gobierno Central. Le acusan de excluirles «arbitrariamente» por «cuestiones meramente políticas, para castigar a Madrid». El Ejecutivo rechaza esa acusación y explica que la intención es llevar la agencia a otra localización para «cohesionar el territorio nacional». Eso sí, descarta sacar de la capital las instituciones centrales del Estado.

La propuesta de Andalucía

El plan de descentralización hizo que Ayuso alzara la voz a finales del año pasado. La presidenta madrileña calificó el proyecto como «un ataque frontal contra Madrid» y aseguró que haría todo lo que estuviese en su mano para impedirlo. Llegó a acusar a Sánchez de generar «agravios» contra la región para «buscar votos» en otros territorios. Una polémica por la que pasaron de puntillas otros dirigentes regionales del PP, confiados en que el plan del Ejecutivo podría beneficiarles con alguna pedrea. Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de Galicia, acogió el proyecto «siempre que fuese razonable».

Los dirigentes andaluces no tienen dudas de que Granada es la mejor opción para albergar la sede de la futura agencia. La ciudad acoge desde 1985 la Escuela Andaluza de Salud Pública, una empresa pública adscrita a la Consejería de Salud que se ha convertido en un referente mundial de la investigación. Además, cuenta con un Parque Tecnológico de la Salud, varios centros hospitalarios y una de las universidades más prestigiosas del país.

El Gobierno regional ya anunció sus intenciones a Sánchez. Ahora espera presentar la candidatura de manera formal. Una portavoz del Ministerio de Política Territorial explica que tras la creación de la agencia se abre un proceso de concurrencia pública. Debe constituirse una comisión consultiva que tendrá que emitir un informe técnico sobre la mejor ubicación posible, aunque la última palabra la tendrá el Ejecutivo.

«La capacidad de Granada es objectiva», defiende Isaac Túnez, secretario de Salud Pública de Andalucía. En su opinión, la Escuela Andaluza de Salud Pública cuenta con una importante base y «la experiencia, la solvencia y el recorrido internacional» necesario, lo que le hace «estar por encima» del resto de organismos regionales. Defiende que el centro andaluz tiene «una larguísima trayectoria» y colabora frecuentemente con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si finalmente el Gobierno se decide por Granada, considera que «consolidaría un referente».

La elección significaría la llegada de recursos económicos y personales. La Junta de Andalucía no ha realizado por el momento ningún informe sobre la incidencia que tendría la designación. La nueva agencia fue dotada con 9,45 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Una cifra notablemente menor a la cuantía de la dispone este año la Escuela Andaluza de Salud Pública, que alcanza los 11,6 millones de euros. En sus instalaciones trabajan 166 personas, una cifra que podría doblarse si finalmente el nuevo centro se ubica en Andalucía.

Favoritos para la sede

Las opciones de la capital nazarí son remotas, admiten diferentes expertos consultados por THE OBJECTIVE. Son varias las regiones que se han postulado para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública: Asturias, Extremadura, Aragón y Valencia. Esta última parece haber tomado la delantera. Fuentes solventes informan de que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ya habría visitado algunas instalaciones en esta comunidad autónoma.

El secretario de Salud Pública en Andalucía, Isaac Túnez, confía en que la decisión del Gobierno se tome de manera técnica y objetiva, aunque «no dudo de que la política sea una variable a jugar». En su opinión, el centro tiene «buenas perspectivas de futuro» porque ayudará a coordinar las decisiones políticas en la salud pública. «Es una idea proyecta en 2011, aunque se pone en valor con la pandemia».

Sánchez anunció la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública a mediados de julio, durante el Debate sobre el estado de la Nación. La intención era «mejorar la gestión de las emergencias sanitarias» para no olvidar «las lecciones de la pandemia». El presidente afirmó que el proceso comenzaría ese mismo mes, aunque se ha demorado hasta finales de agosto. El centro corregirá un déficit que tenía nuestro país desde 2011, cuando entró en vigor la ley que contemplaba su creación.

Las características del ente, como su estructura y número de empleados, tendrán que definirse en un estatuto que se tramitará por la vía de urgencia. El Gobierno no ha decidido aún en su ubicación, para la que abrirá un ámbito de concurrencia competitiva, pero explica que tendrá en cuenta la posibilidad de generar empleo y cohesionar el territorio. Un escenario que descarta a Madrid, como solicitaban diferentes sociedades científicas. Lo que sí se conoce es el estatus jurídico: será una agencia, dependerá del Ministerio de Sanidad y tendrá personalidad jurídica propia.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, resaltó tras su creación que se trataba de un centro «muy esperado y demandado», como se evidenció durante la crisis de la covid-19 para «dar la respuesta necesaria ante desafíos presentes y futuros en materia de salud pública». El objetivo con esta agencia es «estar mejor preparados y más protegidos» ante una futura pandemia. Su función será coordinar futuras respuestas. Para eso aglutinará organismos que ya trabajan en la salud pública, como la Escuela Andaluza de Salud Pública, el Instituto de Salud Carlos III o los centros universitarios.