La Policía acusa a 22 activistas ecologistas de conformar una estructura criminal
También se acusa a Futuro Vegetal de causar daños al patrimonio por valor de más de medio millón de euros
Varios agentes de la Policía Nacional. | Rober Solsona (Europa Press)
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 22 integrantes de la organización ecologista Futuro Vegetal por conformar una estructura criminal y causar daños al patrimonio por valor de más de medio millón de euros.
Los arrestos se realizaron de forma coordinada en las ciudades de Madrid, Barcelona, Cádiz, Murcia, Elda (Alicante), Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián. Entre los detenidos se encuentran sus tres máximos responsables, quienes coordinaban y dirigían el colectivo como una organización criminal. La investigación arrancó en enero de 2022, tras el lanzamiento de pintura por parte de varias personas contra la fachada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Madrid.
Desde entonces, miembros de este colectivo actuaron en otros puntos de España realizando, entre otros hechos delictivos, nuevos lanzamientos de pintura a edificios y obras artísticas en museos, cortes de circulación en carreteras o accediendo a pistas de diferentes aeropuertos.
El avance de las pesquisas policiales constató que esta organización estaba compuesta por un elevado número de integrantes, con un claro reparto de tareas, coordinados por líderes –conocidos como «dinamizadores»– quienes poseían roles directivos y recibían remuneraciones por sus responsabilidades.
Su actividad reiterada y sostenida en el tiempo consiguió, a su vez, establecer relaciones, a nivel internacional, con otros colectivos similares que ya fueron asociados en sus países de origen con organizaciones criminales. La investigación policial puso de manifiesto que esta organización recibió más de 140.000 euros en donativos, parte de los cuales fueron, presuntamente, recibidos por sus líderes por coordinar la actividad delictiva.
A este colectivo se le atribuyen 65 hechos cometidos por toda la geografía nacional e incluso en el extranjero, entre ellos el lanzamiento de pintura a las fachadas del Congreso de los Diputados y otros edificios, el corte de la circulación en carreteras de circunvalación de Madrid –con el consiguiente peligro para los usuarios–, daños a obras artísticas del Museo del Prado y otros bienes privados, y el acceso a las pistas de los aeropuertos de Ibiza y Madrid-Barajas, provocando el cierre temporal de las mismas.
El coste total de los daños causados se estima en más de 500.000 euros, sin cuantificar los desperfectos causados al patrimonio artístico. Por estos hechos, los 22 arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, daños, daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad vial y del tráfico aéreo, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos.
