Por qué hoy no es posible hacer un 15-M en la calle Ferraz

La negociación de la ley de amnistía entre PSOE y Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez este jueves ha desencadenado en las últimas semanas múltiples protestas en todo el país. Algunas, más populares, como las que convocó el PP en todas las plazas y ayuntamientos hace una semana o las que cada noche se suceden en las inmediaciones de la sede socialista; y otras, menos conocidas, como la que se gestó frente al Congreso de los Diputados el pasado 12 de noviembre, cuando un grupo de personas decidió acampar tras participar en una marcha pacífica convocada por Junta Democrática de España. 

Esta iniciativa, en que la citada organización pidió «detener la arbitrariedad jurídica actual» y «un referéndum nacional vinculante para cambiar el sistema electoral a uno de elección directa uninominal», congregó al menos a veinte tiendas de campaña. Una acampada que, sin embargo, apenas duró unas horas. Si este grupo de personas organizaba su campamento en la noche del sábado, horas después la Policía Nacional ya la había despejado completamente. Una disolución que despertó las criticas de algunos ciudadanos, después de que, según denunciaron, se permitiese años atrás a miles de personas acampar durante meses en la Puerta de Sol, en lo que se conoció como «Movimiento 15-M». 

La realidad, sin embargo, es que con la legislación actual las acampanadas multitudinarias que se produjeron en 2011 como protesta al contexto económico y político tampoco estarían permitidas. Tanto es así que si se diese el caso de que ciudadanos decidieran ahora acampar en Ferraz o ante cualquier otro edificio para manifestarse contra la ley de amnistía, el desenlace sería el mismo: el desalojo y probablemente una sanción administrativa.

Lo que dice la ‘ley mordaza’

La Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘ley mordaza’, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y que, sin éxito, intentaron derogar el PSOE y sus socios en la pasada legislatura, puso coto a este tipo de iniciativas, según advierten las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. Si bien es cierto que los ‘populares’ no introdujeron la palabra «acampar» en la norma, cuando sí aparecía en el anteproyecto de la ley, el articulado deja clara su prohibición en lugares públicos, y aún más si se produce frente a cualquier cámara legislativa, siempre y cuando no se precise con una autorización para ello.

La ‘ley mordaza’ establece, en su apartado 36.3, como infracción grave «la perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas (…)». Del mismo modo, en el punto 36.2, «causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana», también esta catalogada como falta grave, con sanciones que pueden acarrear multas desde 30.001 a 600.000 euros.

Si estas protestas o reuniones, por contra, se producen frente a una cámara legislativa «cuando está reunida» y «altera su normal funcionamiento», los sujetos responsables podrían «incurrir en la pena de prisión de seis meses a un año o a una multa de doce a veinticuatro meses», según recoge el artículo 494 del Código Penal. 

En el caso de que no se produzcan altercados, las concentraciones en la calle suponen «una infracción leve» siempre y cuando no han sido comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por parte de los organizaciones, y al menos con una antelación de diez días naturales. En estos casos, las fuerzas de seguridad pueden disolver la protesta y sancionar a quienes la hayan convocado con multas menores, que van desde los 100 a los 600 euros. 

Críticas a la actuación policial

En las últimas semanas, las actuaciones policiales en Ferraz han suscitado críticas por parte de ciudadanos y algunas formaciones políticas como Vox. Desde la formación de extrema derecha consideran que las cargas contra algunos ciudadanos que se han manifestado contra la ley de amnistía en la sede socialista «han sido desproporcionadas». Tanto es así que en la noche del jueves, el diputado Javier Ortega Smith llevó una cámara para grabar todas las intervenciones de los agentes de la UIP, e incluso les advirtió de que fiscalizaría todo su trabajo.

Una situación que ha causado indignación entre la mayoría de sindicatos policiales, entre ellos, el Sindicato Unificado de Policía (SUP). En una carta, el sindicato mayoritario ha mostrado su sorpresa con el partido liderado por Santiago Abascal. «Queremos trasladar el asombro, la queja y la decepción de decenas de compañeros que se ven ahora sorprendidos, no solo por el abandono de su partido, sino por las terribles insinuaciones y en algunos casos acusaciones directas de miembros de su organización contra los servidores públicos». 

«La Policía Nacional es la policía de todos los españoles, los compañeros que en la calle se encuentran prestando servicio desde hace dos semanas, no se pliegan ante los intereses de nadie que no sean la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico», han advertido a Vox desde el sindicato.