El Gobierno promete al PP que sus socios no forzarán un referéndum constitucional
El ministro Bolaños garantiza a Gamarra que la reforma constitucional se limitará al artículo 49 de la Carta Magna
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y la portavoz del PP, Cuca Gamarra. | Jesús Hellín (Europa Press)
El Gobierno ha decidido iniciar prematuramente la campaña electoral, distanciándose de sus socios y con un acercamiento táctico al PP. La reforma constitucional que este miércoles pactó el Ejecutivo con la oposición para reformar el artículo 49 de la Constitución y sustituir el término «disminuído» de la Carta Magna por el de «personas con discapacidad» tenía un riesgo: que los grupos de la oposición solicitaran la aplicación del artículo 167 de la Constitución Española. Dicho artículo establece la mayoría de tres quintos para la aprobación de una reforma constitucional pero también habilita la convocatoria de un referéndum de ratificación de la misma «si así lo solicitaran una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras». Es decir, se podría convocar una consulta nacional si lo reclamaran un total de 35 parlamentarios del Congreso o el Senado.
Según las fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE, las reticencias del PP llevaron a exigir que el Gobierno ofreciera «por escrito las garantías necesarias de que Podemos no suscribiría esa consulta», algo que, por descontado, aprovecharían las fuerzas nacionalistas. Éste es un apoyo crucial, porque sin Podemos no se darían los números necesarios para cubrir ese 10% de la cámara o 35 diputados. Sobre esto versó la reunión celebrada este miércoles por la mañana en el Congreso entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra.
La promesa de Bolaños a Gamarra
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, Bolaños se comprometió con Gamarra a que esta reforma constitucional se limite «en exclusiva» al artículo 49 de la Constitución española y no se abra el melón de las exigencias independentistas y nacionalistas. De hecho, en su comparecencia posterior ante los medios, Bolaños señaló: «El Gobierno y el PP compartimos la necesidad de centrar la reforma en el artículo 49». Asimismo, le garantizó al PP que Podemos no suscribirá la celebración de un referéndum, en el caso de que así se solicite. Los populares son conscientes de la ‘jugada’ de La Moncloa: utilizar esta reforma constitucional para blanquearse tras la erosión de Pedro Sánchez por la ley del solo sí es sí, la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación.
Esta es una operación de búsqueda de la centralidad ideada por Moncloa para iniciar la campaña electoral y que podría aprobarse vía exprés en el inicio de periodo de sesiones, en el mes de febrero. El calendario previsto por fuentes parlamentarias es que se apruebe la iniciativa durante la primera semana de febrero en la reunión de la ponencia y la posterior reunión de la comisión constitucional del Congreso, presidida por el ex portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez. Una vez lograda la luz verde en la comisión, se elevaría al pleno, lo cual podría producirse a finales de mes, por la vía de urgencia que, en este caso, respaldarían los grupos mayoritarios
El voto de Podemos
La duda es qué votaría Podemos sobre una iniciativa ‘social’ que persigue recoger las demandas planteadas por el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), con el que se reunió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el mes de julio y el ministro Bolaños hace unos días. Los morados apoyan esta modificación, pero piden una cuestión más que consideran «de mínimos»: la incorporación del derecho civil valenciano en la reforma constitucional, atendiendo a las peticiones que plantea la Asociación de Juristas Valencianos. Una demanda atendida por Podemos y Compromís tras la reunión que tuvieron con representantes de esta asociación a principios del mes de enero.
El pasado mes de septiembre, Podemos ya presentó una Proposición No de Ley (PNL) en la comisión constitucional del Congreso para facilitar la tramitación conjunta y exclusiva de ambas reformas, ante el amplio consenso de la sociedad civil valenciana a incorporar esta demanda en la Carta Magna. Según fuentes parlamentarias moradas, se trata de una reivindicación histórica que afecta a «todos los aspectos de la vida ordinaria del derecho valenciano» y que apoyan mayoritariamente todos los partidos de la Comunidad Valenciana por ser el ultimo de los derechos civiles autonómicos pendiente de ser incorporado.
En ese momento, el Ejecutivo alegó «como excusa» que el presidente del CERMI, Luis Cayo, había solicitado que la reforma constitucional se limitara exclusivamente al articulo 49. Pero las fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE desmienten este extremo. Desde la Asociación de Juristas Valencianos desmintieron esa petición, tal y como les trasladó el propio presidente del CERMI por carta. «Era una coartada», explican las fuentes consultadas.
Por este motivo, Podemos y Compromís redoblarán la presión este mes de febrero para que la comisión constitucional incluya esta reclamación valenciana, que ha llevado al presidente de la Asociación, José Ramón Chirivella, a solicitar al PSOE que cumpla los compromisos del Pacto del Botánico suscritos por el presidente valenciano, Ximo Puig. Se trata de una forma de poner contra las cuerdas al PSOE a las puertas de la precampaña de las municipales y autonómicas de mayo.
