El organismo del Gobierno contra los discursos de odio no aclara qué contenidos pide retirar

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y creado ex profeso en esta legislatura para monitorizar en redes sociales los «discursos de odio», se niega a detallar qué contenidos retira y qué metodología emplea para este fin. La solicitud de información de THE OBJECTIVE al departamento de José Luis Escrivá con respecto a este punto, realizada a través del Portal de Transparencia, ha sido denegada arguyendo que responde a la definición de información pública.

Este medio había requerido al Gobierno de España algunos datos que conciernen al citado organismo. Concretamente, solicitó conocer «ejemplos de contenidos retirados en cada plataforma por discurso de odio», así como quién otorga el estatus de trusted flagger («informador de confianza»), qué palabras concretas busca OBERAXE para su actuación, y si en plataformas como Youtube, TikTok o Instagram «buscan comentarios de los usuarios o solo los vídeos».

La solicitud, sin embargo, ha sido denegada cuatro meses después porque haría relación a información que «ya existe, por cuanto está en posesión del órgano que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas».

Una aseveración falsa, ya que esta información no está incluida los boletines de monitorización del discurso que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica cada dos meses. En el último, se detalla que en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre OBERAXE notificó 674 contenidos de discurso de odio, de los cuales las plataformas retiraron 227 (el 33%). Entre este tipo de contenidos predominaron los que «incitan al racismo y la xenofobia contra personas originarias del norte de África y el colectivo inmigrante en general». Pero no se ofrecen ejemplos concretos y tampoco se especifica cómo se encuentran y notifican posteriormente este tipo de contenidos, que es lo que había reclamado este medio.

Dicho informe, no obstante, sí hace hincapié en que ha «resurgido la hostilidad hacia las personas originarias del norte de África (34%) con un aumento en 6 puntos porcentuales respecto al bimestre anterior (28%)». También habría aumentado el racismo contra personas de origen latinoamericano (11%), pero disminuido el discurso contra los menores extranjeros no acompañados (7%) y los gitanos (2%). El boletín no hace referencia a discursos de odio por motivo ideológico o por orientación sexual, pese a que son dos de los tres más comunes en España, según datos del Ministerio del Interior.

El informe también hace alusión a cómo la vía trusted flagger («comunicador fiable») fue empleada este bimestre en 544 ocasiones, y explica que esta figura consiste en «aquella persona física o jurídica que un prestador de servicios de alojamiento de datos considere que posee competencias y responsabilidades particulares a efectos de la lucha contra los contenidos ilícitos en línea». Esta es elegida, según explica la resolución, conforme a las «particulares políticas» de cada prestador de servicios. Ergo, tampoco dan más información sobre su proceso de selección.

El discurso de odio

Desde el Ministerio de José Luis Escrivá explican que la metodología sobre la monitorización del discurso de odio realizado por OBERAXE se basa en la empleada por la Comisión Europea para la evaluación del Código de Conducta para la Lucha contra la incitación Ilegal al Odio en Internet. Esta contiene recomendaciones genéricas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea, estableciendo que «las decisiones adoptadas por los prestadores de servicios de alojamiento de retirar o bloquear el acceso a los contenidos que almacenan deben tener debidamente en cuenta los derechos fundamentales y los intereses legítimos de sus usuarios, así como el papel central que los prestadores suelen desempeñar para facilitar el debate público y la distribución y la recepción de hechos, opiniones e ideas de conformidad con la ley».

La Recomendación 2018/344 de la Comisión Europea también establece que «los contenidos objeto de la notificación deberán ser identificados con precisión, de ser posible técnicamente, a través de un localizador de recursos uniforme o URL». Por tanto, no debería ser difícil a OBERAXE la fácil identificación y difusión de estos comentarios si le son requeridos.

El organismo fue creado en mayo de 2020 y, según explica en su página web, sus funciones consisten en recoger información sobre «proyectos, encuestas, recursos, informes y estudios, promovidos por la Secretaría de Estado de Migraciones y por otros departamentos ministeriales, entidades e instituciones». Realiza esta labor con la finalidad de servir como «plataforma de conocimiento, análisis e impulso del trabajo para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia, así como los incidentes y delitos de odio». Todo ello «a través de la colaboración con las administraciones públicas y la sociedad civil de ámbito nacional, de la Unión Europea e internacional».

Falta de transparencia

No debe sorprender la opacidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre este asunto si se tiene en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez es el más opaco desde que existen datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTGB), en 2015, y que en 2022 ha batido todos los récords. Los datos cribados este mes de diciembre por THE OBJECTIVE indican que entre enero y septiembre los ministerios españoles han denegado 433 solicitudes de información ciudadana, la cifra más alta desde que se tienen registros y por encima de las 419 resoluciones rechazadas para todo el año 2021, el anterior récord establecido por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos. 

Si los datos se desgranan por ministerios, en lo que va de 2022 el récord de rechazos lo tiene Interior con 88 expedientes, seguido de Igualdad con 68. De hecho, las carteras de Fernando Grande-Marlaska e Irene Montero se llevan el 38% de las solicitudes denegadas. Les siguen Transportes con 56, Hacienda con 38 y Asuntos Exteriores con 26 casos, Sanidad, Asuntos Económicos y Presidencia con 21 solicitudes rechazadas, Defensa con 26, Industria con 12 y Trabajo con 11. El departamento que dirige José Luis Escrivá era hasta el momento uno de los más transparentes, con tan sólo seis solicitudes rechazadas.