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El Gobierno de Canarias cifra en 177 millones los costes del incendio de verano en Tenerife

Resultaron dañadas 5.593 parcelas rústicas, casi la mitad en Candelaria, y solo tres urbanas en el municipio de Arafo

El Gobierno de Canarias cifra en 177 millones los costes del incendio de verano en Tenerife

Monte de la Esperanza afectado por el incendio forestal | Cabildo de Tenerife (Europa Press)

El Gobierno de Canarias ha hecho público este lunes un informe en el que estima en 177 millones de euros los daños económicos ocasionados por el incendio forestal del pasado verano en Tenerife que afectó a casi 14.000 hectáreas de superficie de un total de 12 municipios, siendo los más perjudicados La Orotava (34,9%), Candelaria (12,9%) y Arafo (12,3%).

El documento, presentado ante los medios de comunicación por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el vicepresidente, Manuel Domínguez, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, detalla también que el 71,7% del suelo afectado era rústico de protección paisajística, el 25,5% de protección natural, el 1,8% de protección de infraestructuras y equipamientos y el 1% de protección agrícola.

En total resultaron dañadas 5.593 parcelas rústicas, casi la mitad en Candelaria, y solo tres urbanas en el municipio de Arafo. Los costes en restauración ambiental se estiman en 39,7 millones por parte del Cabildo de Tenerife, con otros 26,5 millones en infraestructuras públicas y otros 14,1 millones en explotaciones agrícolas.

El informe también hace referencia al turismo y recoge que unos costes aproximados de 12,3 millones de euros por la pérdida de unos 11.500 turistas y unas 4.900 habitaciones canceladas –el 9,4% del total del mes–, si bien la afección quedó reducida a la segunda quincena del mes de agosto.

Asimismo se establece que en torno a un 2,2% de turistas no viajaron a la isla por el incendio y que muchos turistas solicitaron cambiar sus alojamientos en el norte de la isla por otros en el sur. En explotaciones ganaderas y apícolas el coste de daños se estima en 11,8 millones y en área recreativas otros 11 millones, entre los que se incluye la no utilización del Teleférico del Teide.

El Ejecutivo también ha calculado los costes de los servicios de extinción, que estima en unos 10,2 millones, a razón de 726,9 euros por hectárea, subrayando que según datos de Grafcan, aproximadamente el 18% de la superficie perimetrada era desaborlada.

En cuanto a las viviendas se fijan los daños en 5,5 millones, la evacuación, incluida la de los animales, en 5,4 millones, el suministro extraordinario de agua otros 4,7 millones y el de luz, hasta 1,8 millones. En general el informe fija en 146,3 millones la estimación de costes a corto plazo pero también fija otros a largo plazo por importe de 30,7 millones.

Ahí se incluyen 10,3 millones por capacidad de fijación de CO2 perdida, que contribuye a amortiguar los efectos del cambio climático y la captación de agua por los acuíferos, pues desde el Gobierno se estima que se dejarán de recargar en los próximos diez años en 8,7 hectómetros cúbicos, lo que tiene un coste de 4,9 millones.

Lo mismo ocurre con la emisión de CO2 pues se estima que hasta el 28 de agosto se emitieron 180.000 toneladas al medios ambiente, con un coste de 15,5 millones si se aplica el gravamen de la UE de 84,8 euros por tonelada. El informe recoge también que el pino canario, especie más afectada por el incendio, vuelve a nacer a los cuatro o cinco meses pero la regeneración completa de un pinar tarda 10 años y depende especialmente de si la zona afectada fue calcinada mayoritariamente.

Por ello se estima un plazo de recuperación de un año para las zonas con hasta un 10% de superficie quemada, dos años con un 25%, cinco años para un 50% y diez años para las zonas con más de un 50% de afección.

Clavijo ha avanzado que el Gobierno remitirá este informe al Gobierno central para que lo incluya en la declaración de zona catastrófica y confía en captar fondos del Gobierno central en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que se sumarán a los que habiliten tanto el Gobierno canario como el Cabildo, para acelerar la regeneración de los montes de la isla.

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