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El Govern pide a Sánchez «concretar» medidas de «desjudicialización» antes de acabar el año

El Ejecutivo catalán quiere avanzar en la reforma del delito de sedición y en futuros indultos a Marta Rovira o incluso al rapero Valtonyc

El Govern pide a Sánchez «concretar» medidas de «desjudicialización» antes de acabar el año

El Departamento de Presidencia de la Generalitat quiere poner en valor la mesa de diálogo con el Gobierno central, pero necesita que lleguen propuestas «concretas» antes de las elecciones municipales de mayo de 2023. En plena pugna entre ERC y Junts per Catalunya para ser la fuerza hegemónica dentro del espacio nacionalista, la parte republicana en el Ejecutivo necesita que el deshielo institucional dé sus frutos cuanto antes (más allá de los indultos). Y han emplazado a Moncloa a «tener sobre la mesa propuestas de desjudicialización antes de que finalice el año», explican las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE.

En el último encuentro entre ambos ejecutivos se llegó al compromiso de «desjudicializar» el conflicto territorial y garantizar la protección del catalán. El Govern, no obstante, teme que quede en papel mojado. Desde el propio movimiento independentista se acusa a ERC de haber negociado solo los indultos de los dirigentes del procés condenados por el Tribunal Supremo y dejar a la intemperie «a los miles de represaliados» de base que siguen teniendo causas abiertas en los juzgados catalanes por hechos vinculados al plan rupturista promovido por el Govern. También creen que no es de recibo que la Generalitat como institución ejerza de acusación en los juzgados contra algunos de estos activistas independentistas.

Indultos y delito de sedición

El Ejecutivo de Pere Aragonès suma fuerzas con En Comú Podem para tratar de resolver la situación de los dirigentes y activistas, como Marta Rovira o el rapero Valtonyc, que se escaparon de la justicia española. Lamentan que el PSOE está preocupado por los sondeos que dan a Alberto Núñez Feijóo como ganador de las elecciones y, a su juicio, esto les impide «ser más ambiciosos». Por ejemplo, con la reforma del delito de sedición, que sigue sin abordarse. O la derogación de la conocida como ‘Ley mordaza’, que el nacionalismo catalán tachó en su momento de representar una «regresión de los derechos civiles».

A este respecto, el líder catalán de los morados en el Congreso, Jaume Asens, que en todos los aspectos de cariz legal está coordinado con el nacionalismo, afirmó en una reciente entrevista en Rac1 que Carmen Calvo les pidió paciencia para buscar el momento más adecuado para llevar la reforma al Congreso. Según Asens, Calvo y Sánchez planificaban hacerlo inmediatamente después de cerrar el pacto sobre el CGPJ con Pablo Casado. Pero el nombramiento de Alberto Núñez Feijóo y el auge que está teniendo en las encuestas han frenado ese plan.

Podemos defiende que de llegar a la Cámara Baja existiría una mayoría suficiente para aprobar dicha modificación. Sostiene que es fundamental para «legitimar» los indultos a los líderes independentistas. Y desde el Govern quieren llegar más lejos, para que atajar la crisis de «traidores» a las puertas de una nueva cita electoral.

«Encontrar salidas»

La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, admitió el pasado miércoles que era «evidente» que un «proceso de negociación no es fácil», después de que el presidente Sánchez pidiera «paciencia» a los catalanes en una entrevista en el rotativo norteamericano Politico. Vilagrà pidió «encontrar salidas» y añadió que «el calendario es muy claro, de aquí a finales de año hemos de tener propuestas concretas de desjudicialización».

En paralelo a la carpeta a la que llaman «represión del Estado», la «desjudicialización» se centra también en buscar la manera de blindar el modelo de inmersión en catalán de las escuelas públicas catalanas. Hasta la fecha, el Gobierno se ha puesto de perfil para no molestar a sus socios. Ni pidió la ejecución forzosa de la sentencia -pese a ser parte legitimada en el proceso judicial- ni impugnó el nuevo decreto catalán que pretendía dejar sin vigencia dicha sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para aplicar el 25% de horas lectivas en castellano.

En este conflicto ya se expresó el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, durante el acto de apertura del año judicial en Cataluña cuando denunció que «nadie puede estar por encima de la ley ni pretender eludir las consecuencias de su vulneración».

Desde ERC saben que el Gobierno no puede llegar a todos los frentes, pero le piden que en la medida de lo que sea posible haga pasos adelante. Y que los haga antes de finalizar el año.

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